Del acceso a la información al estado abierto

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El autor es comisionado del INAI y coordinador de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Twitter: @joelsas

Un modelo que permita la apertura y el uso de datos de la administración pública facilitará la colaboración entre población y gobierno

Lupa

Son días importantes para la transparencia y la rendición de cuentas en México, sobre todo para el derecho de acceso a la información. El Poder Legislativo discute la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y nuestro país preside la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) a nivel internacional.

Este derecho tiene una amplia historia en México. En 1948, nuestro país se sumó a la Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual establece que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye… recibir informaciones y opiniones”. Sin embargo, esa mención no provocó modificaciones en las legislaciones nacionales, ni tuvo repercusiones.

Décadas más adelante y como resultado de los movimientos estudiantiles y sociales de 1968 y 1971, además del surgimiento de partidos políticos opositores, el acceso a la información apareció en la Constitución tras la reforma de 1977, impulsada por Jesús Reyes Heroles. Esta vez se obligó al Estado a permitir que los partidos políticos publicaran sus programas y plataformas en los medios masivos de comunicación. Sin embargo, pese a dar un paso en la apertura del sistema político mexicano, la reforma se acotó a la discusión de las formas del acceso al poder, en particular, en aspectos electorales.

En 2002 se promulgó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en 2003 se creó del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).

Ambos fueron la base para la construcción de un marco normativo e institucional que garantizara a la ciudadanía el acceso a la información. Esta vez se enmarcó en la narrativa de la transición a la democracia electoral, pues su objetivo era generar transparencia y rendición de cuentas, con el fin de que los ciudadanos castigaran a los políticos corruptos al momento de votar.

Una nueva reforma constitucional, en 2007, modificó al Artículo 6° y el acceso a la información adquirió el carácter de derecho fundamental.

GESTIÓN COLABORATIVA

Para garantizar el derecho de acceso a la información, el 7 de febrero de 2014, se dotó de plena autonomía al IFAI. Esta reforma convirtió a l Instituto en un órgano autónomo y también aumentó sus facultades, atribuciones y responsabilidades en materia de transparencia y acceso a la información, protección de datos personales y archivos.

La última reforma permite que este derecho sea un importante insumo para una nueva forma de sociabilidad política que estrecha la relación entre población y autoridades con miras a una democracia deliberativa y participativa.

¿Cómo puede el derecho de acceso a la información fomentar una democracia deliberativa y participativa? A la par que consolidamos el sistema de transparencia y rendición de cuentas, debemos impulsar e implementar el modelo de gestión de gobierno abierto que permita la apertura y el uso de la información pública para construir lógicas colaborativas entre población y gobierno.

Este modelo de gestión tiene como objetivo involucrar a los habitantes en todos los ciclos de la política pública que les interesen o afecten, no sólo en la evaluación del resultado. Mediante el Sistema Nacional de Transparencia, que pronto entrará en vigor, podremos llevar este modelo de gestión a estados y municipios, y dar pasos hacia un Estado Abierto en México.

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