Avanzan juicios orales en el país.

por | Ene 1, 2014 | De Estados, Enero 2014 | 0 Comentarios

Un vuelco en el sistema judicial mexicano es lo que representa el modelo de justicia adversarial, mejor conocido como juicios orales. Entre las ventajas de este mecanismo destacan la rapidez, el respeto a los derechos de ambas partes y acceso a mayor información para los jueces que les permita tomar ecisiones más acertadas.

Marco Alejandro Celis_Enero 2014Los juicios orales se ejecutan en todo el territorio de los estados de México, Chihuahua y Morelos, mientras que en otras 13 entidades lo hacen de manera parcial. El resto del país aún no se ha incorporado a dicha figura.

“Estamos ante un proceso que genera un cambio cultural y su consolidación tardará por lo menos 10 años”, explica el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Yucatán, Marcos Alejandro Celis.

NUEVAS HERRAMIENTAS
En América Latina hay una tendencia a homologar los modelos de justicia penal, con el fin de mejorar las condiciones para prevenir el delito, así como la impartición y la procuración de justicia, y para que las sanciones penales tengan un impacto más eficaz, refiere Jorge Gutiérrez, profesor invitado del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).

“Los juicios orales conforman una de las etapas de un procedimiento penal. Muchos asuntos concluyen ahí, pero lo que se busca es que la gran mayoría no llegue a ese punto, pues se pretende que el conflicto que surge por la comisión de un delito se resuelva por mecanismos alternos en los que está implicada la voluntad de las partes”, detalla el académico, quien es maestro en Derecho Político y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).

El modelo adeversarial permite que los procesos se efectúen de manera más rápida, debido a modificaciones en los códigos penales que facilitan el uso de herramientas legales como los criterios de oportunidad. Éstos permiten que los casos no lleguen hasta un juez si el Ministerio Público (MP) los puede resolver en menos tiempo, refieren Carlos de la Rosa y Armando Islas, especialistas del Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac).

Asimismo, Jorge Gutiérrez agrega que las víctimas pueden designar a un asesor jurídico que coadyuve a fortalecer una acusación deficiente por parte del MP. Los afectados también pueden decidir si celebran acuerdos con el imputado para reparar los daños, o bien, que se ejerza acción penal en su contra, lo que en el sistema tradicional es facultad exclusiva del MP.

MÁS GARANTÍAS
Carlos de la Rosa destaca dos derechos adicionales de las víctimas. Uno es el resguardo de su identidad y datos personales si se trata de menores de edad, así como en casos de secuestro, violación o crimen organizado. El segundo es la obligación del MP de garantizarles protección, ya que en el modelo común la autoridad sólo tiene la obligación de otorgarles atención médica y psicológica. En cuanto al acusado, el sistema adversarial estipula que se le debe proteger con la presunción de inocencia.

Armando Islas comenta que si bien la eliminación de la tortura para la obtención de pruebas requiere de varios factores, los juicios orales ayudan a combatir este tipo de prácticas en la medida en que sólo se consideran como pruebas aquellas que son desahogadas en las audiencias.

Los especialistas coinciden en que el nuevo modelo puede contribuir a recuperar la confianza en las instituciones para que de esta manera se incremente el número de denuncias. Asimismo, aseguran que este sistema, en combinación con otras políticas, podría ayudar a disminuir la incidencia delictiva.

Marcos Alejandro Celis sostiene que en Chihuahua, Morelos y el Estado de México se han observado procesos más rápidos. “Normalmente, cuando a una persona se le detiene por un delito, el MP tiene 48 horas para investigar y después de ese tiempo ya no puede aportar pruebas. Con el nuevo mecanismo puede hacerlo incluso seis meses después, de tal manera que las investigaciones sean más sólidas, lo que deriva en una disminución de la impunidad.”

EL CASO YUCATECO
Armando Isaias_Enero 2014El magistrado explica que los juicios orales en Yucatán fueron adoptados en noviembre de 2011. A la fecha, dicho sistema se aplica en 81 de los 106 municipios, aunque Alejandro Celis asegura que a partir de junio de este año se extenderán a todo el territorio yucateco. Añade que han habido cinco casos que no han demorado más de seis meses en resolverse desde que se comete el delito hasta que se dicta sentencia, mientras que en el modelo tradicional la espera puede ser de dos años o más.

“Hasta ahora, los resultados han sido magníficos. Nuestro proceso penal más largo ha durado seis meses y la mayoría han terminado con soluciones alternativas como acuerdos reparatorios; es decir, no todos los casos llegan a la última etapa, que es la audiencia.”

Adicionalmente apunta que el sistema adeversarial se aprende durante la práctica, al mismo tiempo que los jueces, los defensores, los fiscales y la policía desarrollan las habilidades necesarias para aplicarlo de manera eficaz.

“Es importante contar con la infraestructura adecuada. El diseño de los juzgados ya no puede ser el mismo. Los jueces deben tener su oficina, ir a la sala de audiencias, conocer el proceso y resolver en el momento”, comenta el magistrado y añade que también debe haber un espacio para la defensa, otro para la fiscalía y bancas para el público. Asimismo debe haber cámaras de video y computadoras.

Actualmente, en Yucatán se construye un edificio que costará 145 millones de pesos (mdp), el cual estará equipado con tecnología de punta en cada una de sus ocho salas.

Nora Sandoval

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *