Los primeros retos electorales de 2016

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El autor es consejero electoral del INE. Twitter: @ArturoSanchezG; Facebook: Arturo Sánchez Gutiérrez (Figura Pública)

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Al terminar 2015 y comenzar 2016, los tribunales electorales confirmaron la anulación de dos elecciones más, correspondientes a presidentes municipales y ayuntamientos de Centro, Tabasco y Chiautla, Estado de México. De inmediato, el INE y los órganos públicos locales en materia electoral de ambos estados iniciaron los preparativos de las nuevas elecciones que se prevé tengan lugar el 13 de marzo próximo. Estos dos comicios extraordinarios se suman a los realizados en noviembre y diciembre del año pasado y enero de 2016 (Tixtla, Guerrero; Sahuayo y Distrito Local 12 de Michoacán; Distrito Federal 01 de Aguascalientes; Tapilula, Chiapas; Huimilpan, Querétaro; y la elección de gobernador en Colima).

Son diversas las razones por las que los tribunales decidieron anular esas elecciones, y a pesar de la gran cantidad de puestos que se eligieron el 7 de junio de 2015, se trata de un número muy alto de nulidades que no debieran ocurrir en elecciones futuras. Más allá de las prerrogativas que reciben los partidos para cada campaña, la realidad es que en México organizar una elección lleva aparejado gastos importantes que van desde los costos de organización y capacitación, hasta la impresión de las boletas. Cuando una elección debe de repetirse, las autoridades vuelven a incurrir en costos electorales y los partidos vuelven a realizar gastos de campaña. En el caso del Instituto Nacional Electoral (INE) y su antecesor, el IFE, desde 2003 no se anulaba una elección. Ahora, con las nuevas atribuciones, el INE debe participar en todas los comicios, locales o federales, ordinarias o extraordinarias.

Pero independientemente del costo, la nulidad de una elección rompe la continuidad del proceso de elección de los gobernantes que definen a toda democracia. Al menos por algunas semanas o meses, la población de las localidades en las que la elección fue anulada, dejan de tener autoridades directamente electas por el pueblo. Eso no le conviene a nadie.

Por lo anterior, y ante el escenario de 2016, el INE y las autoridades electorales locales de los 13 estados que tendrán elecciones el próximo 5 de junio, enfrentan el reto de perfeccionar los procesos, prever y evitar situaciones anómalas que conduzcan a la nulidad de una elección y evitar al máximo que se produzcan situaciones como las nulidades generadas en los procesos de 2015.

En muchos casos no se trató de situaciones en las que autoridades electorales fueran responsables de las nulidades, sino que fueron las autoridades de los estados o funcionarios públicos los que generaron situaciones que provocaron la decisión de los tribunales electorales. Pero el reto institucional debe convertirse en realizar las acciones en cada una de las 13 entidades que tendrán elecciones este año, para reducir al mínimo las posibilidades de que se anule cualquier elección.

Por lo pronto el INE y las autoridades locales de Tabasco y del Estado de México trabajan ya para reponer las elecciones de Centro y Chiautla, respectivamente. El Consejo General del INE ya tomó los acuerdos correspondientes para realizar la parte que les corresponde de dichos procesos y lo mismo está ocurriendo en ambos estados a nivel local.

En el marco de la posibilidad de que se realice una nueva reforma electoral para 2018, conviene reflexionar sobre los instrumentos que requieren las autoridades para estar en mejores condiciones de detener acciones que pudieran generar la nulidad de las elecciones y contribuir a dar más certeza en los procesos electorales.

Con todo, el reto mayor para este año radica en establecer, con el marco jurídico vigente, las condiciones para seguir elevando la calidad de los procesos electorales mexicanos en el nivel local. Es hora de cumplir el objetivo de la reforma de 2014 que se proponía trasladar el rigor y la calidad de los procesos electorales federales a las elecciones locales.

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