Un año desafiante se anticipa para los presidentes municipales del país. Los hechos de violencia conviertena la seguridad pública en la prioridad número uno que durante los próximos meses exigirá más tiempo, dinero y recursos humanos de los gobiernos locales.
Pero también se agregan otros asuntos urgentes, como el desarrollo de infraestructura y servicios públicos —agua potable, electrificación, drenaje, caminos y parques—, sin olvidar la atención a la pobreza y los cambios de administración en las regiones donde habrá procesos electorales.
Así que la pregunta es: ¿Qué margen de maniobra tendrán en 2011 los ediles para cumplir con su lista de pendientes?
Octavio Acosta, secretario general de la Conferencia Nacional de Municipios de México (Conamm), responde que la tarea no es fácil por dos razones: la primera es la dependencia de los ayuntamientos respecto de las transferencias del gobierno Federal, que se vincula con partidas presupuestales “etiquetadas” y con la incapacidad de la mayoría de las alcaldías para generar ingresos propios, lo que arroja escaso presupuesto.
En segundo término, dice el vocero, la existencia de una nueva tendencia “centralizadora” para proponer soluciones de importancia nacional —entre ellas el mando único policiaco— que debilita la capacidad institucional de las autoridades locales. Por consecuencia, la agenda del año prevé un intenso trabajo local, combinado con mayor presencia en foros nacionales en defensa del principio de “municipio libre”.
CASO TÍPICO
Un ejemplo de los programas de trabajo para 2011 es el del municipio de Metepec, en el Estado de México. La edil Ana Lilia Herrera dice que la seguridad pública será la prioridad número uno de su administración, para dar continuidad a decisiones tomadas desde el año pasado, como la contratación de 50 nuevos efectivos policiacos.
La funcionaria asume que la convivencia pacífica es una responsabilidad del ayuntamiento, pero aclara que los programas de seguridad pública pueden cambiar, según lo defina el Congreso de la Unión sobre la propuesta de instaurar un mando único policiaco en las entidades federativas.
Fuera de este tema, la agenda de trabajo de Metepec también se enfocará a la infraestructura y el rescate de áreas verdes, proyectos que se pagarán en parte con transferencias Federales y préstamos bancarios. El resto de los municipios del país utilizará éstas y otras alternativas de financiamiento, entre ellas la generación de ahorro de costos administrativos o la posibilidad de negociar más recursos de los presupuestos estatales.
Una opción más consiste en elevar la captación de ingresos mediante un mejor cobro del predial y los derechos del agua, así como de una actualización de los padrones catastrales.
PROGRAMAS SOCIALES, LA BASE
Desde la academia, las previsiones para este año en el ámbito municipal son más cautelosas. Los investigadores Édgar Ramírez, del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), y Marcos Valdivia, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la UNAM, aclaran que las diferencias geográficas imponen necesidades y soluciones particulares.
Así que mientras Veracruz y Tabasco laboran a marchas forzadas para recuperar la infraestructura y las viviendas que perdieron por los huracanes del año pasado, en los municipios de la frontera norte tienen otras preocupaciones, como la atención de los migrantes.
No obstante la disparidad entre regiones —opinan Ramírez y Valdivia— el desafío común para las alcaldías es enfrentar al crimen organizado, sin olvidarse de la otra parte del trabajo que es la atención de la pobreza, y sobre todo de la población joven. “Algunos de los delincuentes de hoy tienen entre 15 y 16 años. Tendríamos que saber qué hicimos en política urbana hace una década para entender qué les pasó”, reflexiona Ramírez.
La expectativa es que las administraciones municipales se ocupen este año de promover el crecimiento poblacional ordenado, la edificación de áreas de esparcimiento para jóvenes y familias, además de programas de fomento al empleo y la educación porque, como opinan los investigadores, nada de esto está peleado con la persecución del delito.
CREDIBILIDAD Y CAMPAÑAS
En 2011 se disputarán diversos cargos de elección popular, entre los que destacan las gubernaturas de Guerrero, Michoacán, Baja California Sur y del Estado de México. Los especialistas consultados opinaron que los municipios comparten, con los estados y el gobierno Federal, la responsabilidad de garantizar campañas y votaciones tranquilas.
Pero el reto no es sólo librar a los candidatos y ciudadanos de las acciones violentas, sino también lograr una actuación transparente de los presidentes municipales y sus funcionarios. Por eso, advierte el experto del CIDE, los alcaldes deben ser claros sobre el destino de los recursos presupuestales para que no exista duda de que éstos fueron utilizados adecuadamente, y no con fines políticos; y por otro lado, también advierte que “el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento”.
En un tono más crítico, Octavio Acosta refiere que la opacidad electoral, al igual que otros problemas municipales, “es resultado de una deficiente política y coordinación de los tres órdenes de gobierno y no sólo del municipio”. De ahí la importancia de fortalecer con capacitación y facultades legales a los alcaldes para asegurar la presencia del estado de derecho en todos los órdenes de la vida social.
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