Considerada el área natural protegida más extensa y con mayor biodiversidad del Occidente de México, la Reserva de la Biosfera de la Sierra de Manantlán (RBSM) —decretada como tal el 23 de marzo de 1987— es el punto de encuentro entre autoridades federales, estatales, municipales y lugareños, quienes luchan por preservar la riqueza natural de amenazas como incendios forestales, cambios de uso de suelo y minería desordenada.
La RBSM, que tiene 139 mil 577 hectáreas de selvas secas, bosques y terrenos agrícolas, constituye un buen ejemplo a nivel nacional por sus buenas prácticas de preservación de la naturaleza, mismas que son aplicadas por un órgano administrador —la Dirección de la RBSM— y que a su vez se compone de representantes de gobierno y las comunidades agrarias —ejidatarios y propietarios privados—, además de instituciones académicas como la Universidad de Guadalajara.
Sin embargo, a más de 10 años de haberse publicado el Programa de Manejo de la Reserva, ha llegado el momento de replantearlo. El proyecto de modernización a cargo de la RBSM, así como de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), vía la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), pretende rediseñar las estrategias y acciones que se realizarán en los próximos cinco años.
Salvador Montes Quintero, director de la RBSM, informa que este nuevo documento pretende fortalecer la actividad forestal y el aprovechamiento de los recursos no maderables. Su contenido se ha elaborando a lo largo de 2011, por lo que en breve se entregará un primer borrador para su revisión regional y municipal. Una vez que el documento esté listo, deberá someterse a consulta pública, para darse a conocer en el Diario Oficial de la Federación a partir de 2012.
Todas las partes involucradas tienen cierto grado de responsabilidad en cada una de las tareas de preservación, explica Montes Quintero. Por ejemplo, los municipios que integran el área protegida —Autlán, Casimiro Castillo, Cuautitlán, Tolimán y Tuxcacuesco, de Jalisco, además de Comala y Minatitlán, de Colima— participan en la planificación del manejo de la Reserva, así como en actividades de prevención y control de incendios forestales, reforestación, educación ambiental y en la conformación de comités de vigilancia.
Los ayuntamientos también contribuyen con recursos económicos para el pago de servicios ambientales, junto con la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y la Semarnat, o bien mediante programas como el de Empleo Temporal, para impulsar actividades remuneradas, entre ellas el turismo de naturaleza.
PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES
De los programas más importantes que operan en la preservación de la RBSM destaca Pro Árbol-Pago por Servicios Ambientales, que opera la Conafor, y que promueve el pago por los servicios prestados por los pobladores a las áreas forestales.
“A diferencia de los bienes o productos ambientales, como es el caso de la madera, los frutos y las plantas medicinales de los cuales nos beneficiamos directamente, los servicios ambientales no se utilizan o aprovechan de manera directa; sin embargo, nos otorgan benefi cios como tener un buen clima, aire limpio, suelo fértil, diversidad biológica y muchos otros”, comenta Sergio Alí Hernández Aguirre, subgerente de Producción y Productividad de la Conafor, delegación Colima.
El pago por servicios ambientales ofrece una compensación económica, ya sea mediante recursos federales o a través de la unión de aportaciones entre Conafor y alguna otra parte interesada, como el gobierno del estado, los gobiernos municipales, organizaciones civiles o empresas.
La compensación varía según el proyecto, por ejemplo: en la población de Juluapan se realizaron tareas de reforestación, conservación de suelo y mantenimiento del bosque, para lo cual se gastaron 498 mil 400 pesos, tan sólo por salarios.
Tal es la importancia de la RBSM, que representa 65 por ciento de la superficie de áreas protegidas de Jalisco y 70 por ciento para Colima. Además, constituye una de las 158 áreas protegidas del país, que implican una extensión de 22 millones de hectáreas.
Hernández Aguirre, funcionario de la Conafor, adelanta que en Colima se trabaja para poner en marcha el programa Mecanismo Local de Pago por Servicios Ambientales, en el que se propone otorgar un pago por el servicio ambiental hidrológico permanente a los dueños y poseedores de terrenos forestales en el área de Cerro Grande, debido a que resguarda un conjunto de cavernas y resumideros por donde el agua de lluvia abastece a 90 por ciento de los habitantes de la zona conurbada de Colima- Villa de Álvarez.
El delegado de la Semarnat en Colima, Raúl Arredondo Nava, dice que con este tipo de programas los pobladores se dan cuenta de los amplios beneficios por reforestar y evitar la desertificación. “No sólo obtienen el pago de Conafor, sino que además pueden conseguir programas de empleo temporal que maneja directamente el municipio y gracias a los cuales las comunidades pueden ofrecer turismo de naturaleza.”
No obstante estas acciones, Salvador Montes Quintero considera que todavía hace falta mucho trabajo para disminuir la sensación de limitación que tienen los habitantes con respecto de los recursos naturales.
“Queremos fortalecer el apoyo que se proporciona a las comunidades interesadas en el aprovechamiento forestal sustentable dentro de sus terrenos. La idea es impulsar el desarrollo comunitario de una manera más puntual, en proyectos estratégicos que tengan impacto regional y que estos proyectos sirvan de ejemplo para la zona.”
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