No más opacidad en deuda municipal

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Deuda-Municipal

De acuerdo con los resultados del último Informe de los empréstitos y obligaciones inscritos en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la deuda municipal y estatal del último trimestre incrementó a 452,727 millones de pesos; cantidad equivalente al 83% del presupuesto del Instituto Mexicano del Seguro Social para este año.

Y es que debido al crecimiento desmedido de la deuda entre 2008 y 2014, tuvo que aplicarse urgentemente una Ley que contribuyera al buen manejo de las finanzas públicas; su nombre: Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Así, en diciembre pasado la Cámara de Diputados aprobó con 325 votos a favor, uno en contra y 34 abstenciones, el decreto que expidió y reformó las leyes de Coordinación Fiscal; General de Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental, estableciendo criterios de responsabilidad hacendaria y financiera para un manejo sostenible de las finanzas públicas locales. Lo que significa que la aplicación de dicha ley, permitirá equilibrar el presupuesto para evitar que el gasto público crezca por encima de los ingresos obtenidos por las administraciones. ¿Cómo?, ahora las entidades ya no podrán acudir a su banco de cabecera para endeudarse, sino que deberán comparar con la opción más barata, de acuerdo con lineamientos específicos de la SHCP.

Dicen los legisladores y legisladoras que elaboraron esta ley, que su estructura se basó encinco ejes primordiales: las reglas de disciplina financiera con las que se promoverá el sano desarrollo de las finanzas públicas; un sistema de alertas que estará vinculado a los niveles de endeudamiento, de servicio de la deuda y de condiciones de liquidez que permitirá la detección oportuna del riesgo en la adquisición de compromisos financieros; la contratación de financiamientos y obligaciones bajo principios de transparencia y eficiencia, destinando los recursos obtenidos a inversión pública; la deuda estatal garantizada con el que la Federación otorgará su aval para apoyar que los Estados y Municipios reduzcan las tasas de interés de sus créditos; y un registro público único para inscribir y transparentar la totalidad de las obligaciones de los gobiernos locales.

Además, mediante la instalación en el Congreso de la Comisión Bicameral de Disciplina Financiera, se analizará la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados que tengan niveles elevados de deuda y así poder emitir las observaciones pertinentes.

A ojo crítico de especialistas y analistas financieros, los efectos de esta ley a corto plazo deberán reflejarse en los siguientes puntos:

Los municipios deberán planear su presupuesto. Así, los gobiernos locales tendrán la obligación de realizar un proyecto de presupuesto de egresos, en el que el gasto deberá limitarse a lo presupuestado y la contratación de pasivos se limitará al techo de financiamiento que determine el sistema de alertas.

Los entes públicos deberán registrar la totalidad de sus financiamientos en el registro público que estará a cargo de Hacienda, tanto obligaciones derivadas de contratos de Asociaciones Público Privadas o créditos a corto plazo, que hasta ahora no se registran.

El gobierno podrá dar la garantía federal a la deuda de estados y municipios para que éstos consigan mejores condiciones financiera, es decir, que las entidades tendrán que suscribir un convenio que contemple reglas específicas para obtener dicha garantía.

Servidores públicos y personas físicas o morales que cometan omisiones o incumplimientos a la ley estimable en dinero a la hacienda de estados y municipios serán sancionados con lo previsto en la Constitución mexicana.

No queda más que esperar a que la implementación de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios opere cabalmente para el desarrollo de finanzas sanas y la reducción de deuda pública en estados y municipios.

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