Una buena recepción es lo que ha encontrado la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) entre los funcionarios del sector laboral de los estados, quienes por fin han obtenido una respuesta favorable a sus necesidades de agilizar los procesos jurídicos y reducirlas abultadas filas de expedientes que se empolvaban en sus archiveros y oficinas.

Con la ley anterior, los juicios laborales podían extenderse tres, cinco, 10 o incluso más años, y consecuentemente los salarios caídos se acumulaban hasta adquirir dimensiones millonarias. Pero ahora la nueva ley restringe esta prerrogativa a 12 meses.

En caso de que el procedimiento no haya concluido, también se pagarán al trabajador los intereses generados sobre el importe de 15 meses de salario, a razón del 2 por ciento mensual, por lo que se estima que los juicios se tramitarán en un máximo de dos años.

“Esto ayudará a reducir los juicios, porque los abogados de empresas y trabajadores sabrán que sólo se puede cobrar 15 meses de salarios caídos y de esta forma ya no se formulan falsas expectativas a los demandantes”, refiere Enoel Isaías Pérez Cortez, procurador de la Defensa del Trabajo del estado de Quintana Roo.

En este comentario coincide Renato Sandoval Franco, secretario del Trabajo de Baja California. “Las reformas beneficiarán a ambas partes, ya que un trabajador puede ver satisfecha su demanda en corto tiempo, mientras que un patrón puede rescindir la relación laboral con algún empleado, mediante el pago que indica la ley, y seguir adelante con su actividad empresarial”.

LA DILACIÓN SE ACABÓ.

Existen varias historias sobre las consecuencias de prolongar excesivamente los procedimientos laborales, atribuibles tanto a empresarios como a trabajadores; los primeros para incumplir con sus obligaciones patronales, y los segundos, para ganar indemnizaciones lo más altas posible.

Conflictos que se pudieron arreglar con 30 ó 40 mil pesos, al paso de los años pueden involucrar más de 1 millón de pesos (mdp). “Esto es perjudicial porque el trabajador no puede obtener el dinero cuando lo necesita o tal vez ni siquiera lo reciba, porque se queda en manos de los abogados”, comenta Daniel Juárez López, secretario del Trabajo de Oaxaca.

Pero como es sabido, las empresas también corren riesgos. Pérez Cortez recuerda el caso del restaurante La prosperidad de Cancún, cuyos meseros no recibían el pago de propinas y demandaron al patrón en un juicio que duró cinco años. Al final, los meseros ganaron y se quedaron con el restaurante. Sin embargo, “hoy día ese local se renta como un salón de fiestas y lo que vemos es que se acabó una fuente de trabajo para varias familias”, refiere el funcionario.

En aras de evitar hechos como los anteriores, otra de las bondades de la reforma a la LFT, promulgada por el ex presidente Felipe Calderón el 30 de noviembre pasado, es la imposición de multas de 100 y hasta mil salarios mínimos a los representantes legales que extiendan artificialmente los procesos. Como lo define Sandoval Franco: “Es una reforma con dientes”.

CASTIGOS A FUNCIONARIOS.

Si la dilación fue provocada por un servidor público, se le puede castigar por 90 días sin goce de sueldo y, en caso de reincidencia, el inculpado será suspendido del servicio público, independientemente de las acusaciones civiles o penales que pudieran derivarse.

Para precisar qué tipo de tácticas se considerarían intencionalmente dilatorias, Pérez Cortez pone como ejemplo que un trabajador se declare enfermo para no presentarse a una audiencia, lo que puede provocar una postergación de tres meses o más. Sin embargo, con la nueva ley será necesario verificar la validez de los justificantes médicos, antes de dar nueva fecha.

Asimismo, las notificaciones que se giren de las juntas de conciliación a las partes en conflicto no podrán tardar más de lo que marca la ley.

INFORMACIÓN A LA LUZ.

La transparencia es otra de las novedades de la nueva ley laboral, ya que ahora sí los representantes legales deberán ser abogados titulados y con cédula profesional. “Tomando en cuenta que el derecho laboral es un derecho social, no existe la misma exigencia que en materia civil, donde sí se requiere el título. En lo laboral es más flexible, sin embargo tanto trabajadores como patrones merecen la mejor asesoría jurídica“, comenta María Alicia Aspires Tejada, procuradora de la Defensa del Trabajo de Morelos.

De esta forma se espera que disminuya la presencia de “coyotes” y pseudo abogados que rondan las juntas de conciliación y las procuradurías de la defensa del trabajo. No obstante, entidades federativas como Quintana Roo han dado pasos en este sentido, ya que por medio de un bando de policía y buen gobierno del municipio de Benito Juárez han sido remitidos tres “coyotes” a la policía.

Los funcionarios consultados comentan que un avance adicional de la reforma es la exigencia a las juntas de conciliación de publicar los contratos colectivos de trabajo, así como los reglamentos de trabajo registrados en sus oficinas, para conocimiento de los factores de la producción y de la sociedad en general.

¿CÓMO MARCHARÁ LA REFORMA?.

Desde que se aprobó la reforma a la LFT en el Poder Legislativo hasta la fecha, las secretarías del trabajo, las procuradurías y las juntas de conciliación locales han iniciado mesas de análisis y discusión, para aclarar dudas e inquietudes del personal de las instituciones del trabajo, que necesariamente tiene que capacitarse sobre las nuevas disposiciones.

Sin embargo, no se sabrá bien a bien cómo funcionará la nueva LFT hasta aplicarla en la vida cotidiana. “A mí me tocó el cambio de la ley de 1970 a 1980 y necesariamente saltan cosas y van saliendo las jurisprudencias para subsanarlas. Tendremos que ver en la práctica cómo van resultando”, comenta Renato Sandoval. Aspires Tejeda.

Por lo pronto, la funcionaria manifiesta sus dudas sobre lo que considera un retroceso en lo relativo a la primera audiencia de un juicio. Dice que con la ley anterior, esa audiencia se componía de conciliación, demanda y excepciones, así como de ofrecimiento y admisión de pruebas, pero ahora se dividirá en dos etapas: primero conciliación y demanda y excepciones, y osteriormente la presentación de pruebas. “Eso nos regresa a la ley de 1970. Al menos en Morelos, eso va a retrasar el tiempo”, opina María Alicia Aspires.

ELEVAR LOS ESTÁNDARES.

Dado que la nueva LFT exige actuar con más prontitud, las juntas de conciliación también tendrán que modernizarse internamente,lo que implicará necesariamente invertir en recursos tecnológicos y humanos, refiere Daniel Juárez.

Comenta que, en lo individual, Oaxaca ha emprendido grandes esfuerzos, ya que de las administraciones pasadas se heredó un rezago de 5 mil juicios laborales —35 por ciento de los cuales ya están resueltos— además de que hasta la llegada del gobernador Gabino Cué Monteagudo se creó la Secretaría del Trabajo del estado.

“La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tiene un procedimiento excelente, pero las juntas locales sí debemos invertirle, ya que éstos tribunales miden la competitividad de un estado”, refiere el funcionario oaxaqueño. Añade que la aspiración en lo local es alcanzar los estándares de la Junta Federal, la cual ha dispuesto mecanismos tan avanzados como las consultas en línea para revisar el estado que guarda un expediente.

En el entendido de que más vale un buen arreglo que un mal pleito, los funcionarios entrevistados coinciden en la importancia de reforzar la conciliación entre las partes para alcanzar acuerdos de mutuo beneficio. Refieren que, más allá de lo que indique la ley, las autoridades deben asumir el papel de conciliadores porque los conflictos obreropatronales nunca se acabarán.

“Baja California es un ejemplo. Desde antes de las reformas hemos promovido el acuerdo de partes para agilizar el proceso; sin embargo, la nueva LFT pone una ruta muy buena para que se ajusten tanto los reglamentos de las juntas locales, como de las leyes del servicio civil, encaminadas a dar prontitud y eficiencia a las juntas”, concluye Renato Sandoval.