Mejorar gestión de gastos ¡ya!

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Las 32 entidades del país reportaron una calificación promedio de 7.1 en la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública; siete estados reunieron el mayor número de irregularidades

Omar-PennaAun con nuevos reglamentos, hoy día los gobiernos de los estados y municipios del país gastan mucho y lo hacen mal. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), las entidades federativas alcanzan apenas una calificación promedio de 7.1 en gasto público.

Cuatro estados (Hidalgo, Veracruz, Jalisco y Michoacán) obtuvieron calificaciones reprobatorias con menos de seis. En contra parte, Querétaro (80.4), Campeche (77.3) y Durango (76.6) obtuvieron las mejores calificaciones.

Es evidente que la efectiva administración de recursos es un reto pendiente en México, lo cual adquiere mayores dimensiones en un contexto de limitación de ingresos; una muestra de ello es el recorte en el presupuesto que ya anunció la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para 2015 y 2016.

Por lo anterior, Leticia Armenta Fraire, directora del Centro de Análisis Económico (CAE) del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), campus Ciudad de México, considera que los estados y municipios deben asumir su responsabilidad en materia de gestión de recursos y alinearse a la política de austeridad, pues de lo contrario su deuda equivalente a 3.1 por ciento del producto interno bruto (PIB), podría aumentar.

RECURSO MALGASTADO

En febrero pasado, la ASF presentó su Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, el cual reveló que las 32 entidades del país reportaron una calificación promedio de 7.1, Querétaro obtuvo la mejor calificación con 80.4 y Michoacán se colocó al final con apenas 37.9.

Tan solo siete entidades (Veracruz, Michoacán, Jalisco, el Estado de México, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, en ese orden) reunieron el mayor número de irregularidades en sus administraciones.

Entre las debilidades que identificó la ASF en las finanzas de los gobiernos locales figuran el uso de recursos a programas diferentes a lo previsto, inobservancia al principio de anualidad en el ejercicio de los recursos, insuficiencias en las capacidades institucionales que derivan en débiles sistemas de control interno, así como incumplimiento de la normativa básica, como uso de cuentas exclusivas para la administración de recursos.

La dependencia determinó un monto “por aclarar” de 78 mil 744 millones de pesos (mdp), consecuencia de las “observaciones” en las que incurrieron los gobiernos locales, correspondiente a distintos ejercicios.

Entre los principales casos figuraron recursos no ejercidos o devengados, o no reintegrados a la Tesorería de la Federación por 2,400 mdp (29.2 por ciento del monto observado total), así como la falta de documentación comprobatoria de gastos por 18 mil 224 mdp (23.1 por ciento).

También sobresalió la transferencia de recursos a otras cuentas bancarias por 10 mil 918 mdp (13.9 por ciento del total), recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos de los fondos y programas por 8,028 mdp (10.2 por ciento), así como pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal por 4,329 mdp (5.5 por ciento).

EFECTO DOMINÓ

El deficiente ejercicio de recursos públicos deriva en flagelos que impactan directamente en la población, como canalización de recursos a programas con bajo o nulo impacto social (como publicidad), en lugar de rubros importantes como inversión pública, educación o combate a la pobreza.

Al respecto, Omar Penna Estrada, especialista de la consultoría PwC, afirma que la experiencia de los últimos años demuestra que el mal uso de recursos públicos deriva, entre otras cosas, en un sobreendeudamiento de la entidad, en detrimento de la población.

“La consecuencia directa es que los estados, ante la limitación de recursos que enfrentan por un gasto desmedido, buscan crédito, cuyo costo financiero no es el mejor debido a que en muchas ocasiones las tasas de interés están definidas en función de la calificación crediticia que les otorgan las calificadoras, acorde con su capacidad de pago y ahorro”, explica el asesor de la firma.

Según datos de la SHCP, al término de 2004 las obligaciones financieras de las entidades federativas y municipios representaban 1.6 por ciento del PIB, sin embargo, para 2014 la cifra subió a 3.1 por ciento.

LO QUE CUESTA, SE VALORA

De acuerdo con datos proporcionados por la Auditoría Especial del Gasto Federalizado de la ASF, en las entidades federativas —sin incluir al Distrito Federal— las transferencias federales representan en promedio 90 por ciento de sus ingresos totales, pero existen 21 entidades donde el porcentaje es mayor. Para el caso de los municipios, representan 74 por ciento; pero en las alcaldías con mayor nivel de rezago constituyen más de 90 por ciento.

En ese sentido, Leticia Armenta destaca la irresponsabilidad en que incurren las autoridades locales por no cobrar los recursos que les competen, como el caso del impuesto predial, el cual registra una de las tasas más bajas de recaudación, 0.2 por ciento del PIB, según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), mientras que otros países alcanzan 3.5 por ciento. “Sólo asumiendo su responsabilidad valorarán los recursos de que disponen”, recalca.

Adicionalmente considera necesaria una mayor intervención por parte de la Federación o algún organismo autónomo para verificar el uso de las trasferencias federales y los recursos locales para evitar desequilibrios en sus finanzas internas.

MEJOR GESTIÓN

En esa misma línea, la ASF propone fortalecer los sistemas de control interno en todas las instancias participantes, así como impulsar la profesionalización del personal mediante la implantación del servicio profesional de carrera.

También sugiere la creación y fortalecimiento de instancias técnicas locales que posibiliten la implantación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño y promuevan el avance de una cultura en esa materia.

De igual forma, destaca la necesidad de impulsar la entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos; así como realizar las evaluaciones de desempeño establecidas por la normativa.

Finalmente, considera urgente sancionar penalmente las transferencias de recursos de los fondos y de programas hacia otras cuentas bancarias, además de aplicar un Programa Nacional de Desarrollo Institucional Municipal.

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