Acceso a la información, todo un reto

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La estrategia para la rendición de cuentas apunta a la construcción de alianzas entre organizaciones de la sociedad civil para atajar la opacidad desde el ámbito normativo, institucional y de la práctica política

Oficina transparencia

FOTO: CORTESÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE TLAJOMULCO

Hoy día, discutir la democracia también significa hablar sobre esquemas de participación, deliberación, transparencia, rendición de cuentas y la construcción de espacios públicos en donde se cumplan estas condiciones. Pero nada de esto es posible si la información con respecto a lo que hace el gobierno sobre los asuntos públicos no es accesible a la ciudadanía.

El ejercicio del derecho de acceso a la información (DAI) es fundamental para la consolidación democrática, ya que facilita la construcción de espacios deliberativos y de participación entre sociedad y gobierno, donde existe un gran flujo de información, sin obstáculos. El DAI es un derecho fundamental reconocido por instrumentos internacionales; en México se encuentra protegido por el Artículo 6º constitucional. Además, existen 33 leyes de transparencia que desarrollan las bases para su protección en todo el país.

También es un derecho “llave”. Esto quiere decir que permite el ejercicio de otros derechos al dotar a la persona de información fundamental para el ejercicio y defensa del derecho en cuestión, ya sea salud, educación, participación, justicia, etcétera.

EL DESAFÍO ES LOCAL

En los ayuntamientos se da el contacto inmediato entre sociedad y gobierno, es en ese ámbito donde se satisfacen las necesidades más apremiantes de la vida en comunidad. Sin embargo, en términos de acceso a la información, los municipios son los que más problemas tienen para transparentar su quehacer, son el eslabón más débil. A pesar de ello, existe un piso mínimo legal para transparentar la gestión local, que en pocas ocasiones es satisfecho.

Los gobiernos municipales son sujetos obligados de la transparencia. Sin embargo, cabe hacer una distinción, ya que obligaciones de diseño institucional, como lo es contar con una unidad de transparencia y con un sistema de solicitudes de información electrónico, es solamente aplicable en una población mayor a 70 mil personas.

Pero existen obligaciones específicas que sí son aplicables a todos los municipios, como lo es la entrega de información solicitada a través de sus propias unidades de enlace o del órgano garante de la transparencia de cada entidad federativa y, sobre todo, cumplir con obligaciones de transparencia proactiva, que es aquella información que debe estar a disposición de las personas sin que medie solicitud de ésta.

Los retos de los ayuntamientos van desde las capacidades técnicas para la creación y gestión de documentos, hasta el propio diseño institucional que promueve prácticas poco democráticas.

Por ejemplo, hoy día es complicado acceder a información sobre el ejercicio de los recursos públicos, si bien en algunos casos entregan datos de gastos, no informan específicamente a qué se destina, por lo cual resulta muy difícil, casi imposible, hacer un ejercicio de monitoreo y evaluación del municipio.

La tarea está en la construcción de marcos normativos que ayuden a incrementar el piso mínimo sobre el cual los municipios están obligados a transparentar su gestión, pero también en el fortalecimiento de las capacidades municipales y en una mayor permeabilidad de la cultura de la transparencia a nivel local.

ASOCIACIONES CIVILES VS OPACIDAD

Diversas organizaciones de la sociedad civil se han dado a la tarea de diagnosticar la transparencia municipal; dos ejemplos son el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y el Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra), con la construcción de índices enfocados a evaluar qué tan transparentes son los ayuntamientos en México. Ambos estudios, con sus respectivas diferencias, muestran bajas calificaciones para la mayoría de los gobiernos medidos.

Especialmente el tema presupuestario ha sido una preocupación para organizaciones como el Imco, que señalan la dificultad de acceder a información mínima para poder ejercer acciones de evaluación o contraloría social por la propia población. También se indican obstáculos en el ejercicio del DAI debido a fallas en el proceso de acceso a la información, no necesariamente por un mal diseño, sino por malas prácticas de la autoridad en la entrega de datos.

Otro grupo de organizaciones han enfocado sus esfuerzos por transparentar gobiernos en el ámbito municipal, como lo es el Plan Estratégico de Juárez (PEJ), quienes más allá de medir qué tan transparente es su gestión, caminan hacia la apertura de información para la construcción de espacios abiertos al diálogo entre sociedad y gobierno.

Recientemente publicaron una evaluación sobre los avances en la implementación del Plan Municipal de Desarrollo de Ciudad Juárez 2013-2016, en donde lo más notorio fue la nula publicación de información por parte de la administración municipal.

AVANCES Y PENDIENTES

El ejemplo anterior, así como los hallazgos de los índices de medición, dejan claro que aún nos enfrentamos a grandes retos en la construcción de una gestión municipal transparente y garante del derecho de acceso a la información. Pero también nos dan muestra de algunos avances, que no son menores.

Cada día hay mayor interés por parte de los gobiernos municipales de construir espacios públicos y participativos de interacción franca y abierta con la población; ejemplos de ello son los comités de contraloría social en la obra pública de Hidalgo o el Consejo Ciudadano de Desempeño Gubernamental en Puebla.

Al mismo tiempo, cada vez encontramos ejercicios puntuales por parte de las organizaciones para transparentar los municipios, como lo es el caso de Regidor19 en Juárez. Pero cabe decir que no siempre estos espacios tienen continuidad en el tiempo, comúnmente por falta de compromiso de las autoridades municipales.

El reto para quienes nos dedicamos a la transparencia siguen siendo los municipios; la estrategia adecuada parece indicar la construcción de alianzas entre organizaciones de la sociedad civil en los diferentes ámbitos y de esta forma atajar la problemática desde el ámbito normativo e institucional pero también de práctica política.

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