Afores para obra pública, desaprovechadas

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La manera en que los gobiernos pueden financiar su infraestructura a través de las Administradoras, es mediante la correcta estructuración de proyectos que atraigan a los inversionistas

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FOTO: GUILLERMO PEREA/CUARTOSCURO

La inversión en infraestructura en el país ha crecido en los últimos años gracias a los recursos generados a partir de distintas fuentes de financiamiento, sin embargo, no es suficiente para atender las necesidades de los gobiernos locales, prueba de ello es que un estado en México gasta en promedio 10 por ciento de su presupuesto en infraestructura, mientras que uno en Brasil, por ejemplo, destina entre 20 y 30 por ciento.

De acuerdo con Francisco Vázquez- Ahued, analista de gobiernos subsoberanos de la calificadora Moody’s, los gobiernos municipales cuentan con mecanismos de inversión en este ramo a través del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), lo cual cubre lo concerniente a infraestructura básica; otros firman convenios de inversión directamente con el Gobierno Federal.

También recurren al endeudamiento, el cual se concentra en tres rubros principalmente: el gasto corriente, el repago de la deuda —para pagar proyectos de infraestructura— y los créditos de infraestructura vigentes.

Igual que los esquemas antes mencionados, existen otros tipos de financiamiento, como las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores). Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en México, hasta el 30 de junio de 2015, se había administrado 14.1 por ciento de los fondos de pensión con relación al producto interno bruto (PIB) del país.

TIPO DE INVERSIÓN

Las Afores realizan inversiones en instrumentos como los Fideicomisos de Inversión de Bienes Raíces (Fibras) y los Certificados de Capital de Desarrollo (CKD, por sus siglas en inglés). En este último instrumento, y de acuerdo con datos de PricewaterhouseCoopers (PwC), hasta diciembre de 2015 se realizó una emisión de 191 mil millones de pesos (mdp), de la cual se estima que aproximadamente 34 por ciento sea invertido en proyectos de infraestructura.

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Francisco Vázquez-Ahued.
FOTO: ROSALÍA MORALES

Un ejemplo de ello es que en septiembre de 2015 la Caja de Depósito e Inversiones de Quebec (CDPQ) y la firma fiduciaria CKD Infraestructura México (CKD IM) —que agrupa a las Afores XXI Banorte, Sura y Banamex, entre otras— anunciaron una inversión cercana a los 35.1 mil mdp durante los próximos cinco años, con lo cual pretenden impulsar proyectos de infraestructura en México.

No obstante, Vázquez-Ahued comenta que a nivel municipal este tipo de inversión se limita a obras menores como las hidráulicas, la instalación de parquímetros, entre otras. “Este tipo de inversiones hacen proyectos de construcción en alianzas con el Fonadin y otros órganos, sin embargo, en los ayuntamientos que califica Moody’s no existe ninguno que eche mano de este tipo de inversión.”

A su vez, José Ignacio García de Presno, socio líder de Infraestructura de la consultora KPMG, afirma que los vehículos de inversión de este tipo sí se están echando a andar pero no directamente con el municipio, más bien, participan a través de las empresas desarrolladoras.

Ante este escenario, el especialista de KPMG refiere que ha habido reformas, la creación de leyes (como la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios) y la regulación a los marcos normativos, con el fin de fortalecer la participación de estos fondos en infraestructura. En ese tenor, Vázquez-Ahued enfatiza que la necesidad de impulsar este tipo de financiamiento es imperante, no sólo para los municipios, sino para el país en general.Sin embargo menciona que no cree que los municipios vayan a aprovechar este tipo de financiamiento, pues recordó que estas inversiones son de largo plazo, por lo que los gobiernos no las pueden impulsar debido a que cambian cada tres años.

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José Ignacio García de Presno.
FOTO: CORTESÍA DE KPMG

“Los mandatos de los alcaldes son de tres años, lo que deja inconclusa la planeación de proyectos como los financiados a través de Asociación Público Privada (APP). Por ejemplo, una APP de 30 años y con cambios tan volátiles, en algunos casos y en algunas alcaldías, simplemente no es rentable para los inversionistas”, recalca.

El experto agrega que existe un problema en el manejo de expectativas respecto a las APP, pues los gobiernos municipales y hasta los estados creen que un esquema de participación como éste es infraestructura gratis; “como se paga con los ingresos por demanda creen que es así y cuando vas con un empresario y le hablas de una APP, ellos creen que es construcción sin riesgo”.

OTROS INSTRUMENTOS

Ante la apertura del país en el sector energético, existen más opciones para que las Afores inviertan en proyectos de infraestructura a través de la Fibra E y los Certificados Bursátiles Fiduciarios de Proyectos de Inversión (Cerpis), esto luego de que el pasado 4 de enero se dieran a conocer las disposiciones que permiten diversificar el régimen de inversión de las administradoras.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), los fondos de ahorro tienen tres planes de inversión ambiciosos en el país, entre los que sobresalen la reforma energética, la reforma en telecomunicaciones y el Plan Nacional de Infraestructura, donde tienen estimaciones de invertir hasta 240 mil mdp.

Sobre este tema, el analista de la calificadora Moody’s menciona que la intención de este vehículo de inversión es atraer a los interesados en el sector energético, no sólo en las obras importantes, sino también en las obras secundarias o menores.

“Hay muchos activos que están en el orden municipal y estatal, que por alguna razón nadie trae en el radar, como las obras hidráulicas, carreteras estatales, obras mediante las cuales los estados y municipios pudieran apalancar para crear infraestructura, sin embargo, los gobiernos locales no lo están tomando en cuenta”, advierte.

Para Carlos Antonio Silva Sánchez, director de Servicios de Asesoría Financiera en el Sector de Infraestructura y Energía de PwC, las Afores participan directamente en financiamiento privado a través de los diversos instrumentos creados en el país, tales como los CKD, la Fibra E, Certificados de Infraestructura Educativa Nacional (CIEN), los Cerpis, entre otros.

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Silva Sánchez explica que el manejo de los CKD para invertir en infraestructura se da a partir de un fideicomiso, a través del cual se emiten los certificados en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para que puedan ser adquiridos por los inversionistas interesados.

De este movimiento, los recursos recaudados por la emisión serán traspasados y administrados por el fideicomiso que estará a cargo de un administrador. Éste invertirá a través del fideicomiso en las sociedades o proyectos específicos y adquirirá una participación en los flujos de efectivo que generen dichas sociedades o proyectos.

No obstante, destaca que el rendimiento del CKD no está garantizado y estará totalmente relacionado con el desempeño de las sociedades o proyectos promovidos. “Los CKD recibirán distribuciones de efectivo cuando los proyectos o sociedades promovidas paguen dividendos o intereses, se lleven a cabo disminuciones de capital, se repague la deuda o bien cuando se venda la participación en las sociedades o proyectos.”

OPCIONES REALES

Los gobiernos estatales y municipales que están más industrializados y desarrollados tienen mayor capacidad para contratar los proyectos de participación privada, pero no cuentan con proyectos estructurados que puedan impulsar a través de estos esquemas de financiamiento.

Con base en lo anterior, Carlos Antonio Silva expone que actualmente la manera en que los gobiernos pudieran financiar su infraestructura a través de las Afores, es mediante la correcta estructuración de proyectos privados que atraigan a inversionistas institucionales, fondos de inversión, administradores de CKD, entre otros.

En consideración a lo anterior, empresas auditoras, la banca privada y otras instituciones financieras ofrecen a los gobiernos subnacionales servicios de asesoría para poder echar a andar los proyectos de infraestructura que necesiten. En ese sentido, García de Presno subraya que compañías como la que representa, KPMG, acompañan a los gobiernos a formar su proyecto y hacen un acompañamiento en todos los procesos de desarrollo.

“Apoyamos a los tres niveles de gobierno en la evaluación y preparación de proyectos en el proceso, funcionamos como una empresa de acompañamiento con los municipios y estados para desarrollar infraestructura; desde la evaluación del concepto que tienen en mente hasta la licitación y seguimiento”, aclara el especialista de KPMG.

Otras compañías, como Banco Interacciones, cuentan con un modelo similar desde el año pasado, pues ya trabajan con los gobiernos estatales y municipales, así como con la Federación para ubicar proyectos de obras que ya se habían contemplado.

Con este asesoramiento, Interacciones cuida la rentabilidad financiera y social, el cumplimiento de la transparencia, el enfoque y demás temas que reclama la sociedad, lo cual los ha llevado a jugar un papel muy importante, hasta la especialización.

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