Próximamente,pesadilla en las cuentas de gobierno

Publicado Por

Pablo Escudero

Entre la espada y la pared se encuentra 70 por ciento de los 2 mil 440 municipios que hay en el país porque no están preparados para cumplir con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y si no la ponen en práctica, podrían ser sancionados con penas administrativas y penales que contemplan multas y la inhabilitación de funcionarios hasta por 20 años.

Esta Ley fue aprobada por el Congreso de la Unión en 2008 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de ese mismo año, con el objetivo principal de garantizar transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos que se distribuyen en los tres niveles de gobierno.

Un análisis de la situación administrativa municipal en México, que se hizo a solicitud de la Cámara de Diputados, determinó que siete de cada diez municipios no cuentan con la infraestructura necesaria para emitir la información financiera que exige la Ley, la cual debe aplicarse antes de que termine 2012, como tiempo límite.

Otro de los principales problemas a los que se enfrenta la aplicación de la normatividad es la gran cantidad de ayuntamientos que se catalogan como muy pobres, que no tienen los recursos suficientes ni siquiera para pagarle al presidente municipal, ni a sus regidores o a sus síndicos, por lo que tampoco tendrán el presupuesto suficiente para invertir e implementar la propuesta. Y es que, a lo primero que tendrán que enfrentarse las autoridades, es a la contratación de especialistas que les expliquen cómo armonizar su contabilidad con las cuentas estatales y de la Federación. También está el problema que significará adecuar los sistemas indígenas de administración municipal que están debidamente reconocidos por la Constitución y que en la actualidad representan una importante cantidad de regímenes administrativos locales.

TORMENTA A LA VISTA

EStricta vigilanciaAnte este panorama, legisladores, analistas y contadores coinciden en que los municipios no están preparados para cumplir con la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Los gobiernos locales parecen estar muy lejos de la aplicación de una legislación de este tipo —ideal para el buen funcionamiento de las administraciones y el ejercicio de sus presupuestos con claridad—, dadas las condiciones de la mayoría de las alcaldías.

“Consideramos que no están preparados, y el principal obstáculo para la aplicación del ordenamiento, que tiene como objetivo la armonización contable entre el gobierno Federal, estatal y municipal, es que no todos los entes de la administración pública a los cuales está dirigido lo entienden”, menciona Pablo Escudero, presidente de la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados.

“En principio, los estados y municipios piensan que al tratarse de un ordenamiento emitido por el Congreso de la Unión, éste sólo confiere obligaciones al orden Federal, lo que rompe con su aplicación, y los municipios no se someten de inicio a la armonización y coordinación que establece el Artículo Primero de la misma Ley. No obstante, consideramos que esto podría combatirse, con un correcto y preciso programa de explicación a los ayuntamientos y gobiernos locales”, comenta.

Marco Antonio Esquivel, vicepresidente del Sector Gubernamental del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) y coordinador del grupo de trabajo de contabilidad gubernamental que analiza esta ley, advierte por su parte, que los resultados no son los esperados.

“La Ley General de Contabilidad Gubernamental se esperaba ya en todo el país, y la realidad es que la hemos trabajado desde hace muchos años —particularmente desde 1996, cuando se realizó el primer programa de armonización— sin los resultados deseados, porque faltaba una posición real que obligue a los entes públicos de los tres órdenes de gobierno a tener una contabilidad armonizada, tanto en la parte patrimonial como en la parte presupuestal. Hay algunos estados y municipios que ya están en un esquema armo- Pablo Escudero. Marco Antonio Esquivel. nizado, pero la gran mayoría no lo está”, expone.

Respecto a cómo harán los ayuntamientos para acatar las nuevas disposiciones, el especialista del IMCP considera que uno de los retos será la difusión y capacitación acerca de las normas aprobadas para que las puedan cumplir en su totalidad. Adicionalmente, detalla que en la actualidad, muchos de los municipios registran sus operaciones de diversas formas, pero a partir de 2012 tendrán que hacerlo de una manera armonizada.

Pablo Escudero reconoce que el tema es complejo, toda vez que cerca de 70 por ciento de los municipios del país —2 mil 440 localidades, de acuerdo con el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal— no tienen los recursos suficientes para aplicar la iniciativa. Por ello, será necesario que la Federación destine una partida presupuestal especial, que tenga en principio dos objetivos fundamentales: primero, capacitar a las autoridades administrativas de los municipios en la implementación de la norma; y segundo, proveerles del presupuesto que les permita obtener los recursos materiales y humanos para su debida implementación.

RETRASO INMINENTE

OfiEl diputado Escudero indica que frente al gran número de cambios que establece la Ley, es necesario el apoyo de expertos no sólo en materia presupuestaria y de contabilidad, sino de sistemas informáticos, mejoras de procesos legales y fiscales, sin dejar de lado que se deberán asignar recursos a estas áreas, para una debida recopilación y análisis de la información.

“Consideramos sin temor a equivocación, que la aplicación correcta de la Ley puede retrasarse hasta dos años de su tiempo originalmente contemplado”, indica.

El tiempo apremia y las autoridades locales trabajan a marchas forzadas para capacitarse, con el apoyo de otras instituciones, indica Marco Antonio Esquivel.

Sobre los efectos de la Ley en los ayuntamientos, los expertos señalan que esta iniciativa facilitará el registro y fiscalización de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y del gasto municipal; al tiempo que se establecen los mecanismos para evaluar la eficacia y eficiencia del gasto público de la administración, el control de la deuda pública y la evaluación de las obligaciones contingentes y patrimonio del municipio.

Aseguran que esto se traducirá también en un beneficio directo al control administrativo y presupuestario de la misma entidad, y por ende, habrá de reflejarse en una mejor distribución de los recursos federales al prepararse el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del año siguiente.

Uno de los efectos principales en términos de transparencia, es aumentar sustancialmente la claridad en la rendición de cuentas del presupuesto asignado al estado, y en lo particular al municipio, como un primer objetivo, y en consecuencia, incrementar el gasto público al conocer cómo se han utilizado los recursos distribuidos.

Si la normatividad se aplica a cabalidad, la sociedad tendrá información precisa, oportuna y transparente, así como los medios para exigir cuentas de sus gobiernos. La Ley General de Contabilidad Gubernamental representa uno de los avances más importantes de las últimas fechas en lo que a fiscalización presupuestaria se refiere.

CUENTA REGRESIVA

FoldersLa Ley tiene como fecha límite de aplicación, en los municipios, el próximo diciembre de 2012, para que se pueda lograr una armonía contable de los tres órdenes de gobierno. Al respecto, la realidad no es muy alentadora, ya que sólo 30 por ciento de los ayuntamientos podrá llevarla a cabo para el próximo año, mientras que el resto enfrenta problemas financieros tan grandes que no podrán sumarse a este ejercicio legal.

Para la administración pública en general, la Ley y los mecanismos que busca implementar serán un instrumento clave en la toma de decisiones del ejercicio del gasto público, al conocer cómo, cuándo y dónde se utilizan los recursos que se ejercen en el cumplimiento de los objetivos y programas de gobierno, menciona Escudero. Además, se da respuesta a la necesidad de contar con información que permita superar la diversidad conceptual, normativa y técnica que prevalece en la información financiera y presupuestaria de las entidades públicas.

Lo cierto es que aún con todas sus buenas intenciones, el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental parece una ilusión para la mayoría de los municipios, que si no logran informarse y contar con los recursos para aplicarla, tendrán que solicitar una prórroga al Congreso, y si éste no acepta, entonces: ¿se deberá de sancionar a casi todos los municipios mexicanos por no haber logrado una rendición de cuentas públicas armonizada?

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