14 estados Lideran siembra de enervantes

En 2014, la Sedena erradicó 14 mil 331 hectáreas de cultivos de amapola y 4,400 de marihuana en 379 municipios del país

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FOTO: FÉLIX MÁRQUEZ /CUARTOSCURO

En México existe una región conocida como el Triángulo Dorado del Narcotráfico, que es donde colindan los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango. Esta zona presenta características apropiadas de humedad, temperatura y suelos adecuados para la producción de cultivos ilícitos. Pero la siembra de enervantes como la marihuana y la amapola no se limita a dicha región, sino que se ha extendido a estados como Guerrero, Nayarit, Jalisco, Michoacán y Oaxaca.

La frontera de México con Estados Unidos, el principal país consumidor de estupefacientes pone al país en una situación complicada, ya que en territorio mexicano se ubican los tres eslabones de la economía ilícita de drogas (consumo, producción y tráfico). Si atendemos a las cifras dadas a conocer por la Comisión de Estupefacientes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en 2012 se registraron 1,278 enfrentamientos en los cuales las drogas ilícitas se identificaron como la causa que originó el conflicto.

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FOTO: ÓSCAR ALVARADO/CUARTOSCURO

En ese año, la UNODC anunció el arranque de un sistema de monitoreo de cultivos ilícitos en México, con el objetivo de generar estadísticas más precisas sobre la siembra de marihuana y amapola.

Dicha institución todavía trabaja en el monitoreo y análisis de datos, cuyos resultados serán puestos a disposición de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina (Semar), de Relaciones Exteriores (SRE) y de la Procuraduría General de la República (PGR). No obstante, la UNODC ha adelantado algunos datos que revelan que la mayor superficie de producción de marihuana y amapola se ubica en municipios de los estados de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Veracruz, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

De acuerdo con cifras de la Sedena, en gran parte de los municipios de la franja costera del Pacífico, desde San Luis Río Colorado, Sonora, hasta Ayutla de los Libres, en Guerrero, se localizaron sembradíos de marihuana. Asimismo, en la zona conocida como Tierra Caliente de Guerrero y Michoacán, se han intensificado los cultivos ilícitos. En Michoacán, en los municipios de Aguililla y Coalcomán, se han detectado plantíos que abarcan casi 2 por ciento de su superficie. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reporta que, desde 2008, se duplicó el número de hectáreas de cultivo de amapola: pasó de 6,900 hectáreas a 15 mil, en consecuencia, la producción aumentó de 150 toneladas a más de 325.

AGRICULTORES VULNERABLES

Según información hecha pública por la Sedena mediante una solicitud de información, en 2014 fueron erradicadas 14 mil 331 hectáreas de de amapola y 4 mil 400 hectáreas de marihuana, en 379 municipios de 20 estados del país. Guerrero —que de acuerdo con datos de dicha institución produce más de 60 por ciento de la amapola y goma de opio en el país— y Chihuahua fueron las entidades con más hectáreas de amapola detectadas y destruidas por militares: 4,964 y 4,463, respectivamente. Sinaloa fue el estado con más plantíos destruidos de marihuana: 1,334, seguido por Chihuaha, con 1,297 hectáreas.

zonas productorasEn cuanto a número de municipios con sembradíos erradicados de marihuana y amapola en ese año, Oaxaca se ubicó a la cabeza, con 120, seguido de Guerrero, con 48.

Laura Atuesta, investigadora de la Cátedra Conacyt del Programa Políticas de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), explica que el incremento en la superficie de cultivos ilícitos responde en gran medida a la condición vulnerable de los agricultores.

“Existen dos mecanismos para que un productor opte por los plantíos ilegales, uno es por el exorbitante beneficio económico al tratarse de un mercado negro que genera ganancias que con la siembra de maíz u otro producto no tendrían, y el segundo es por la violencia: en sitios donde el estado de derecho no tiene presencia, son obligados a cultivar amapola con tal de que no se les haga daño a ellos y sus familias”, refiere.

CAMBIO DE ESTRATEGIA

Aram Barra, oficial del Programa Latinoamericano para la Reforma de la Política de Drogas de México Unido Contra la Delincuencia, apunta que el país “ha tenido que pagar los costos de la estrategia prohibicionista que se ha caracterizado por la violación constante de los derechos humanos, sobrecarga de los sistemas de salud y de justicia, más de 100 mil personas muertas y más de 20 mil desaparecidos en los últimos años. El paradigma vigente es insostenible y la estrategia contra las adicciones tiene que plantear intervenciones más efectivas y eficientes”.

Los especialistas coinciden en que la debilidad en las instituciones y los altos índices de pobreza empujan a los agricultores a dejar la producción legal e inclinarse por el cultivo de drogas, ya sea por las altas ganancias que genera o por motivos de seguridad.

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Laura Atuesta / FOTO: CORTESÍA DEL CIDE

Laura Atuesta señala que la política hacia las drogas tiene que atravesar por el terreno de la legalización, ya que en el momento en el que éstas pierden el carácter de ilegal se disminuye el costo y los beneficios económicos para los cárteles. Asimismo, al disminuir el precio de los enervantes, los agricultores tendrán menores incentivos para arriesgarse y podrán optar por cultivos de otro tipo que les reporten las mismas ganancias.

“Por ejemplo, si producir amapola genera las mismas ganancias que cultivar café, ya tienen opciones para decidir”, asegura la investigadora y añade que al tratarse de un tema del orden federal, los municipios quedan vulnerables ante las presiones de los narcotraficantes, los cuales, por lo general, disponen de más recursos y de mejor equipo que las policías locales.

Vidal Llerenas, diputado federal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), sugiere “entrar al debate de la legalización o la regulación para impulsar ideas más ambiciosas a nivel federal, como reconocer el uso médico de la marihuana, reclasificar su uso, ampliar las cantidades de portación y dar a las entidades la capacidad de regular su uso. Esto ayudaría a conseguir información precisa sobre el consumo y producción en México que hasta el momento no cuenta con indicadores que permitan hacer diagnósticos precisos sobre el impacto en la salud”.

Llerenas explica que buscará impulsar en la Cámara de Diputados una propuesta de ley que contribuya a establecer opciones reguladas para grupos de consumidores de marihuana, ofrecer espacios seguros y lugares para realizarse exámenes médicos y donde se pueda proporcionar de manera adecuada toda la información sobre los riesgos de consumo de cannabis.

Por su parte, Aram Barra destaca las experiencias de algunos países sudamericanos. “En Bolivia, por ejemplo, la regulación en la siembra de hoja de coca ha logrado que la producción disminuya en 30 por ciento, estableciendo límites en cuanto a la superficie destinada a este producto. En Uruguay ya se garantiza que la marihuana que se consume en el país sea de buena calidad y que existan cifras exactas sobre su producción; mientras se mantenga en la ilegalidad, no se puede saber exactamente en dónde se siembra ni cuánto se produce, y eso es un grave problema”, concluye.

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