Nuestras Fuerzas Armadas también tienen miedo

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Es presidenta de la Organización No Gubernamental Y Quién Habla por Mí AC. Estudió ciencia política en el Tecnológico de Monterrey y se ha dedicado al fortalecimiento de políticas públicas, proyectos y legislación en materia de Derechos Humanos, especialmente en temas de seguridad, género y de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes.

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La Seguridad Nacional implica discutir qué entiende y qué necesita nuestro país en materia de Seguridad Interior, Seguridad Pública, Seguridad Humana y Defensa Exterior.

La recién aprobada Ley de Seguridad Interior ha levantado un amplio pero no nuevo debate sobre el papel que nuestras Fuerzas Armadas cumplen y deberían cumplir al servicio del Estado-nación que es México.

Hay quienes celebran esta nueva legislación porque auguran que dará certeza a militares y marinos al actuar en tareas de seguridad pública (cosa que en esencia no es su tarea, pues el personal de estas dependencias está para preservar la Seguridad Nacional no para hacerle la “chamba” a las y los gobernadores de los estados y sus instituciones de garantía y procuración de justicia), y hay quienes condenan este nuevo instrumento jurídico previendo graves violaciones en materia de Derechos Humanos, dando por sentado que el nuevo bloque de constitucionalidad, introducido por la reforma constitucional de 2011 al artículo primero de nuestra carta magna, no funcionará quizá nunca y no se reflejará en ninguna estrategia pública encaminada a que las fuerzas armadas actúen conforme a estándares internacionales en materia de Derechos Humanos.

Me parece que la dinámica del agua y el aceite hecha paradigma en nuestro país lleva a que exista sesgo en ambas posturas, pues si bien lamentablemente la Ley de Seguridad Interior no es la panacea y mucho menos un instrumento jurídico con la fortaleza que necesita el Estado para preservar la integridad del Estado a través de la Seguridad Nacional y la Seguridad Humana, puede ser un antecedente para lo que todos(as) sabemos que se necesita pero lamentablemente ninguno(a) hemos podido consolidar en aras de contar con un estado de paz y de solidez institucional.

Sin tratar de dar la “receta genial” es evidente que antes de hablar de una Ley de Seguridad Interior debimos poner a discusión y reflexión la Ley de Seguridad Nacional que existe desde 2005 sin ninguna actualización y que se basa únicamente en reglamentar al CISEN, dando una conceptualización de Seguridad Nacional con la receta estadounidense que no refleja la realidad de los intereses nacionales de México.

¿Por qué no nos atrevimos a poner en la más alta palestra la discusión que atañe a la Seguridad Nacional de México? Hablar de una nueva legislación en materia de Seguridad Nacional implica más que poner lineamientos a nuestras fuerzas armadas de cuándo hacerla de policías y cuándo no, y de tratar de aderezar las acciones de uso “legítimo” de la fuerza con conceptos de Derechos Humanos que muchas veces ni las y los legisladores conocen.

La Seguridad Nacional implica discutir qué entiende y qué necesita nuestro país en materia de Seguridad Interior, Seguridad Pública, Seguridad Humana y Defensa Exterior, y lograr consolidar una estrategia nacional y un libro blanco que permita armar un mosaico con todos estos conceptos donde convivan y se logre recobrar la confianza en las instituciones y que estas le den el valor merecido todas las personas que viven o transitan por México.

Quizá el poner en prospectiva una potencial militarización de las seguridades aterra a cualquier ciudadano(a) que además de no conocer a sus militares y marinos, les tiene miedo por acciones de violaciones a Derechos que han cometido algunos elementos de estos cuerpos institucionales; pero tengan por seguro que de aquel lado también existe miedo y se conoce que ha habido errores. Cabe mencionar que las fuerzas armadas no son un ejército de villanos, pues el corazón de una gran cantidad de elementos (humanos) late muy en el epicentro de nuestro México.

Nuestras fuerzas armadas no han sido educadas y adiestradas para cubrir una tarea que por principio les corresponde a los estados y a sus instituciones encargadas de preservar la paz e impartir justicia ( y claro que es momento de redoblar la batalla en materia de actualización y de apropiación de una amplia perspectiva en materia de Derechos Humanos dentro de las FAM, pues si bien ya existen avances y capacitación debe existir una apropiación más sustantiva de la defensa de los Derechos Humanos), el tema de fondo va más allá que la mera reacción ante los crecientes actos de violencia y desestabilización que vive nuestro país.

México está enfermo y roto en lo más importante, el tejido social y si no se reconstruye de poco servirá cualquier marco jurídico por retrograda o progresista que éste sea, no confiamos en nosotros(as) mismos(as) ni en ningún otro u otra; nos ha dolido tanto la corrupción, la impunidad y la desigualdad de nuestro país que a veces no buscamos quien nos las hizo sino quien nos la pague y vemos una dinámica de conflicto en cualquier tema y en muchas escalas que lleva a arbitrariedades como la aprobación exprés de una Ley, en consecuencia a criminalizar a las fuerzas armadas y al revés por parte de ellas se llega a criminalizar a la sociedad civil (muchas veces injustamente para ambas partes) entrando en reacciones que gastan no solo cantidades descomunales de recursos materiales, sino de recursos éticos, morales y emocionales que nos mantienen en esta depresión colectiva que no alcanza a entender que a diario la familia del soldado se relaciona con la familia de aquel o aquella activista que defiende algo que nunca debió haber sido susceptible de defensa, un derecho que debe ser “arrebatado” porque ha sido negado estructuralmente. ¿En verdad lo que está en el centro, debe ser dilucidar quién está bien y quién está mal en la postura sobre esta nueva ley?

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