La fuerte dependencia respecto de las participaciones federales, así como sus estados financieros deficitarios, han vuelto urgente la necesidad de que los gobiernos estatales y municipales encuentren fórmulas para recaudar mayores ingresos.
El estado de cosas es tal que Monterrey, Nuevo León, depende en 70 por ciento de los Fondos Participables; en tanto que Guadalajara, Jalisco, y Saltillo, Coahuila, integran 50 por ciento de sus presupuestos con recursos de la Federación, asegura Ramón Galindo Noriega, senador por Chihuahua.
La aplicación de un impuesto a las ventas finales en servicios y mercancías es una de las fórmulas para que las entidades federativas incrementen su recaudación tributaria. Humberto Suárez López sabe de lo que habla, actualmente es asesor en temas fiscales, pero durante dos sexenios tuvo a su cargo las finanzas del estado de Michoacán. Asegura que todos los estados deben aplicar un impuesto a las ventas finales, en pleno uso de sus atribuciones legales y previa modificación en su miscelánea fiscal anual. Refiere que “es una corresponsabilidad de las entidades federativas. No se trata sólo de gastar dinero, sino de generarlo”.
El también ex coordinador de funcionarios fiscales agrega que un impuesto a las ventas de 3 por ciento le daría a Michoacán aproximadamente 3,600 millones de pesos, lo cual implicaría un ingreso adicional de 25 por ciento respecto de las participaciones. Sin embargo, Humberto Suárez aclara que una condición para garantizar el cobro de un impuesto a las ventas finales es que todos los gobiernos lo apliquen.
Enrique Ramírez Figueroa, presidente del Comité Fiscal Nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), coincide con Suárez en el sentido de que dicho gravamen puede generar problemas de competitividad.
Si una entidad federativa decide instrumentarlo en su territorio y el estado colindante no lo hace, entonces la población puede migrar para hacer la despensa donde no hay ese impuesto. Sin embargo, Ramírez Figueroa comenta que el gobierno de Querétaro ha sido el primeroen instrumentar este esquema.
ESCASAS PARTICIPACIONES
David Colmenares Páramo, consultor independiente en temas de hacienda pública y coordinación fiscal, afirma que uno de los problemas de fondo es que las participaciones federales son insuficientes, además de que no han crecido en términos reales. Comenta que en 1998 se integraron en un solo Ramo Presupuestal (el 33) transferencias de gasto federal condicionado, destacando los recursos de educación y salud, de los cuales el primero ha generado grandes déficits en los estados, pues sólo se les pasaron los servicios administrativos.
“El problema es la insuficiencia de las transferencias, al grado de que al cierre de 2010 éstas fueron casi 10 por ciento menores en términos reales a los niveles de 2008, sin excedentes petroleros y con impuestos como tenencia e hidrocarburos condenados a desaparecer en 2012”, destaca Colmenares, también ex presidente del Colegio Nacional de Economistas.
Ramón Galindo Noriega, presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal del Senado de la República, considera que la situación financiera de varios municipios del país es tan grave que puede hablarse incluso de quiebra. Para muestra: alcaldes de 20 entidades adeudan 580 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El tercer trimestre de 2010, la deuda de esas entidades equivalía a 63.2 por ciento de las participaciones federales que recibieron.
Lo que procede es iniciar el debate para solucionar la forma en que las alcaldías puedan tener más atribuciones, para que sean menos dependientes y no toda la discusión se vaya en solicitar más y más dinero de la Federación, sostiene el senador y agrega que “la política mexicana ha hecho débil y dependiente” al municipio en el país. Incluso hay al menos unos 500 municipios que no 
recaudan un peso.
Por lo pronto, desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) surge un pronunciamiento para que las entidades federativas instrumenten el impuesto a las ventas finales. “Lo importante es que exista la potestad y el que la necesite que la cobre”, dice Carlos Garza Ibarra, titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, quien estima que “sí es algo que hay que explotar”.
La necesidad de tener más recursos frescos y propios se vuelve un apremio para los gobiernos estatales y municipales. El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados informa que, en los últimos ochos años, los impuestos recaudados por los gobiernos estatales representaron tan sólo 0.29 por ciento del PIB.
TENENCIA LOCAL
Otras alternativas de recaudación, que no necesariamente exigen reformas legales, consisten en que los municipios actualicen sus sistemas catastrales para elevar la captación del impuesto predial, el cual es una mina no aprovechada en México, sostienen expertos en finanzas públicas locales.
También mencionan la tenencia local, ampliar el impuesto cedular, gravar las herencias y el capital especulativo, mejorar la administración del impuesto a la nómina y tener una mejor fiscalización del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en pequeños comercios, para contar con recursos y solventar el gasto.
A partir de este año, 15 entidades federativas derogaron el impuesto a la tenencia federal, para imponer un tributo local. Entre ellos se encuentran Baja California, Nuevo León, Oaxaca, Durango, Tabasco, Sinaloa y Puebla, que comenzaron a cobrar un impuesto sobre la tenencia y uso de vehículos hasta de nueve años.
Según el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (Indetec), Este cambio dará a las entidades federativas un total de 3,406 millones de pesos.
Aguascalientes, Campeche, Colima, Chiapas, Guerrero, Nayarit, Querétaro y Yucatán son otras entidades que ya aplican una tenencia local. El impuesto local sobre tenencia de vehículos de hasta 10 años representa 34.4 por ciento de la recaudación estatal.
En opinión de Garza Ibarra, funcionario de la SHCP, es fundamental que los gobiernos locales cobren el impuesto a la tenencia porque se necesitan recursos públicos para hacer obra, combatir la pobreza y apoyar la educación. Tan sólo en 2010, la tenencia generó una recaudación de 18 mil 997 millones de pesos y para 2011 se espera una cantidad similar.
Edgar Abraham Amador Zamora, subsecretario de Planeación Financiera del gobierno del Distrito Federal, expone que el gobierno capitalino realiza un análisis serio sobre lo que pasará con el cobro de tenencia –luego del decreto presidencial que deroga el impuesto—, el cual deja a la administración local 4 mil millones de pesos. Esto debido a que la tenencia sirve para fi nanciar el transporte público de la Ciudad de México.
Garza Ibarra considera que en México se debe avanzar en nuevas potestades, pero la tenencia debe seguir cobrándose para que los gobiernos locales cuenten con recursos. “A partir del primero de enero de 2012 vamos a encontrar que la tenencia dejará de ser un impuesto federal y veremos algunos estados que sí van a cobrar la tenencia local y otros no. Ese va a ser un experimento importante para ver si México puede avanzar en nuevas potestades”, expone Garza Ibarra.
El Indetec agrega que en 2011, las administraciones estatales tendrán ingresos propios que sumarán 114 mil 48 millones de pesos, los cuales representan una décima parte de los que obtendrán de la Federación.
La fuente de ingresos más importante para los gobiernos locales este año será el impuesto a las nóminas que, en promedio, representa 62 por ciento de la recaudación estatal. Sin embargo, el presidente de la Academia Fiscal Mexicana, Pedro Carreón, sostiene que el impuesto a las nóminas no es la mejor manera de recaudar, porque a quien se grava es a los empresarios. “Si quieren un impuesto sobre los ingresos debería ser un impuesto a las personas que radican en ese lugar por los ingresos que obtienen para que finalmente sean las empresas las que crezcan”, comenta el fiscalista.
PREDIAL, LA CARA FEA
Humberto Suárez considera que los gobiernos municipales deben asumir su responsabilidad de mejorar su recaudación. “Yo tengo la percepción de que los municipios han crecido sus ingresos, pero más su gasto corriente”.
En México, la recaudación por el impuesto predial es equivalente a 0.2 por ciento del PIB, mientras que en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es de 2 por ciento en promedio.
La Secretaría de Hacienda expone que, de cada peso que el gobierno recauda, 78 centavos son transferidos y gastados directamente por los gobiernos de los estados y municipios. Amador Zamora, el funcionario del gobierno capitalino, asegura que el Distrito Federal cobra 45 por ciento del predial en el país. “Es algo muy preocupante. En Estados Unidos, la recaudación por predial financia toda la educación pública. Aquí las entidades del país no son tan eficientes para cobrar el predial como lo hace el Distrito Federal, porque hace falta actualizar el padrón, emitir boletas, crear conciencia entre los contribuyentes y tener un buen sistema administrativo.”
Según la SHCP, los recursos que entrega la Federación a las entidades federativas representan 85 por ciento de los ingresos locales. Pedro Carreón sostiene que los únicos gobiernos con una estructura fiscal sólida en predial son el Distrito Federal y el Estado de México. “Los demás han dejado caer su hacienda estatal. Se necesita una reforma en predial”, agrega el también fiscalista de PricewaterhouseCoopers.
Contrario a lo dicho por las autoridades hacendarias, Silvano Aureoles, senador por el PRD, dice que de cada peso que recauda el Estado mexicano, sólo le llegan tres centavos especialmente a los gobiernos municipales, recursos que no alcanzan siquiera para pagar la nómina. Lamenta que, tras 15 años de autonomía municipal, se les han quitado facultades a los ayuntamientos y por eso “son incapaces de resolver sus problemas”.
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