En medioambiente, desdén por las leyes

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Comienza julio, mes de elecciones para renovar diputaciones y algunas alcaldías en Baja California Sur, Coahuila, Guerrero, Hidalgo, Nayarit y Michoacán. En este contexto, también se espera que las reformas que faltan por aprobar, sean el viento que nos lleve a buen puerto y detonen el desarrollo que el país necesita.

Un ejemplo, son las leyes secundarias de la reforma energética, cuya discusión capturó la atención de la sociedad no sólo por sus repercusiones políticas y económicas, sino también por el impacto ecológico que la nueva dinámica en el sector podría ocasionar.

La protección al medioambiente es uno de los puntos débiles de los gobiernos federal y subnacionales. Por eso, en esta edición abordamos el tema de los delitos ambientales, en los cuales incurren actores públicos y privados. No pocas veces, dichos ilícitos quedan impunes debido al desconocimiento de las autoridades sobre la legislación en la materia.

Una de las acciones para frenar la depredación de los ecosistemas, es la aplicación de sanciones económicas que superan los 35 millones de pesos y obligan a los responsables a reparar el daño ocasionado, como se estipula en la Ley de Responsabilidad Ambiental, la cual, si no se aplica correctamente, quedará sólo en buenas intenciones. Y de esas, sobran.

A propósito de la Reforma Energética, en estas páginas encontrará los resultados de la encuesta de opinión elaborada por Testa Marketing, los cuales revelan que 95 por ciento de los mexicanos están mal informados sobre las modificaciones a las leyes que, hasta el cierre de esta edición, aún se debatían en el Congreso de la Unión.

Asimismo, en la sección Expediente Abierto presentamos un reportaje que da cuenta de la manera en que los municipios petroleros deben prepararse para aprovechar el boom de la inversión privada que l legará con la apertura de Petróleos Mexicanos (Pemex) a la participación de empresas transnacionales. La adecuación de infraestructura, la mejora regulatoria y la puesta en marcha de acciones para aminorar el impacto social y ambiental de la actividad industrial son puntos clave que los ayuntamientos deben teneren cuenta para abonar a sus economías.

Otra política que beneficiará al desarrollo de las comunidades, sobre todo en materia de conectividad, es el Programa Nacional de Infraestructura (PNI) 2014-2018. Dicho instrumento contempla una inversión de más de un billón de pesos para 223 proyectos de comunicaciones y transporte, que se destinarán principalmente a la construcción y adecuación de carreteras, libramientos y sistemas de transporte masivo. Las entidades más beneficiadas serán Veracruz y el Estado de México.

Pero para que estas obras sean completamente funcionales, es preciso diseñar un sistema eficaz de señalización. No es cosa menor, si se tiene en cuenta que una acción tan simple como colocar las señales en los lugares correctos no sólo contribuye a mejorar la movilidad, sino que también puede ayudar a salvar vidas. Este año, el Gobierno Federal invertirá 6 mil 601 millones de pesos en la elaboración de 160 mil letreros que se instalarán en carreteras, autopistas y pasos peatonales de todo el país.

Esta edición se complementa con una entrevista a la alcaldesa de Huimilpan, Querétaro, María García Pérez, quien da cuenta de las acciones de su administración para evitar que los habitantes emigren a Estados Unidos, en busca de mejores oportunidades.

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