El límite de la fuerza policiaca

Publicado Por

El autor es coordinador General del Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra).

Mauricio CamachoLa idea de que los derechos humanos sirven para defender a los delincuentes se ha generalizado en varios sectores de la población; sin embargo, los organismos que promueven el respeto a las garantías individuales tratan de rescatar el verdadero sentido de este concepto para evitar que las fuerzas del orden cometan excesos contra los detenidos y la sociedad civil.

El asunto no es menor. Hoy día una de las prioridades del Gobierno Federal y los gobiernos locales es desactivar a las bandas criminales para reducir los índices delictivos —tarea en la que están concentradas las 2,022 corporaciones policiacas municipales del país y a la cual han destinado mayor presupuesto, armamento y personal—; sin embargo, en el camino existe el peligro de pasar por alto los derechos humanos de la población.

“Uno de los grandes retos es la profesionalización de las corporaciones policiacas, porque si tenemos policías capacitados y respetuosos de los derechos humanos, podrán garantizar los derechos a los ciudadanos”, asegura Mauricio Camacho González, director general de Promoción a la Cultura en Derechos Humanos, perteneciente a la Procuraduría General de la República (PGR).

Actualmente, de todas las figuras de autoridad, las fuerzas del orden son las que reciben más quejas de los ciudadanos por violaciones a las garantías individuales, comenta Juan José Ríos Estavillo, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa (CEDH).

Juan RíosPor ejemplo, en Sinaloa, los centros de población más grandes del estado, como Culiacán, Ahome, Los Mochis y Mazatlán, son el origen de la mayoría de las acusaciones contra el personal de seguridad pública. Los motivos más comunes son: prestación indebida del servicio, malos tratos, detenciones arbitrarias, retenciones ilegales, violaciones a la seguridad jurídica, allanamiento de morada y daños a la integridad física de los presuntos implicados.

Aquí influye la interacción directa de las policías con los gobernados; sin embargo, el ombudsman sinaloense subraya que también hay otras razones de fondo relacionadas con esas acusaciones: “A pesar de la gran disposición que los elementos tienen para hacer su trabajo, encontramos serias deficiencias institucionales, sobre todo materiales, para poder cumplir con el mismo”.

IDEA DISTORSIONADA

PatrullaPero también agrega que “una seria deficiencia en la capacitación de los elementos amplía en mucho el grado de discrecionalidad por parte del servidor público al momento de aplicar la ley, lo que a su vez termina por vulnerar los derechos de los ciudadanos”.

Mauricio Camacho González, de la PGR, comenta que en algunos sectores de la sociedad existe un concepto equivocado sobre derechos humanos. Hay quienes piensan que los criminales no tienen garantías individuales, o servidores públicos que creen que son un obstáculo para ejercer sus responsabilidades, pero no es más que desconocimiento.

“La labor de los organismos defensores no es definir si el presunto delincuente es culpable o no, simplemente vigilan que lo que dice la Constitución se cumpla”; esto es que el proceso judicial del sospechoso se lleve con apego a derecho, comenta Camacho González.

Y es que se pierde de vista un aspecto fundamental. Como dice el funcionario de la PGR “el Estado tiene la función de garantizarnos, a todos, la seguridad pública, y esa función la delega en las corporaciones policiacas”. En este sentido, “el Estado tiene la obligación de dotarlos de equipo, armamento, vehículos y toda la tecnología necesaria”, por consecuencia los policías también son sujetos de derechos como “el de contar con equipo para cumplir su labor”.

Una de las inquietudes de los elementos policiacos es cómo cumplir con una detención, cómo actuar sin excederse en el uso de la fuerza pública, cómo arrestar a una persona que delinque sin dañar sus derechos humanos, de ahí la necesidad de formular programas de instrucción permanente, agrega Camacho González.

La Dirección General de Promoción a la Cultura en Derechos Humanos, que a su vez depende de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, ofrece todo el año cursos y talleres destinados a mejorar el conocimiento y la impartición de justicia en corporaciones policiacas municipales y estatales, además de ministerios públicos.

En lo que va de 2011 suman más de 100 los cursos recibidos por corporaciones y jefes de seguridad. Se espera duplicar la cifra para fin de año. Según Mauricio Camacho, la idea es reforzar los valores humanos y promover la cultura policial.

NO AL ABUSO DE AUTORIDAD

EsposadoSobre la pregunta básica de hasta dónde tienen permitido los efectivos policiacos usar la fuerza, Mauricio Camacho responde que este recurso debe corresponder al delito que se busca repeler.

“Se debe buscar el equilibrio entre la facultad otorgada por el Estado y el hecho público o donde hay hechos violentos. A un policía bien entrenado se le permitirá hacer un uso de los diversos grados de la fuerza pública. Aquel policía que se excede es el que tiene la doctrina de que el ciudadano es su enemigo y lo más probable es que haya un abuso.”

En esta línea de pensamiento, tanto Camacho González como Ríos Estavillo coinciden en que el uso de la fuerza pública, incluida el arma de fuego, debe ser considerada como un último recurso, en legítima defensa o cuando se encuentren en peligro terceras personas.

Eso incluye que los policías hagan el uso de la negociación, lo que implica tener la capacidad de logar que el daño sea menor al del delito que se quiere combatir.

Lograr que se cumplan estos principios no es fácil, de ahí la importancia de mejorar la cooperación entre los organismos de derechos humanos y los gobiernos locales, para evaluar a los servidores públicos, agrega Juan José Ríos, quien también tiene a su cargo programas de capacitación en derechos humanos para policías estatales y municipales.

Ambos funcionarios coinciden en la necesidad de que en México exista un modelo de impartición de justicia que respalde a los elementos policiacos.

Consideran que de nada sirve tener una policía eficiente, cuando el presunto implicado llega a un tribunal de barandilla y el juez no encuentra los elementos para realizar su trabajo.

“Es un dilema institucional que no tiene que ver sólo con la justicia o con la aparición preventiva de la seguridad pública, sino también tiene que ver con todo el enramado que conlleva la administración de justicia”, concluye el ombudsman sinaloense.

Deja un comentario

No Announcement posts

A %d blogueros les gusta esto: