Una vez promulgadas las reformas legales contra la trata de personas, los estados y municipios están obligados a combatir el comercio y tráfico ilegal de seres humanos, debido a que en el país existen redes de delincuentes que movilizan a cientos de personas con fines de explotación sexual o laboral, ya sea para mantenerlas en territorio nacional o para trasladarlas al extranjero.
La diputada federal Rosi Orozco, una de las impulsoras de las reformas constitucionales, hace ver que la impunidad ha provocado el crecimiento de ese delito, a tal grado que México es el quinto lugar internacional con mayor incidencia, de ahí su llamado a las autoridades locales a tomar cartas en el asunto.
Un estudio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) refiere que la trata de personas se concentra en 15 entidades federativas, sobre todo de las fronteras norte y sur, así como aquellas con una significativa actividad turística o económica. Muchas de las víctimas son sometidas a la prostitución, el trabajo forzoso o incluso a colaborar con la delincuencia organizada.
Estas situaciones son las que se pretende erradicar a partir de la promulgación del decreto del 13 de julio pasado, que modifica los Artículos 19, 20 y 73 constitucionales. Entre otras cosas, se ordena a los jueces declarar prisión preventiva contra los presuntos responsables durante todo el tiempo del proceso judicial, lo cual impedirá que los acusados evadan su castigo.
Asimismo, se protege la identidad y los datos personales de las víctimas, de modo que podrán denunciar y atestiguar con más seguridad y también dejarán de ser objeto de discriminación.
En entrevista, Rosi Orozco, diputada del Partido Acción Nacional (PAN) y coautora del libro Del cielo al infierno en un día, lamenta que por ahora sólo 14 estados —Chiapas, Tabasco, Tlaxcala, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Quintana Roo, Hidalgo, Sonora, Veracruz, Yucatán, San Luis Potosí, Sinaloa, Baja California y el Distrito Federal— hayan hecho ajustes a sus marcos legales contra el comercio y el tráfico de personas. Destaca el caso de la capital del país que, a lo largo de la investigación y el proceso judicial, pone en primer lugar a las víctimas; además cuenta con personal calificado como psicólogos y trabajadores sociales.
Sin embargo, insiste en la importancia de expedir la ley reglamentaria para uniformar criterios, porque hay estados que sancionan los delitos de tráfico y comercio de seres humanos con seis meses y otros con 48 años.
NO A LA VIOLENCIA
Desde la sociedad civil, la fundación Antonio Molina Alfaro (AMA) una organización de apoyo a mujeres maltratadas— refiere que las personas sometidas a una intensa agresividad física y mental, como las víctimas de trata, enfrentan episodios de depresión, ansiedad, baja autoestima y dificultades para integrarse a la sociedad.
Consecuentemente, su recuperación no es sencilla porque requieren de un apoyo integral que implica servicios psicológicos y médicos, además de asistencia legal o migratoria, según sea el caso. Ante esta situación, el presidente de la AMA, Antonio Molina de la Puente, también convoca a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a poner en marcha políticas públicas que protejan los derechos de los grupos vulnerables y que garanticen una sociedad libre de violencia.
Refi ere que las penas a los infractores son generalmente cortas y que en muchas ocasiones no se da seguimiento puntual a las denuncias presentadas por las víctimas. “Aún cuando hemos tenido avances importantes en el marco legal, lo cierto es que su aplicación es deficiente. Los servidores públicos que atienden estos casos, muchas veces no son conscientes de la realidad que están viviendo los involucrados en la problemática.”
Para sacar adelante a las mujeres y menores de edad que sufren abusos, como la explotación o la violencia intrafamiliar, AMA sugiere a las autoridades crear espacios de vivienda digna temporal, ya que la dependencia económica es uno de los principales factores de control sobre las víctimas. Asimismo, debe procurarse la continuación de los estudios y capacitaciónpara el trabajo de las víctimas, con lo que será más fácil su inserción en la vida productiva.
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