El camino hacia una tarifa justa.

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TarifaEn México, el transporte público de pasajeros encierra diferentes realidades, según las características de cada estado, la diversidad y el tamaño de las ciudades, así como las condiciones de desigualdad en materia de ingresos.

Dentro de este contexto, los instrumentos de política pública en la materia se deben coordinar para lograr efectos positivos, pues como se sabe, aún no existen acuerdos, ya que mientras las autoridades en algunas entidades son rígidas, en otras son más flexibles.

En la mayoría de las urbes los usuarios exigen cambiar la flota vehicular, solicitan disponibilidad de unidades, más organización para evitar la saturación de rutas y denuncian la falta de capacitación de los operadores, así como las condiciones de inseguridad y disparidad en las tarifas.

 

ACUERDOS NECESARIOS.

Está claro que el sector debe mejorarse, pero esto sólo se puede lograr con el entendimiento de los transportistas y el apoyo de las autoridades competentes, a fin de encontrar lo que todos esperan: una tarifa justa que permita ofrecer un servicio de calidad. Sin embargo, es muy complicado lograrlo, porque se trata de un asunto de mercado que se politiza con las decisiones el gobernante en turno.

En las condiciones actuales, el precio al público debe asegurarles a los transportistas y a las empresas operadoras,entre otras cosas, el costo de los insumos y las refacciones, los aumentos mensuales a los combustibles, el pago de contribuciones como el impuesto empresarial a tasa única (IETU), el impuesto al valor agregado (IVA), el impuesto sobre la renta (ISR), el tipo de cambio en unidades cotizadas en dólares y el aumento anual en los suministros.

ModificandoLa única oportunidad de brindar un mejor servicio radica en contar con una tarifa que cubra todos esos costos, gastos e inversiones, y que por lo tanto sea competitiva. Pero si el usuario no la puede pagar, entonces es necesaria la asistencia de los gobiernos estatales, lo que dependerá de la sensibilidad de las autoridades para asegurar un servicio de calidad.

Para nosotros un precio justo deberá oscilar en función de un punto de equilibrio. Cada modalidad de transporte tiene un costo de operación por kilómetro recorrido que deben conocer las autoridades y los transportistas como punto de partida para cualquier negociación.

Otro aspecto de gran relevancia para las empresas es el financiamiento a plazos más largos con tasas de interés más reducidas y, en consecuencia, más competitivas que las actuales. Lo deseable sería bajar cuatro o cinco puntos la tasa de interés actual, o aumentar el plazo del crédito a uno o dos años, así como ampliar el plazo de la concesión, lo cual reduciría en 20 por ciento el impacto en el costo de la tarifa al usuario.

UN ASUNTO POLITIZADO.

En la actualidad, el transporte urbano es una actividad atrapada por la política. Las cuotas que pagan los consumidores son muy variables, ya que algunas llegan a ser muy altas y otras más bajas. Los argumentos de los gobiernos no siempre están orientados a la productividad y la calidad del servicio, sino a un enfoque social donde se olvida que la gente sí paga lo que vale el servicio cuando éste es eficiente, seguro, cómodo y rápido.

No proponemos que los pasajeros paguen la ineficiencia en el servicio, la falta de organización, ni la falta de capacidad para equilibrar la oferta y la demanda, pero sí los costos de operación. Es por eso que las empresas de transporte tienen una orientación enfocada en la productividad y la eficiencia. Si el transportista cumple, la autoridad en consecuencia debe hacerlo.

Un aumento siempre está relacionado con la calidad del servicio. Por eso, coincidimos en que la negociación tiene que involucrar a más sectores: la academia, las empresas, la sociedad civil, las cámaras, la comisión de tarifas, las autoridades de los tres órdenes de gobierno, los consejos consultivos de transporte, entre otros.

En aras de mejorar la atención al público, el primer paso es optimizar la flota; el segundo, reestructurar el servicio; el tercero, desarrollar un sistema integrado de transporte que reduzca u optimice los transbordos en beneficio del usuario. Un cuarto paso tiene que ver con lograr acuerdos prácticos y viables, y el quinto es promover la formalización de esta actividad. No obstante, estos elementos encarecen la capacidad de transformación del hombre-camión a empresas mercantiles.
Transporte públicoPasar de la informalidad (hombrecamión) a la conformación de una empresa implica pagar una carga administrativa y social, así como infraestructura, impuestos y dividendos. Es al menos 30 por ciento más costoso.

Con todos estos argumentos, consideramos que cada año se debe revisar la tarifa, pues resulta ilógico que no se actualice y se congele por tiempo indefinido.

La historia nos dice que no tomar decisiones a tiempo nos ha salido muy caro a todos, en especial a la ciudadanía, y que la única forma de prestar un servicio barato se encuentra en la informalidad, por lo que se deben tomar previsiones adecuadas al respecto.

Quizá por ello en el país no hay un modelo tarifario a seguir. Hay casos en los que se ha avanzado, como el de Monterrey, donde existe una cuota muy competitiva, o los sistemas de transporte de Guadalajara y de San Luis Potosí. En Chiapas está el Conejobús y en Tabasco el Transbús, aunque no son esquemas comunes.

Gran parte del transporte público urbano de pasajeros tiene rezagos mayores a una década y si no se dan los primeros pasos para la modernización a través de la tarifa, no será posible proyectar un transporte sustentable en estos tiempos en que es imprescindible disminuir el uso el vehículo particular.

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