Ex gobernadores inpresentables

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Mala FamaMúltiples han sido los casos de ex gobernadores que han sido acusados o sentenciados por delitos graves, como nexos con el crimen organizado, violación a los derechos humanos, corrupción, peculado, desvío de recursos públicos, enriquecimiento ilícito, entre muchos otros.

Hace unos meses se conoció de una serie de investigaciones auspiciadas por autoridades mexicanas y norteamericanas contra los ex gobernadores de Tamaulipas: Tomás Yarrington Ruvalcaba, Manuel Cavazos Lerma y Eugenio Hernández Flores —todos ellos miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI)—, por ser sospechosos de brindar protección a narcotraficantes, además de supuestamente lavar dinero del crimen organizado por medio de la compra-venta de bienes raíces.

La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) asegura que el mexicano Antonio Peña Argüelles, de 56 años, fue quien aportó información sobre los supuestos nexos entre los ex mandatarios y el crimen organizado.

Los tres políticos tamaulipecos —que gozan de libertad— niegan haberse relacionado con la delincuencia organizada; sin embargo las investigaciones continúan.

Otro ex gobernador en problemas es Narciso Agúndez Montaño, quien llegó a la gubernatura de Baja California Sur de la mano del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En 2011, el ex mandatario enajenó, al parecer en forma irregular, siete predios del fraccionamiento El Pedregal de Cabo San Lucas, cuando dichos terrenos habían sido donados al gobierno estatal para servicios e infraestructura urbana.

Según las acusaciones de la actual administración, Agúndez Montaño obtuvo una ganancia de 52 millones pesos (mdp), cuyo paradero se desconoce. Hoy día, el político sudcaliforniano permanece detenido en el Centro de Readaptación Social de La Paz, en espera de la sentencia definitoria de un juez.

MICHOACÁN Y COAHUILA

El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, descubrió una presunta deuda de 38 mil mdp, adquirida durante la administración de su antecesor, el perredista Leonel Godoy Rangel. Éste último rechazó los señalamientos y aclaró que la deuda pública adquirida en los cuatro años de su administración fue de 15 mil 987 mdp, que fue aprobada por el Congreso local y registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Sin embargo ni Leonel Godoy —quien volvió a su curul en el Senado de la República— ni ningún funcionario de su gestión enfrenta alguna pesquisa federal. De momento, el caso sigue pendiente.

Pero quizás el hecho reciente más escandaloso salió a la luz pública a mediados de 2011, cuando se supo que Humberto Moreira Valdés, ex gobernador de Coahuila, había dejado una deuda de poco más de 36 mil mdp. Como se recordará, después de ocupar la gubernatura, Moreira Valdés fue designado líder nacional del PRI, pero ante las presiones, tuvo que dimitir el 2 de diciembre pasado.

Gran parte de la deuda se adquirió a través de la falsificación de documentos públicos, por el ex secretario Ejecutivo del Sistema de Administración Tributaria estatal, Héctor Javier Villarreal.

Por estos hechos, se encuentran detenidos Jaime René Jiménez Flores, ex director de Deuda Pública de Entidades y Municipios, y Jorge López Alarcón, ex jefe del Departamento por Honorarios, ambos de la Unidad de Coordinación con entidades Federativas de la SHCP. Sin embargo, están prófugos tres funcionarios estatales, incluido Villarreal.

EL QUE NO TRANZA…

Luis Miguel Pérez Juárez, investigador de la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública (EGAP) del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), campus Estado de México, señala que la democracia mexicana no logrará consolidarse en tanto continúe en la impunidad cualquier funcionario público que haya cometido algún delito. “México tiene muchas estructuras democráticas pero tiene muy pocos demócratas”, refiere el académico.

Pérez Juárez hace ver que estos personajes surgen de nuestra sociedad, de ahí la importancia de educar a las generaciones presentes y futuras bajo principios éticos y no bajo ideas como “el que no tranza no avanza”, “el gobierno es para robar” o “las leyes se hicieron para violarse”.

DE TODOS LOS PARTIDOS

En Puebla, el ex gobernador priista Mario Marín Torres —periodo 2005-2011— fue señalado por enriquecimiento ilícito, desvío de recursos, trata de blancas y pederastia. La periodista Lydia Cacho fue la primera en denunciar una red de trata encabezada por el empresario libanés Kamel Nacif y Mario Marín, por lo que fue detenida y llevada a Puebla presuntamente por instrucciones del ex gobernador poblano.

Después se difundió una conversación telefónica en la que se dejaba entrever una posible colusión entre ambos personajes para acallar a la periodista, de modo que el asunto llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Sin embargo, los votos de los ministros no alcanzaron para declarar culpable a Marín por violar los derechos humanos de Lydia Cacho.

A Miguel Ángel Osorio Chong, quien gobernó Hidalgo de 2005 a 2011, se le ventilaron presuntas implicaciones en delitos de enriquecimiento ilícito y nexos con el narcotráfico. Se publicó en la prensa que los hermanos del hidalguense —Luis y Eduardo— habrían acumulado, cada uno, casi 100 mdp en cuentas del banco HSBC, sin embargo todo ha sido negado por el banco.

Referente a los nexos con el narcotráfico, Miguel Osorio aseguró que él es inocente, ya que la denuncia fue hecha de manera anónima y reiteró que la respuesta de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República (PGR) fue que no existía sustento o pruebas de ello.

En Querétaro, el ex gobernador panista Francisco Garrido Patrón —periodo 2003 2009— fue acusado de cometer irregularidades en más de 80 por ciento de la obra pública, ya que presuntamente las construcciones fueron asignadas únicamente a tres empresas, además de que se detectaron obras pagadas pero que nunca se realizaron.

Entre otros hechos sospechosos, la Procuraduría General de Justicia estatal abrió una investigación por el presunto desvío de 155 mdp de recursos federales y también investigó a Garrido Patrón por hacer mal uso de los aviones de servicio público, sin embargo el Congreso de Querétaro exoneró al ex mandatario por éste último asunto.

Gerardo Zamora, catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Xochimilco, refiere que la aparición de reiterados casos de corrupción tiende a institucionalizar los vicios en el servicio público, de tal forma que se convierten en un patrón común en las instancias de gobierno o partidos políticos, lo que genera una involución de las instituciones.

“Es más fácil quebrar las reglas y procedimientos para obtener resultados particulares de grupos sin el respeto al interés colectivo”, comenta el experto.

EXPEDIENTE ESTADO DE MÉXICO

Otro caso relevante es el de Arturo Montiel Rojas, que ha enfrentado denuncias por enriquecimiento inexplicable, una averiguación de la PGR por lavado de dinero, además de indagaciones de la SHCP y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sobre su gobierno en el Estado de México —periodo 1999- 2005—, lapso en el que Enrique Peña Nieto, hoy presidente electo, fue secretario de Finanzas.

También, se han investigado dos cuentas a su nombre en Nueva York, así como el origen de otras de sus propiedades.

El 30 de noviembre de 2006 el mexiquense libró las acusaciones que tenía en su contra por los delitos del fuero común, aunque aún siguen en pie causas como uso indebido de atribuciones, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

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