La tarde del 17 de febrero, Sacramento Pérez Serrano fue asesinado de 153 balazos junto con sus tres escoltas, mientras circulaba por la avenida Ejército Nacional, en Ciudad Juárez. Fue el segundo director operativo de la Secretaría de Seguridad Pública aniquilado en menos de un año. El 10 de mayo su antecesor, Juan Antonio Román, fue igualmente abatido en el exterior de la casa de su madre, a donde llegó para celebrar una reunión familiar. Previo a los dos homicidios, en enero de 2008, Saulo Reyes Gamboa, un empresario de 36 años que llegó por recomendaciones de la iniciativa privada al mismo mando de la dependencia, quedó bajo arresto en El Paso, Texas, al pretender sobornar a agentes norteamericanos para que le dejaran introducir una tonelada de mariguana.
A la policía, plata y plomo
La policía municipal ha estado comprometida con la delincuencia organizada por lo menos las últimas dos décadas. En 1992, al asumir como alcalde, el panista Francisco Villarreal intentó modificar esquemas operativos en la institución, y no pudo. De hecho, su administración estuvo sometida en gran parte por intereses criminales, según me dijo el senador por Chihuahua Ramón Galindo, entonces director de Desarrollo Social. “Alguna vez nos preguntó (Villarreal) qué era lo que podía hacerse, y alguien le respondió: ‘recoger la basura’”. Galindo fue el alcalde sucesor de Villarreal. Una vez electo, en el verano de 1995, lo citó un abogado. Se vieron en un restaurante. La reunión fue para ofrecerle un maletín con dinero, enviado en aquel entonces por Amado Carrillo Fuentes. No lo aceptó, y la oferta fue directo con quien sería el próximo jefe de policía, un empresario llamado José Luis Reygadas Seyffert. “Tampoco aceptó el dinero”, me aseguró Galindo, “pero sí lo hicieron los capitanes”.
En la administración siguiente, a cargo de otro miembro del PAN, Gustavo Elizondo, la descomposición fue manifiesta. Los asesinatos y secuestros de agentes y oficiales se volvieron constantes, y nadie intervino con un principio de autoridad.
“Hay dos bandos dentro de la policía, y si se atienden las quejas de uno o de otro, puede ser que crean que ya se ha tomado partido. Así que lo mejor es mantenerse al margen”, me dijo Jorge Ostos Castillo cuatro días antes de abandonar el cargo como director de policía, en 2001.
La intimidación que logran agentes corruptos y criminales organizados es impresionante. Tras el asesinato de Juan Antonio Román, el secretario de Seguridad, Guillermo Prieto Quintana, abandonó el cargo de manera subrepticia. Se refugió al otro lado de la frontera para salvar la vida. Semanas más tarde, por recomendaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, el mayor retirado Roberto Orduña Cruz llegó al relevo. Entre enero y mayo, cuando ocupó la posición, doce agentes de la policía municipal habían sido asesinados. Pasaron nueve meses, y Orduña también fue obligado a renunciar, tres días después de que mataron a su jefe operativo.
La presión de los supuestos narcotraficantes fue inédita y contundente: colocaron cartulinas en las que se advertía que un agente de policía sería ejecutado cada 48 horas en caso de que no dimitiera. A la renuncia de Orduña, el 20 de febrero, el alcalde José Reyes Ferriz tomó el control operativo y 24 horas después recibió amenazas de muerte por la misma razón: le exigen que no favorezca a la organización rival.
Someter al cuerpo de seguridad pública en la principal ciudad del estado tiene una gran carga estratégica. Con ella se controla toda actividad social y política, algo que ocurrió los meses previos en los municipios circundan tes: Guadalupe, Praxedis, Ahumada y Ascensión, en donde las funciones de los alcaldes apenas alcanzan tareas de administración de sus oficinas.
Las condiciones de la violencia
Durante 2008 el municipio registró más de mil 500 homicidios. La mayoría tuvo implicaciones con el negocio de la droga, pero no todo se reduce al factor narcotráfico, por lo menos no de manera directa. En el año fueron asesinadas 87 mujeres, la cifra mayor en la historia local. El maltrato infantil creció también de manera exponencial, a razón de nueve casos denunciados por día, de acuerdo con datos del Departamento Social de la Secretaría de Seguridad Pública.
El miedo llevó a miles de mujeres y hombres a drogarse e ingerir alcohol dentro de las viviendas, lo que influyó decididamente en el fenómeno, según las mismas autoridades preventivas.
A la par que la violencia ejercida por criminales, militares y fuerzas de seguridad pública, los ciudadanos enfrentan el paulatino desgaste de la economía. En 1999, de acuerdo con informes del Instituto Mexicano del Seguro Social, 60 por ciento de la población registraba ingresos de entre uno y tres salarios mínimos. El indicador cambió drásticamente en cinco años, cuando 87 por ciento de los trabajadores quedaron dentro de ese rango salarial.
Juárez es el principal corredor industrial del país, gracias a las maquiladoras. Sin embargo, la depresión de 2001 las llevó a buscar nuevas plazas para reducir costos. Se mudaron a China, y ello produjo la pérdida de 98 mil empleos directos. El efecto público, más allá de la consolidación de sectores informales de la economía, fue el cambio en las políticas de construcción de vivienda y desarrollo urbano, lo que trajo consigo nuevos componentes de violencia y crimen.
A mediados de 2005 fue inaugurado Riberas del Bravo, un complejo con casas de interés social. Las 2 mil 500 viviendas que lo conforman son tan diminutas que en su recibidor no cabe un sofá de tamaño normal, y en la recámara apenas encuentra acomodo una pieza matrimonial. Tienen 38 metros de construcción. Son el prototipo de los nuevos fraccionamientos para la clase obrera, y en muy poco tiempo han concentrado la mayor proporción de delitos comunes, de acuerdo con estadísticas policiales.
En términos urbanos, el municipio mantiene grandes rezagos; pero uno de ellos enciende las alertas sociales desde hace años: la falta de espacios recreativos. La ciudad no dispone de áreas verdes suficientes. La proporción de parques respecto a Hermosillo, por ejemplo, es 35 veces menor. Juárez aloja menos del 5 por ciento de áreas verdes recomendadas por urbanistas. En materia educativa, la realidad es más precaria: se tiene un promedio de 7.5 grados de escolaridad. En las zonas de clase obrera ese rango oscila entre 4 y 5 grados, de acuerdo con el Instituto Municipal de Investigación y Planeación.
Del millón y medio de habitantes, menos del 16 por ciento acude a una escuela de nivel primario, dos puntos menos que el mínimo establecido por la Secretaría de Desarrollo Social como requerimiento básico. El porcentaje decrece conforme se eleva el grado académico. Comparativamente y en términos porcentuales, la segunda ciudad más importante del estado, Chihuahua, con la mitad de habitantes registra 38 por ciento más alumnos en el nivel secundario, 63 más en bachillerato, 117 en profesional y un apabullante 240 más en posgrado.
Los datos negativos se corresponden unos con otros. Más de la mitad de los egresados de una carrera profesional no encuentran empleo, lo que rompe viejos paradigmas. Hay una contradicción entre la cultura tradicional, que sostiene a la educación como la vía única para alcanzar un futuro mejor, y el discurso de la realidad, en el que los jóvenes no ven en la escuela un medio para alcanzar el éxito. Toda creencia de que estudio es sinónimo de progreso se pierde.
Los componentes de violencia y de falta de infraestructura académica son desalentadores no sólo para quienes logran concluir una licenciatura.
La expresión más terrible se encuentra en los niveles básicos.
La colonia Francisco I. Madero, en el norponiente de Juárez, es una zona de enormes rezagos en la que pandillas armadas y violentas lo mismo consumen que venden droga. En sus perímetros existen cuatro escuelas primarias con más de mil niños tocados por la barbaridad. En uno de esos planteles, llamado Constitución, Martha Arriola lleva 17 años al frente de la dirección. Durante ese tiempo ha testificado el cambio no solamente de un vecindario con carencias notables, sino la transición de una comunidad entera al pasaje más oscuro de la adversidad.
“A nivel del municipio estamos hablando del atentado al ser humano”, me dijo. “Y a esto se le puede sumar lo propio de las características de una periferia: escuelitas con alumnado en condición vulnerable”.
En esa primaria, 7 de cada 10 alumnos proviene de una familia desintegrada. La realidad de los hogares, en los que hay hacinamiento, violencia y adicciones, ha roto cualquier teoría pedagógica. Los niños no sólo son más precoces, sino agresivos: Lo más triste es que al llamar la atención a algún alumno por alguna mala conducta, mandamos hablar al papá, y el papá aparece con un peinado extraño, o con una actitud fuera de lugar: han llegado en estado alcohólico, por ejemplo, porque es lo que también ellos han experimentado.
La primaria ha sido escenario de balaceras, ha sufrido el robo de tuberías y tendido eléctrico, de aires acondicionados, todo ello producto de una contaminación absoluta. Las viviendas habitadas por los alumnos se transforman de noche en expendios de drogas, me relató la maestra:
Las características de los alumnos en situación vulnerable pueden fácilmente notarse, porque son distraídos, apáticos, actúan a la defensiva, son temperamentales, explosivos, irresponsables, cargan con una serie de hábitos ya muy acentuados de indiferencia a sus mismos potenciales, que de pronto se verán truncados, una vez finalizada la primaria, y encuentren como única fuente de trabajo la maquiladora.
El entorno es propicio para decantar jóvenes a la enorme bolsa laboral que ofrece la delincuencia. La expresión más brutal de ello pudo verse en 2008, con 460 menores de 25 años asesinados a tiros, en medio de una guerra que las autoridades atribuyen a bandas de narcotraficantes. Esa legión creció recelosa de instituciones, políticos y religiosos, absorbiendo impunidad y violencia.
Por todo ello, no hay discurso del poder que pueda enmascarar la triste realidad de Ciudad Juárez.
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