Cuidado con las empresas defraudadoras

La Secretaría de la Función Pública, dentro de su Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, tiene registrados más de 1,100 nombres de negocios que tienen impedimento para celebrar compromisos con los gobiernos estatales y el Federal

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En 2012, cuando el gobierno municipal de Tihuatlán, Veracruz, que era gobernado por el ex alcalde José Enrique Romero Alarcón, resolvió destinar 14 millones de pesos (mdp) para comprarle a la empresa Inteligencia Energética 5 mil lámparas de la red de alumbrado público, estaba lejos de imaginar que esa acción se convertiría en un gran dolor de cabeza.

La operación resultó ser un fraude, explica a Alcaldes de México el presidente municipal, Gregorio Gómez Martínez, quien en 2014 heredó un municipio “a oscuras”. El edil afirma que sólo 20 por ciento, es decir, mil de las 5 mil luminarias adquiridas durante el gobierno que le precedió están en operación, el resto simplemente no encienden y están siendo reparadas o sustituidas sus partes por empleados del municipio.

“Lo estamos haciendo con personal propio, se compran las refacciones, los focos, las fotoceldas, los balastos”, sostiene. El edil dice desconocer lo que efectivamente ocurrió, lo que sí sabe es que no hay dinero para cubrir el quebranto y que la empresa no respondió porque ya venció la fianza por vicios ocultos.

Poste de luz

Medidas contra la opacidad 

Tras el escándalo de “la casa blanca”, el presidente Enrique Peña Nieto anunció estas medidas para prevenir la corrupción y evitar los conflictosde interés:
1. Que todos los funcionarios públicos presenten una declaración de posibles conflictos de interés.
2. Dentro de la Secretaría de la Función Pública se creará una Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés, responsable de determinar la existencia de conflictos de interés, dictar medidas preventivas y velar para que se apliquen las sanciones correspondientes.
3. Se emitirán reglas de integridad para el ejercicio de la función pública federal, que amplíen y profundicen los actuales códigos de ética.
4. Se establecerán protocolos de contacto entre particulares y los funcionarios responsables de decidir en los procedimientos de contrataciones públicas, licencias, concesiones y permisos.
5. Se acelerará la operación de la
Ventanilla Única Nacional para los
trámites y servicios del gobierno.
6. La lista pública de proveedores sancionados por el Gobierno de la República será más completa y detallada.
7. Se ampliarán los mecanismos de colaboración con el sector privado en materia de transparencia y combate a la corrupción.

Fuente: ITDP

Ante esta situación, Gómez Martínez propone que los gobiernos boletinen a las empresas que incumplen, así como a las que ofrecen productos y servicios de mala calidad, para evitar que otros municipios también resulten sorprendidos y defraudados.

CÓMO DETECTAR A LOS INCUMPLIDOS

En México existe una amplia red de instituciones y mecanismos que fomentan la transparencia y la rendición de cuentas, respaldados en leyes y reglamentos específicos, los cuales, sin embargo, no han sido suficientes para detectar y sancionar a empresas defraudadoras que sorprenden a las autoridades y ocasionan quebrantos económicos a las arcas públicas. Como parte de las políticas públicas para fomentar la transparencia y rendición de cuentas, el gobierno de la República, a través de la Secretaría de la Función Pública (SFP), cuenta con un Registro Único de Contratistas para la Administración Pública Federal, con el fin de que todas las dependencias y entidades del Gobierno Federal tengan a su disposición información específica sobre las empresas que contratan para la realización de obras públicas.

El registro permite a los funcionarios identificar la experiencia, la capacidad financiera y confiabilidad de los prestadores de servicios, así como su especialidad, para garantizar transparencia y confiabilidad en los procesos de contratación.

Asimismo, la SFP cuenta con un Registro Único de Proveedores y Contratistas que se aloja en la página de Compranet. Además, pone a disposición de todos los ciudadanos el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, impedidos para celebrar propuestas y contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los gobiernos de los estados.

Este instrumento se actualiza de manera permanente y de acuerdo con su actualización, al 10 de marzo de 2015, incluye el registro de 1,165 proveedores y contratistas sancionados con multas e inhabilitaciones para ofrecer productos y servicios a las dependencias públicas.

Cada registro se acompaña de una ficha que da cuenta del motivo de la sanción, en su caso el monto de la multa y plazo de inhabilitación, y del responsable de la información que queda abierto a consultas por parte de los interesados.

REGLAS CLARAS

El director de la Unidad de Compras de Gobierno de la Secretaría de Economía (SE), Héctor Márquez Solís, asegura que las condiciones de las adquisiciones por parte de los gobiernos las establecen los propios gobiernos en las licitaciones y en éstas caso de incumplimiento.

Asimismo, menciona que el Gobierno Federal cuenta con un programa de Ventas de Gobierno en el que participan más de 52 mil micro, pequeñas y medianas empresas, el cual se comparte con los estados y municipios del país, pero aclara que es decisión de los gobiernos implementarlo o no.

Basura lamparas

FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO

 

El registro de empresas sancionadas de la SFP incluye información sobre el motivo de las sanciones y, en su caso, el monto de la multa y plazo de inhabilitación

 

La representante de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, María del Carmen Sacasa Ventura, asegura que países como México necesitan empresas honestas y transparentes que asuman la responsabilidad en el desarrollo nacional.

Desde su punto de vista, la situación en el país va mejorando, pero hay que seguir trabajando porque se necesitan reglas claras. “Yo creo que también es responsabilidad de los gobiernos establecer reglas claras para que las empresas privadas se puedan instalar, que sepan cuáles son sus responsabilidades y las sanciones que hay al no cumplir con ellas”, expone.

 

Número de proveedores del gobierno por estado 

 Estado  Empresas
 Aguascalientes 289
 Baja California  396
 Baja California Sur  81
 Campeche  452
 Coahuila  2,274
 Colima  128
 Chiapas  1,455
 Chihuahua  1,567
 Distrito Federal  1,241
 Durango  420
 Guanajuato  1,266
 Guerrero  262
 Hidalgo  424
 Jalisco  4,210
 Estado de México  1,388
 Michoacán  633
Morelos  84
 Nayarit  153
 Nuevo León  630
 Oaxaca  231
 Puebla  615
 Querétaro  499
 Quintana Roo  538
 San Luis Potosí  197
 Sinaloa  757
 Sonora  295
 Tabasco  1,705
 Tamaulipas  1,890
 Tlaxcala  84
 Veracruz  2,604
 Yucatán  496
 Zacatecas  163
Fuente: Secretaría de Economía.

 

Al respecto, Jesús Fidel Hernández, profesor Asociado en la división de Administración y Políticas Públicas del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), comenta que para venderle a una dependencia pública, una empresa debe cumplir con los ordenamientos en la materia como la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que establece obligaciones diversas; entre ellas destaca estar registrado en una lista en la cual las personas morales o físicas se reconocen como legalmente constituidas o capacitadas; que estén al corriente de sus deberes fiscales; que comprueben que puede garantizar los anticipos otorgados para el cumplimiento de las cláusulas del contrato específico del bien o servicio en transacción.

Jesús Fidel Hernández

Jesús Fidel Hernández 

Adicionalmente, establece que el precio y las características del bien o servicio ofertado se deben encontrar dentro del espectro de la investigación de mercado que realizó la dependencia demandante del bien; y que, finalmente, la empresa signataria de un contrato cumpla con los objetivos y cláusulas del contrato sin dolo, mala fe o provisión de información falsa.

Éstos son los requisitos básicos que en los ámbitos locales se reproducen con variaciones conforme a la normatividad y reglas de cada marco local, aunque básicamente siguen existiendo tres modalidades de compra: licitación pública, invitación y adjudicación directa.

SEGUIRLE LA PISTA AL DINERO

Jesús Fidel Hernández advierte que, no obstante que se cuenta con una serie de elementos normativos claramente definidos para las compras y contratación de servicios gubernamentales, es complejo seguir la pista de “los dineros”, así como el cumplimiento eficaz, eficiente y económico del gasto público como lo establece el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El académico propone que para confrontar ese reto es necesario crear sistemas efectivos de tratamiento y resguardo de la información pública en archivos, que la política de transparencia y rendición de cuentas opere y que los pesos y contrapesos de los gobiernos subnacionales funcionen adecuadamente, aunque admite que es difícil lograrlo cuando los congresos locales, los gobernadores y los alcaldes pertenecen a un mismo partido, pues no existen los incentivos para modificar las reglas del juego, y en ese propósito los medios de comunicación juegan un papel relevante.

“Hasta ahora, los medios de comunicación han sido unos efectivos perros guardianes al divulgar e investigar casos importantes de corrupción o severos problemas administrativos en los procesos de compra gubernamentales o en licitaciones de obra pública. En los ámbitos locales, no es desconocido para los funcionarios y políticos que los ámbitos de obra pública suelen funcionar ‘como cajas chicas’ para financiar intereses particulares con recursos del erario”, indica.

Sin embargo, también comenta que los casos de corrupción develados no son seguidos a lo largo de todo el proceso por los medios de comunicación, lo cual incrementa la percepción de impunidad en la sociedad, pero tampoco mantiene el tema de las irregularidades de las compras de gobierno como un tema indispensable de atender y agregar en la agenda pública.

NUEVOS CÓDIGOS

Fidel Hernández propone crear reglas de conducta empresariales y “generar una suerte de señales o certificaciones para las empresas que son transparentes, que tienen una contabilidad limpia y que reconocen cuándo hay conflictos de interés que pueden afectar la relación de oferentedemandante en la transacción de bienes o servicios requeridos”.

En esta materia, la diputada por el Partido del Trabajo (PT) en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Miriam Saldaña Cháirez, expone que los licitantes o proveedores que infrinjan las disposiciones de esta Ley serán sancionados por la SFP con multa equivalente a la cantidad de 50 hasta mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de la infracción.

Miriam Saldana cháriz
Miriam Saldaña Cháirez

Asimismo, detalla que “cuando los licitantes, injustificadamente y por causas imputables a los mismos, no formalicen contratos cuyo monto no exceda de 50 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, serán sancionados con una multa equivalente a la cantidad de 10 hasta 45 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de la infracción”.

La legisladora explica que las sanciones dirigidas a las empresas van desde la inhabilitación por tres años, hasta responsabilidades en el ámbito penal y administrativo, tanto para los servidores públicos como para los sujetos que cometieron una acción antijurídica.

Saldaña Cháirez rechaza que México sea un país con malas prácticas comerciales, “no es posible generalizar, porque si lo hacemos, se le estaría quitando la oportunidad y mérito a empresas legalmente constituidas, así como a personas físicas con actividad empresarial.

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