Navolato, Sinaloa, es una zona de guerra desde el 13 de mayo de 2008, cuando fue puesto en marcha el Operativo Conjunto Culiacán-Navolato, organizado por el gobierno federal con el fin de combatir el narcotráfico en esta región, tan vulnerada por el crimen organizado. Esta ciudad es escenario de uno de los despliegues militares más impresionantes en Sinaloa y el cual fue observado por los habitantes con temor e incertidumbre. Dio inicio con 2 mil 23 elementos activos de diferentes corporaciones: 433 agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); 740, de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP); 50, de la Procuraduría General de la República (PGR); 500, de la Secretaría de Marina, y 300 más, de la Policía Federal Preventiva (PFP), además de 3 vehículos aéreos y 129 terrestres. El operativo quedó a cargo del general Noé Sandoval Alcázar, comandante de la IX Zona Militar.

Como una medida más, en marzo, la SSP federal puso en marcha la utilización de aviones espías no tripulados, los cuales son manejados a control remoto, así como globos aerostáticos, con el fin de inspeccionar desde el aire Tijuana, Juárez y Culiacán, lo que ha permitido captar imágenes que sirven para realizar labores de inteligencia. Eduardo Laris McGregor, coordinador de Transportación Aérea de la PFP, informó que la adquisición consistió en cuatro aeronaves y cuatro globos aerostáticos difíciles de detectar que, además, cuentan con visión infrarroja para vuelos de reconocimiento nocturno.

GRAN RETO PARA EL GOBIERNO MEXICANO

A pesar de las acciones y medidas tomadas, esta batalla no es fácil para el gobierno mexicano, ya que se combate a dos de los cárteles de la droga más poderosos; por una parte, el Cártel de Juárez, que controla el tráfico de estupefacientes en 21 estados de la República Mexicana y fue fundado por Amado Carrillo Fuentes, alias “El Señor de los Cielos”, quien dejó como sucesor a su hermano Vicente Carrillo Fuentes, alias “El Viceroy”; por otra, el Cártel de Sinaloa, con presencia en 17 estados del país y dirigido por Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como “El Chapo”. Según información de la Agencia de Drogas y Narcóticos (DEA, por sus siglas en inglés), ambos cárteles suman más de 2 mil militantes activos.

Apenas iniciaba el operativo cuando un comando fuertemente armado, a bordo de varios vehículos, abrió fuego utilizando rifles de asalto AK-47 —mejor conocidos como “cuernos de chivo”— y arrojó dos granadas de fragmentación contra las instalaciones de la Policía Ministerial de Navolato. De inmediato se dio la movilización militar, a la que acudieron más de 100 elementos entre soldados y agentes federales, pero no resultó exitosa, pues no se consiguió la captura de los agresores.

A dos meses del inicio del operativo, ya se observaba un desplazamiento de los grupos de la delincuencia organizada a municipios como Guasave y Salvador Alvarado, en donde los índices de ejecuciones se incrementaron, lo cual fue reconocido por el delegado de la PGR en el estado, Miguel Ángel Campos Ortiz. No obstante esto, el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, afirmó que, aunque no pareciera, México iba ganando la lucha contra el narcotráfico, lo cual, en ese momento, fue recibido con escepticismo por el pueblo mexicano.

Al inicio del operativo, se vivieron intimidaciones y desafíos a través de las llamadas narcomantas: “Soldaditos de plomo, federales de paja, aquí es territorio de Arturo Beltrán. Gobiernos y todo lo que se atraviese lo quito. Atentamente, Arturo Beltrán”. Era un asunto cotidiano. Perola amenaza no ha desaparecido: hace poco, dos tenientes de inteligencia militar fueron ejecutados en Ciénega de Escobar, cerca de Guanaceví, Durango. Los cuerpos presentaban disparos de “cuernos de chivo” y fueron abandonados con un narcomensaje dirigido a gobiernos y sacerdotes: “Con ‘El Chapo’ no van a poder ni gobiernos ni sacerdotes”, muestra clara de que los capos no están dispuestos a ceder ni un ápice de terreno.

LA OPINIÓN DE LOS FUNCIONARIOS

El subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial, Facundo Rosas, señaló que, durante esta fase del operativo, se fortalecierían las acciones de inteligencia y operación en coordinación con las autoridades locales y se tomarían acciones adicionales para atender la problemática de violencia surgida por este operativo, por lo que solicitaba el apoyo de la ciudadanía para realizar denuncias que facilitaran la localización de integrantes del crimen organizado.

En contraparte, el diputado federal Manuel Cárdenas Fonseca calificó de cobarde a la vocería de la operación por culpar a los ciudadanos de no señalar al narco, pues ¿cómo pueden realizar dicha solicitud cuando el Estado no ha brindado protección alguna para garantizar la integridad física de los denunciantes? Por ello, Luis Cárdenas Fonseca, hermano del procurador general de Justicia del estado, exhortó a la ciudadanía a brindar un mayor apoyo, a través de denuncias anónimas, con la finalidad de garantizar su propia seguridad.

LAS TIERRAS, PARA QUIEN LAS TRABAJA

A simple vista, se notan la inconformidad y quejas que el operativo ha causado. Claro ejemplo de ello fue el anuncio por parte del secretario de la Reforma Agraria, Abelardo Escobar Prieto, sobre la reasignación de tierras provenientes del narco: “Se cometería un error, se volvería a incurrir en el pasado si se reasignan ranchos y tierras agrícolas incautados por las autoridades federales por actividades ilícitas ligadas al narcotráfico”. Casos como éstos ocurrieron en el sexenio del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, cuando fueron confiscadas tierras de cultivos ilícitos y entregadas a campesinos para que las trabajaran: a la fecha, ese reparto es causa de conflictos muy serios, ya que juicios legales han obligado a devolver las tierras a los dueños originales aun cuando ya se encontraban en posesión de los campesinos y éstos las trabajaban. El funcionario también comentó que ya existe una iniciativa que busca que las tierras decomisadas al narcotráfico se vuelvan pertenencia del gobierno federal.

Los efectos de la colaboración entre elementos de la PFP y la PGR se han hecho patentes. El gabinete de Seguridad Nacional dio a conocer los resultados de los operativos Culiacán- Navolato y Sierra Madre obtenidos hasta enero de 2009: se decomisaron más de 6 toneladas de marihuana, 642 kilogramos de cocaína, más de 17.2 millones de dólares, 6.6 millones de pesos, 895 euros y 5 mil reales colombianos, además de 4 mil 878 kilogramos de marihuana, 70 de semilla de este vegetal, 19 de cocaína y 132 gramos de cristal. También fueron desmantelados 12 locales entre laboratorios, invernaderos y secaderos, 85 armas, 189 cargadores, 19 mil 37 cartuchos, 5 granadas, mil 400 vehículos irregulares, 170 automóviles, 29 tractocamiones, 41 cajas de tráiler, 2 camiones de volteo blindados, una camioneta Hummer, 6 tractores, 2 trascavos, 6 remolques, 28 motocicletas y un helicóptero.