Conozca los seguros antidesastre

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Sismo Incendio 1 Inundación

Los desastres naturales que han afectado al país como heladas, sequías, huracanes, inundaciones, incendios y temblores han convertido en una necesidad inevitable la prevención de riesgos a través de la contratación de seguros, pero pocos son los gobiernos locales que se han preparado ante cualquier siniestro natural, y menos aún que se hayan respaldado con una cobertura adecuada.

Jalisco y puebla se protegenJorge GallandMenos de 5 por ciento de los municipios tienen contratado un seguro contra desastres naturales, pese a que en el mercado nacional hay aseguradoras que sí cuentan con este tipo de productos, lo que significa que la demanda no es muy significativa, comenta Jorge Ramón Galland Marqués, director de cuentas especiales de la Aseguradora AXA.

En 2010 los daños causados por inundaciones y terremotos generaron costos muy elevados para las comunidades afectadas. Por ejemplo, el temblor de Mexicali, Baja California, implicó para las aseguradoras un gasto de alrededor de 150 mil millones de pesos (mdp); mientras que en las inundaciones de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas se pagaron indemnizaciones equivalentes a 250 millones de dólares (mdd) en promedio para cada uno de los casos. Estas cifras engloban daños provocados a particulares y a la infraestructura pública.

Según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), los pagos de 2010 van en línea con los parámetros de riesgo, por lo que no se afectaron los ingresos de las aseguradoras.

El incremento de desastres naturales en los últimos años en la República Mexicana ha propiciado que los recursos que se destinan al Fondo de Desastres Naturales (Fonden) sean insuficientes para atender las necesidades de los ayuntamientos afectados, por lo que el año pasado la Federación pidió a los estados y municipios que contrataran seguros contra desastres naturales.

A finales del año pasado, el titular del Fonden, Rubén Hofliger, tuvo una reunión con la Comisión Especial de Protección Civil, de la Cámara de Diputados federal. En aquella ocasión el funcionario dijo a los legisladores que si bien México cuenta con esquemas de seguros o bonos catastróficos ante terremotos y huracanes, los estados y municipios también deberían ser incluidos en las coberturas y ampliar a éstas últimas.

En octubre de 2009 se emitió un CATMEX (bono catastrófico) para un periodo de tres años, que incluyó una cobertura contra huracanes sumada a la de terremotos. El instrumento ampara 290 mdd que se distribuyen así: 140 mdd para terremotos, 100 mdd para huracanes provenientes del Océano Pacífico y 50 mdd para huracanes del Océano Atlántico.

El bono o seguro, que costó cerca de 120 mdd, es un esquema que debería ser adoptado por estados y municipios para proteger su infraestructura pública de riesgos por fenómenos naturales, dijo Rubén Hofliger a los legisladores. En esa ocasión, también les hizo ver que se deberían aumentar las previsiones —para este tipo de eventos— de 0.4 al 1.5 por ciento del Gasto Programable de Presupuestos de Egresos de la Federación de cada año.

VULNERABILIDAD

Declaratorias de emergenciaJosé PalaciosEn entrevista con Alcaldes de México, José Antonio Palacios, director de Servicios Financieros de PricewaterhouseCoopers, refiere que en los municipios del país no hay una estrategia de prevención de riesgos, ni tampoco existe un diseño dentro de las partidas presupuestales para pagar una prima de seguros.

“Si un tsunami llega a México, puedo apostar que los ayuntamientos ubicados en la costa no tienen un seguro contra eso. Dentro de las partidas presupuestales no hay un esquema. Es muy primitivo el tema de prevención de desastres, los gobiernos locales creen que es un error prevenirlos.”

En opinión del especialista en temas financieros, los desastres que ha habido son lamentables y parece que se han olvidado al grado de que la gran mayoría de los municipios no tienen contratado un seguro que proteja su infraestructura urbana. “Por ejemplo, ahora con lo de Japón, hay agua contaminada con radiación, puede estar perjudicando a este lado del mundo y no existe ningún tipo de protección contra eso.”

Según Palacios, el problema se agrava por la falta de conocimiento y de dinero, ya que los alcaldes prefieren utilizar los recursos en otro tipo de obras y no en la prevención. “Son muy escasos los municipios que sí tienen un seguro para algo muy puntual; se puede asegurar todo, pero varía la prima y no lo saben.”

En contraste, refiere que los gobiernos locales de otros países están asegurados, como Estocolmo, donde existe un tipo de aseguramiento en caso de interrumpirse el suministro de energía durante las heladas.

ACAPULCO: HAY INTERÉS PERO…

Recursos autorizados en 2012

El secretario de Finanzas de Acapulco, Guerrero, José Luis Ávila, reconoce en entrevista que contratar un seguro contra desastres ha sido tema recurrente en el análisis interno del municipio, pero que por razones presupuestales se ha frenado su contratación.

“Es un tema presupuestal y de recursos. En el caso de Acapulco los recursos son pocos, no alcanzan para cubrir las necesidades básicas del municipio y se ha ido quedando rezagado el tema de contratar un seguro por el monto que puede implicar.”

Ávila Sánchez —quien fue presidente municipal interino cuando Manuel Añorve compitió por la gubernatura— detalla que el municipio abordó el asunto el año pasado con la Secretaría de Finanzas del estado de Guerrero. “Se habló de contratar, a nivel estatal, un fondo especial que se creara en todos los municipios; quedó en el tintero, no porque no interesó, sino básicamente por falta de recursos.”

Según las estimaciones del funcionario, al menos en Guerrero, ningún municipio ha contratado un seguro contra desastres que cubra la infraestructura urbana.

Ramón Galland, director de cuentas especiales de la Aseguradora AXA, afi rma que menos de 5 por ciento de los municipios tiene un seguro contra desastres naturales, pese a que existen instrumentos disponibles en el mercado.

“AXA tiene los productos para ofrecerlos a todos los municipios de toda la República Mexicana. En cada municipio hay gente capacitada para podérselos vender, hacer una valoración de los bienes y hacer un estudio de riesgos a cada uno de los ayuntamientos, desde el aseguramiento de los bienes inmuebles del municipio, automóviles propiedad del municipio, gastos médicos y hasta seguros de vida para los empleados de los municipios.”

Actualmente algunos ayuntamientos han comenzado a contratar seguros contra desastres, pero el directivo comenta que los presupuestos limitados son un impedimento para la gran mayoría. “Estamos abiertos a darles un precio accesible a todos los municipios para que, con el presupuesto que tienen, lo puedan hacer.”

Galland recuerda que, con motivo de las inundaciones del año pasado, hubo graves daños en el estado de Veracruz. Si se junta lo que pasó en los municipios de Poza Rica, Coatzacoalcos y Minatitlán, más lo ocurrido en el estado de Puebla, se tiene como resultado un gran cúmulo de afectaciones a las propiedades de los municipios, lo que significa un alto costo económico.

“Esos municipios no estaban asegurados; es algo que podemos hacer a nivel nacional, pero son muy pocos los que realmente están asegurados”, comenta el experto.

FONDEN, INSUFICIENTE

El representante de AXA agrega que los beneficios de un seguro son invaluables. Recuerda que, a causa de las lluvias del año pasado en Monterrey, se tuvo que reubicar a casi 4 mil familias por los daños e inundaciones que ascendieron a 1,200 mdp.

“Los municipios recurren al Fonden y se agota porque, en lugar de cubrir primero las instituciones municipales, ayudan a los pobres que se vieron afectados. Con un seguro, cada póliza se acomoda a las necesidades de cada municipio. Recordemos a Cancún con el huracán Wilma, en ese caso los hoteles estaban asegurados, pero se debe trabajar en el tema en otros lados como en Guerrero, Oaxaca o Veracruz, que están en litorales y sufren inundaciones o terremotos.”

Dado que los recursos del Fonden son insuficientes, hay entidades previsoras como el Distrito Federal que está asegurado contra diversos desastres, comenta Galland. Añade que varias entidades federativas han contratado pólizas para grandes riesgos, servicios que se han sometido a licitación.

MEJOR CALIDAD FINANCIERA

Alberto JonesSin embargo, los municipios parecen no darse cuenta de que además del respaldo económico, estar asegurado contra desastres mejora la visión que tienen las agencias calificadoras de las administraciones municipales, explica Alberto Jones, director de la agencia calificadora internacional Moody’s México.

“Es un factor importante al determinar la calidad de la administración y gestión de gobierno de los municipios que calificamos. No es que por tener un seguro contra desastres les daremos un mejor grado de inversión o calificación, pero sí habla de que son buenos administradores.”

Jones Tamayo añade en entrevista que, el hecho de contar con un seguro de este tipo y que se esté protegido, refleja una adecuada gestión gubernamental. “Los municipios del país deben estar atentos a si está en riesgo la proveeduría de un bien público y a no poner en peligro la viabilidad y ejecución de sus administraciones por la presencia de un desastre natural.”

PROPUESTA DE LEY

Actualmente en la Cámara de Diputados se analiza una Ley de Protección Civil para que, ante desastres naturales, exista mayor transparencia de los recursos y mejor coordinación entre la Federación, estados, el Distrito Federal y municipios.

En este proyecto, que tiene más de un año en análisis, se busca añadir la figura de “transferencia de riesgos” a fin de que las entidades federativas contraten seguros de desastres y de esta forma evitar que se afecten sus finanzas públicas cuando se presente una contingencia ambiental.

En dicha ley se propone la integración de seguros que podrían cubrir bienes privados y vidas humanas, además de las pérdidas en infraestructura pública, mismos que serían contratados conforme al atlas de riesgos y las necesidades de cada estado, según su geografía y el tipo de desastre al que esté expuesto. El objetivo es que las entidades dejen de ser reactivas y que, mediante la nueva Ley de Protección Civil, se fomente la cultura de la prevención.

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