Los retos de la desigualdad y el ingreso

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Especialista en Desarrollo Municipal, ponente en seminarios, coloquios y congresos nacionales e internacionales, interesado en políticas públicas, especialmente en áreas de seguridad púiblica, juventud, desarrollo, programas sociales y obra pública.

Retos_Desigualdad_opinion_Alcaldes_de_Mexico_Septiembre_2015En el 3er informe de gobierno se mencionan las estadísticas y los mejores logros de la administración federal, los cuales se enfocan en la seguridad, fomento al desarrollo económico, equidad de género, inclusión social, salud, educación, relaciones internacionales, entre otros rubros, se mencionó con base en CONEVAL e INEGI:

“Uno de los retos más grandes de gobernar nuestro país es superar las diferencias sociales y acortar las brechas de desarrollo entre regiones… para combatir esa desigualdad en la primera mitad de este gobierno logramos las reformas necesarias para impulsar la economía, porque sólo con mejores empleos y salarios, es posible dejar atrás la pobreza y superar la inequidad”.

Es real que la administración del gobierno federal ha causado cambios positivos en la realidad nacional, sin embargo esto no es suficiente; debe enfrentar problemas específicos y de gran urgencia.

Para vivir, las personas necesitan cubrir necesidades básicas, la mayoría son a través del ingreso, y si se quiere mejorar la calidad de vida, ese ingreso se debe invertir en rubros como: la seguridad social, la educación, la vivienda, transporte, gustos personales, actividades de entretenimiento y recreación, ahorro, lo cual da acceso a mejores formas y estilos de vida, a diferentes percepciones del mundo, a la calidad en los servicios y a un nivel especifico de consumo.

El ingreso en México tiene su base en el salario mínimo, que de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es la remuneración que garantiza al trabajador y a su familia un mínimo vital que le permite solventar sus necesidades, el cual no puede ser disminuido por hecho o derecho y cuya aplicación está garantizada por la ley, cualesquiera que sean la modalidad de remuneración o la calificación del trabajador.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción VI del Artículo 123 (de acuerdo con la reforma del 27 de mayo de 2015) menciona:

“Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural y para promover la educación obligatoria de los hijos”

Sin embargo, la práctica no es del todo real. De acuerdo con el Sistema de Administración Tributaria (SAT), actualmente el salario mínimo consta de $ 70.10 pesos m.n. para la zona A y de $ 65.45 pesos para la zona B por jornada laboral de ocho horas.

Esto significa un ingreso mensual de $ 1,402 pesos m.n. para quienes trabajan en la zona A, y de $ 1,309 mensual para la zona B, valor adquirido por incrementos porcentuales con el paso de los años.

En los medios de comunicación es común hallar noticias sobre la falta de empleo, la insuficiencia del salario mínimo, la falta de oportunidades de desarrollo para las personas o una distribución inequitativa de la riqueza, es decir, hay personas que trabajan más de ocho horas al día sin recibir gratificación suficiente por su jornada o por tiempo extra; cuyo salario no alcanza a cubrir sus necesidades básicas o las de su familia; y por otro lado, donde el 21% del ingreso nacional se concentra en el 1% de la población, es decir, obtienen más de 120 mil pesos al mes, según Ciudadanos en Red.

Si se contemplan variables como el acceso y la calidad en la educación, el acceso a la vivienda, la distribución de espacios y la calidad dentro de esta; los servicios de salud y seguridad social, la alimentación (variables que retoma el CONEVAL para medir la pobreza a nivel individual y nacional), la recreación y el acceso al empleo, el transporte; condiciones a las que toda persona tiene derecho, pero que sólo se pueden adquirir mediante el dinero, el problema se agrava.

Para mayo de 2015 según INEGI, la canasta alimentaria más la no alimentaria ascendía a $2591.14 para las zonas urbanas y para las zonas rurales a $1657.25, en consecuencia, quienes no pueden cubrir este gasto, entran en la categoría de pobreza; y aquellos que no alcanzan a cubrir con la canasta alimentaria (también nombrada línea de bienestar mínimo, LBM) son personas en calidad de pobreza extrema.

Con el salario mínimo resulta imposible cubrir con los gastos individuales que representa la línea de bienestar y menos considerar gastos de adquisición o renta de una vivienda, créditos, ahorro (necesario para el crecimiento económico), calidad educativa, distracción y recreación, o contemplar a los dependientes económicos; condiciones que hacen incongruentes lo planteado en los lineamientos constitucionales con la práctica real, pero además, es un valor que esta 100 veces por debajo del ingreso del 1% poblacional más rico del país.

La OCDE en su Diagnóstico de desarrollo territorial de México, 2015, menciona que los niveles de pobreza no han cambiado en los últimos 20 años, que el ingreso alcanza para comprar lo mismo hoy en día que en 1992, que en el país se han manejado reducidas tasas de crecimiento económico y una desigual distribución del ingresos.

El CONEVAL (2015) refiere que México es un país de pobres, ya que para el año 2014, al 46.2% de la población no le alcanzaba el dinero para cubrir con gastos necesarios para su vida diaria, mientras que el 9.5% adicional no tenía el ingreso necesario para garantizar una canasta alimentaria, conformando un total de 55.7% de pobres que se concentran en los estados de Morelos, Veracruz, Oaxaca, México, Sinaloa, Coahuila, Hidalgo y Baja California Sur.

Para el primer trimestre de 2015, se contabilizo a 2 millones 201 mil 778 desempleados (INEGI, 2025), esto quiere decir que el 4.2% de la población económicamente activa (PEA) no tenía un ingreso monetario y por consecuente, no puede acceder por cuenta propia a ningún otro derecho que tuviera relación con el salario o las relaciones de mercado.

No sólo hay que mejorar el ingreso de las personas, este debe contemplar de manera real la preparación y experiencia, de lo contrario, sirve de nada que el estado promueva la calidad educativa ya que las personas con mayor capital humano, que han invertido tiempo y dinero en su educación, que incluso demuestran estándares de excelencia por programa de calidad y movilidad que el gobierno promueve quedan vulnerables al enfrentar mayores índices de desempleo o incluso obtener un ingreso similar a quienes tienen una menor o nula escolaridad.

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