Debate anticorrupción, en la arena local

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El autor es comisionado del INAI y coordinador de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Twitter: @joelsas

Durante junio y julio fuimos testigos del debate y aprobación del primer bloque de normas que regirán al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). La sociedad civil participó de forma directa en el proceso con los legisladores y advirtió a la opinión pública cuando los proyectos de ley se alejaban de las demandas ciudadanas.

Esto demuestra que la cultura política de nuestro país está cambiando y que los ciudadanos están dispuestos a desempeñar un papel activo en el combate a la corrupción, que debe ir más allá de la sola creación de normas. Ahora el debate sobre los marcos normativos para el combate a la corrupción se dará en los niveles estatal y municipal y, muy importante, el consenso en las normas debe convertirse en el consenso de las prácticas.

Sin embargo, hasta ahora poco se ha discutido sobre el papel de los alcaldes en la operación del SNA. ¿Qué puede hacer un alcalde para trabajar con poblaciones que demandan involucrarse en el combate a la corrupción en sus comunidades? Los 2,446 municipios del país serán parte de dicho sistema, como lo reconoció en mayo de 2015 la Conferencia Nacional de Municipios de México (Conamm), al respaldar la promulgación de la reforma constitucional que lo creó.

Las capacidades de cada municipio son distintas, pero todos deberán esforzarse por modernizar su hacienda, evitar el endeudamiento irresponsable, fomentar la participación ciudadana, practicar la transparencia y, en síntesis, hacer que las disposiciones normativas de los sistemas estatales anticorrupción se vuelvan prácticas cotidianas.

El gobierno abierto es una opción para que los alcaldes de México enfrenten estos retos de la mano de la población y el organismo garante de la transparencia local. Hoy los ejercicios locales en la materia se realizan en 23 estados, los cuales se han convertido en un movimiento que reúne a la población, a las autoridades y a los organismos garantes para colaborar y acordar acciones, así como compromisos concretos que se establecen en un plan de acción local.

Para redactar estos planes se combinan instrumentos de acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana; así que el gobierno abierto puede ser el espacio para que alcaldes y habitantes de cada municipio propongan acciones puntuales de combate a la corrupción.

No hablo de quimeras: hay planes de acción que ya incluyen compromisos para seguir la ruta del dinero. Por ejemplo, en Veracruz se decidió seguir el dinero para el desarrollo de la infraestructura de salud; en Durango, para abastecer agua potable; en Morelos, para becas educativas, y en Oaxaca, para dotar de útiles y uniformes escolares a sus niños. Se publicará la información necesaria y en formatos útiles para que pueda ser usada por los interesados en definir la ruta que deberían seguir los recursos, verificar si se cumple e identificar si hace falta información.

Es la oportunidad de incluir medidas para mejorar la transparencia presupuestaria municipal en colaboración con la población. De este modo, el dinero se vuelve realmente público; además, si al seguir la ruta la población o las autoridades identifican desvíos de recursos, compras infladas, es decir, un mal ejercicio, podrán denunciarlo ante el respectivo sistema estatal anticorrupción.

Para acompañar los cambios normativos en estados y municipios, los espacios para implementar gobierno abierto pueden convertirse en el lugar para intercambiar las mejores prácticas a los alcaldes del país.

Los municipios enfrentarán un desafío que podrá cambiar el futuro de México; sus resultados en el combate a la corrupción serán visibles en lo cotidiano. Lo que ustedes alcaldes hagan es crucial. El gobierno abierto puede ayudarles. ¿Se sumarán a este movimiento?

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