La violencia se mantiene y las estrategias parecen no dar resultados

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El autor es Director General del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad A.C. (ONC). Es experto en Cultura de la Legalidad y autor de diversas publicaciones en esa materia, así como de Seguridad y Justicia. Es columnista del periódico El Universal y el portal La Silla Rota.   twitter Twitter

Con la información a la mano que permite analizar el año en su totalidad, podemos afirmar que la respuesta de la autoridad es política y no técnica, que no existe evidencia de avances sustanciales.

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En el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) continuamos preocupados por los altos índices de delincuencia y violencia, así como por la falta de acciones en el corto plazo y de una estrategia de largo plazo que logre mejorar las condiciones de seguridad en las que se encuentra el país y generar un respeto a la norma en la sociedad. Lamentablemente, esta preocupación ha permanecido como una constante a pesar de que ha transcurrido más de una década en la cual las autoridades han tenido la oportunidad de actuar efectivamente frente a la crisis de seguridad humana y no lo han hecho.

Si comparamos 2015 contra 2016, se puede identificar un aumento de las tasas por cada 100 mil habitantes de 21% de homicidio doloso, 6% en robo a negocio, 5% en secuestro, 4% en violaciones, 3% en robo con violencia, 1% en robo de vehículo y 1% en extorsión. En sentido opuesto se observa que solo las tasas por cada 100 mil habitantes de homicidio culposo, robo a casa habitación y a transeúnte disminuyeron 5, 7 y 6%, respectivamente.

En particular, en 2016 se registraron los meses con mayor cantidad de casos de homicidios dolosos reportados oficialmente en el actual sexenio; en 1er lugar, se ubica septiembre, en 2° agosto, en 3° julio, en 4° octubre, en 5° noviembre y en 6° diciembre todos estos de 2016.

Cuando el ONC presentó el reporte sobre delitos de alto impacto del mes de Septiembre de 2016, alertando por estos alarmantes números, las autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), minimizaron los datos y usaron la información ―que en ese momento no era pública relativa― a octubre para hablar de una reducción mensual de 6% de los homicidios dolosos (5.62% para ser exactos), como ejemplo de que la estrategia anunciada por el presidente Peña Nieto en el Consejo Nacional de Seguridad (CNSP) para reducir los homicidios en los 50 municipios con mayor incidencia de los mismos, estaba funcionando.

Con la información a la mano que permite analizar el año en su totalidad, podemos afirmar que la respuesta de la autoridad es política y no técnica, que no existe evidencia de avances sustanciales ya que el homicidio doloso prácticamente tuvo variaciones mínimas de octubre a noviembre y luego de noviembre a diciembre.

Aún con una visión optimista, si se quiere considerar avances las disminuciones marginales de menos del 1% de las tasas de homicidio, como sucedió entre noviembre y diciembre, en el ONC insistimos que la reducción de homicidios dolosos y otros delitos violentos no implica una mejora de las condiciones de seguridad en el largo plazo. Esto se debe a que seguimos careciendo de corresponsabilidad de los gobiernos locales, continuamos atacando los efectos y no las causas de los problemas; la corrupción sigue debilitando la acción del gobierno, los recursos de las instituciones y manteniendo vigente la impunidad en la sanción a los delitos.

A nivel local se deben generar políticas focalizadas y liderazgos claros que permitan que la vida de los habitantes de cada ciudad y región del país se sienta libre de salir a las calles, viajar, emprender negocios, progresar.

Para los alcaldes es fundamental construir instituciones de seguridad confiables y efectivas, capacitadas, equipadas, con un desarrollo policial sustentado en la ley y que sean precisamente muestra de respeto de la norma, aplicaciones de los protocolos de actuación con visión de derechos humanos. Implementar el rescate del espacio público acompañado por la sociedad, enmarcado en una política de disuasión del delito a través de la presencia policial; cooperación con los otros niveles de gobierno para combatir el narcomenudeo, compartir inteligencia y retroalimentar sobre las acciones dirigidas por entidades y federación para erradicar las bandas de secuestradores, extorsionadores, de robo de vehículo y autopartes.

Para la federación, la urgencia de recuperar el control del territorio y minimizar el poderío de la delincuencia organizada a través de políticas menos confortativas y más efectivas como es el uso de inteligencia financiera para debilitar los recursos de los delincuentes, empezando por sus recursos económicos.

A pesar que se ha cumplido una década de la denominada “guerra contra el narcotráfico”, la delincuencia organizada mantiene su poder debido a que permanecen intactas sus riquezas que les permite continuar comprando voluntades políticas y justicia para seguir delinquiendo, incluso desde los penales y abasteciéndose de armas para mantener el dominio de la vida de tantas personas.

Ante las evidentes carencias locales y nacionales, y la actual crisis económica es altamente probable que los robos y secuestros aumentarán en 2017. Frente a ello, es necesario que la autoridad deje de simular, perder tiempo excusándose e invertir todo su capital en generar ese Estado de Derecho que los mexicanos necesitamos para hacer atractivo el país al turismo, la inversión extranjera, proteger los derechos de propiedad para poder progresar y vivir seguros como nos lo merecemos cada uno de nosotros.

 

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