En América, cuesta arriba para las mujeres en política

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La autora es consultora especialista en temas de género e integrante de la Red Mujeres en Plural.

¿Qué tienen en común países como Chile, Brasil, Argentina, Costa Rica, Nicaragua y Panamá? Además de pertenecer a la región de América Latina, en todos ellos ha ocupado la máxima magistratura una mujer: Michelle Bachelet, en Chile; Dilma Rousseff, en Brasil; Estela (Isabel) Martínez de Perón y Cristina Fernández de Kirchner, en Argentina; Violeta Barrios de Chamorro, en Nicaragua y Mireya Moscoso, en Panamá.

No ha sido el caso —aún— en América del Norte, pero sin duda pueden señalarse mujeres que han alcanzado puestos clave en la política nacional, como Hillary Rodham Clinton, en Estados Unidos y Josefina Vázquez Mota, en México.

Si se revisan sus trayectorias, aparecen alusiones a que cada una de ellas fue la primera mujer de su país en: recibir una beca de excelencia de alguna institución de prestigio, ser socia de una importante firma de abogados, estar al frente de un organismo internacional, presidir una secretaría de Estado, ser electa vicepresidenta o competir por la presidencia de la República, hasta llegar a ser la primera mujer de su país en ocupar dicho cargo.

Pero el solo hecho de que eso sea noticia, muestra hasta qué punto las mujeres han sido excluidas de la escena pública, accediendo excepcionalmente y con gran dificultad a los espacios de poder, a los que, por lo demás, tienen el mismo derecho que los hombres.

¿Han sido mejores que sus contrapartes varones? Bachelet, Rousseff y Fernández fueron reelectas para un segundo periodo, señal de que sus conciudadanos aprobaron su primera gestión. Todas tuvieron aciertos y lograron importantes avances en distintas áreas, pero también cometieron errores. Un análisis más profundo probaría que sus gestiones fueron o son —en el caso de las dos primeras— tan exitosas o tan reprobables como las de sus antecesores o predecesores varones. Sencillamente porque ser mujer o ser hombre no es sinónimo de nada en particular, ni de probidad y excelencia, ni de corrupción o torpeza. Lo procedente es revisar cada caso en particular, como correspondería en el caso de Sebastián Piñera, Luiz Inácio da Silva o Néstor Kirchner.

Sin embargo, hay algo que ellas sí tienen en común, junto con el resto de las mujeres que ejercen o aspiran a un cargo público: el monumental obstáculo que desde la ideología patriarcal supone ser mujer. Todas, sin excepción, han debido remontar la discriminación y la desigualdad de género; se han desenvuelto en una esfera, la de la política, que opera en clave masculina y las percibe como advenedizas, sin pleno derecho a ejercer el poder, permanentemente cuestionadas con respecto a su capacidad o liderazgo. ¿Qué hay, si no, detrás de la descalificadora pregunta que una y otra vez hicieron a Josefina Vázquez Mota cuando contendió por la Presidencia de la República, en el sentido de inquirir “si México estaba preparado para que lo gobernara una mujer”?

Por fortuna, esa realidad ha comenzado a transformarse en nuestro país. Desde 2014, la paridad de género en la postulación de candidaturas a cargos de elección popular es un mandato constitucional que ha sido retomado en todas las leyes electorales del país. Adicionalmente, diversas sentencias y jurisprudencias (6/2015, 7/2015) del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han establecido la paridad horizontal y vertical en el registro de candidaturas para la renovación de ayuntamientos, lo que significa que las mujeres podrían contender por la presidencia municipal en la mitad de los ayuntamientos de cada estado y los hombres en la otra mitad.

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