Controversias en campañas locales

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El autor es consejero electoral del INE. Twitter: @ArturoSanchezG; Facebook: Arturo Sánchez Gutiérrez (Figura Pública)

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Durante este mes de abril se desarrollarán las campañas electorales en 14 entidades, incluida la Ciudad de México, que elegirá a la Asamblea Constituyente. Llegar a estas fechas implicó un trabajo de organización electoral particularmente complejo, pues se aplica una nueva ley para esos estados y por primera vez el Instituto Nacional Electoral (INE) organiza elecciones locales sin que haya elecciones federales al mismo tiempo.

Antes de llegar a las campañas, los partidos han tenido que aplicar los lineamientos para la paridad de género que estableció el INE desde febrero de este año. Las reglas parecían simples, pero en su aplicación se generaron todo tipo de polémicas, especialmente con la llamada paridad horizontal y vertical en los municipios. Si una entidad tiene un número impar de municipios, los partidos deben postular la mitad hombres y la mitad mujeres, y el sobrante debe de ser una mujer. Normalmente esto no generaría problemas, salvo casos como el de Baja California en el que sólo existen cinco municipios y eso genera dificultades internas en los partidos para decidir a sus abanderados.

Por otro lado, la paridad vertical en los municipios implicaba que para integrar los ayuntamientos, el número total de aspirantes, entre regidores y síndicos, también debía de guardar la regla de la paridad, y que los candidatos se alternaran mujer-hombre hasta completar la cuota. Una vez más en algunos estados esto implicó que los tribunales intervinieran para decidir el camino que debía seguir cada una de las autoridades locales, Organismo Público Local Electoral (Ople), en la aplicación de los lineamientos del INE.

Para el tema de los candidatos independientes, cada ley local establece requisitos y procedimientos particulares para definir quiénes tienen acceso a este tipo de candidaturas. En algunas entidades participan aspirantes independientes para todos los puestos que se eligen (gobernador, diputados locales o presidentes municipales). En el caso de Tamaulipas, por ejemplo, mostraron un activismo que incluso los llevó a tomar las instalaciones del Ople e impidieron que se desarrollaran las actividades de su Consejo General por cinco días. En otras entidades, como la Ciudad de México, algunos aspirantes a las candidaturas independientes rechazaron la obligación de presentar la constancia de haber formado una asociación civil que, como establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, será la responsable de administrar los recursos que se utilicen en las campañas.

Por todo lo anterior, ya se presentaron quejas que han tenido que resolver los Ople o el INE, cuando se trata de temas relacionados con el uso de los medios de comunicación. Seguramente este mes seguirán presentándose acusaciones mutuas con las que los partidos tratarán de desacreditar a sus contrincantes. Con todo, este tipo de procedimientos parecen ser parte de la normalidad democrática en México, pues cada queja se presenta con la esperanza de que su impacto mediático reduzca votos a los contrincantes o que el partido opositor incurra en el rebase de los topes de los gastos permitidos, con la expectativa de que su eventual triunfo sea anulado por la autoridad electoral.

Los retos para el INE son fortalecer su capacidad para realizar una sólida fiscalización de los recursos que utilizarán los candidatos. También se ha provisto un sistema de cómputo, tal como lo demanda la ley, para que se registre cada ingreso y cada gasto de cada campaña. Ello deberá agilizar el análisis de los recursos empleados para estar en tiempo de dictaminar cualquier irregularidad antes de que los candidatos ganadores tomen posesión de sus puestos.

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