Abundan proveedores incumplidos

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En febrero de este año, cuando el presidente Enrique Peña Nieto tomó protesta a Virgilio Andrade Martínez como nuevo secretario de la Función Pública y anunció que dicha dependencia investigaría el caso conocido como “la casa blanca”, también hizo públicas una serie de medidas para combatir la corrupción y evitar conflictos de interés entre empresas y el sector público. Una de esas acciones fue realizar una lista más completa y detallada de los proveedores sancionados por el Gobierno de la República.

Lo anterior es una buena noticia para los gobiernos locales, pues podrán disponer de una herramienta más completa para evitarse disgustos al contratar los servicios de proveedores incumplidos. En esta edición presentamos un reportaje que aborda los aspectos en los que los estados y municipios deben poner atención para evitar ser víctimas de fraudes por parte de las empresas.

Hoy día, la Secretaría de la Función Pública (SFP) cuenta con un directorio de proveedores y contratistas impedidos para realizar propuestas y firmar contratos con los gobiernos. Esta herramienta, que se actualiza constantemente, da cuenta de más de 1,100 proveedores y contratistas sancionados con multas e inhabilitaciones.

No es un asunto menor, pues aunque ningún gobierno es inmune a proveedores que no cumplen con sus obligaciones, los funcionarios necesitan tener plena confianza en las empresas privadas con las que firman contratos para la compra de productos o para la prestación de servicios para la operación eficaz de las administraciones, pero también en las compañías que construyen las obras de infraestructura precisas para satisfacer las necesidades de los ciudadanos.

Y no podría haber mejor prueba de confianza que una asociación público privada (APP). Estos esquemas de colaboración entre actores del sector público y empresas, facilitan la construcción y operación a largo plazo de obras que los gobiernos no podrían ejecutar con el presupuesto disponible en el corto plazo.

Una muestra de lo anterior es la edificación y mejoramiento de hospitales. Las APP’s no sólo son una solución viable para financiar proyectos, sino para brindar mayor calidad en la atención a los pacientes, ya que este tipo de esquemas permite reducir el tiempo de construcción de hospitales y administrar eficientemente servicios como abasto de medicamentos y equipo médico, eliminación de residuos, mantenimiento de las instalaciones y administración de archivos, entre otros.

Pero el buen cumplimiento de los proveedores no es lo único en lo que los estados y municipios deben poner atención para llevar a buen término las obras necesarias para impulsar su desarrollo. Los altos niveles de deuda subnacional han encendido las alarmas en el Gobierno Federal, por lo que recientemente, el Congreso de la Unión aprobó reformas que permiten vigilar más de cerca el comportamiento de la deuda de estados y municipios e implementar controles más estrictos.

Por ejemplo, los gobernadores y alcaldes deberán notificar sus obligaciones de pago en un registro público. Asimismo, los créditos que contraten no se podrán destinar a cubrir el gasto corriente. Los mandatarios locales estarán sujetos a procesos judiciales en caso de que se detecten malos manejos de la deuda.

Este mes inician las campañas electorales de cara a los comicios de junio. A partir del 5 de abril y hasta el 4 de junio, los candidatos a gobernadores, alcaldes y diputados locales y federales tienen tres meses para comunicar sus propuestas y convencer al electorado de votar por ellos.

Durante este periodo, los tres órdenes de gobierno deben sujetarse a reglas específicas para limitar la difusión de propaganda en los medios de comunicación. Sin embargo, expertos en temas electorales aseguran que existe ambigüedad en la legislación, así como vacíos legales que propician la difusión mañosa de actividades públicas en favor de los partidos que compiten en las urnas. Y aunque formalmente las campañas inician en abril, hay candidatos que desde mucho antes han puesto en marcha sus estrategias; el primer paso para los que ocupan algún cargo de elección popular es renunciar a él de manera temporal o definitiva para participar en la elección y conquistar un nuevo puesto. Son los famosos candidatos “chapulines”. Sin embargo, dicha práctica no es bien vista por los ciudadanos. De acuerdo con los resultados de la encuesta elaborada por Testa Marketing, 3 de cada 4 personas consultadas considera que no se debería permitir a personas que ejercen cargos de elección, renunciar antes del término de su mandato para buscar otro puesto público. Esta edición se complementa con una entrevista al presidente municipal de Colima, Colima, Federico Rangel Lozano.

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