Conforme se acercan, las elecciones de 2018 se perciben cada vez más complejas. No se trata sólo de la convergencia de los comicios federales con los 30 locales y todo lo que éstos significan en la coordinación entre el INE y los OPLE, sino que además la coyuntura nacional e internacional ha abierto nuevos debates que requieren atención.

De entrada, la situación económica del país y los posibles efectos negativos en nuestra economía por las políticas del presidente Trump reabrieron el debate sobre el costo de la democracia, la reducción del financiamiento público a los partidos políticos y la forma en que el INE administra su presupuesto. Así, el INE tomó decisiones que a la postre se volvieron controversiales: reducir en 10 por ciento el salario de los consejeros electorales y de los integrantes de la Junta General Ejecutiva, eliminar el servicio de telefonía celular para los mismos funcionarios, suspender la construcción del nuevo edificio y reintegrar 1,070 millones de pesos (mdp) a la federación.

Sobre la reducción de recursos a partidos, son los legisladores los que podrían cambiar la Constitución y la ley; sin embargo, los tiempos para hacerlo son escasos, dado que las modificaciones sustanciales a la legislación se deben realizar a más tardar 90 días antes del inicio del proceso electoral. Eso significaría que a finales de mayo tendría que haberse modificado la Constitución y la ley para operar esos cambios. Adicionalmente, al calor de los debates, surgió una propuesta más para reducir los costos de los partidos: disminuir el tamaño de las cámaras de diputados y senadores, particularmente en el número de plurinominales. Una vez más, los tiempos son muy cortos para ese tipo de reformas, pero el debate está abierto y la sociedad espera un esfuerzo de austeridad en todos los frentes posibles.

Mientras tanto, la autoridad electoral continúa con los preparativos de las cuatro elecciones locales de este año. El INE tiene prevista la instalación de un poco más de 35 mil casillas en las cuatro entidades y ha comenzado el proceso de capacitación de los funcionarios que recibirán la votación; 7,750 capacitadores y supervisores electorales participan en las visitas a los ciudadanos que resultaron sorteados en cada entidad. A la par, los partidos realizan sus actividades de precampaña para seleccionar a los candidatos que competirán por los 328 puestos de elección popular que estarán en juego el próximo 4 de junio.

Al mismo tiempo que estos procesos están en marcha, se agolpa la evidente lucha que ya comenzó en el interior de cada partido político por la selección de su abanderado para la elección presidencial de 2018, lo cual se suma a una coyuntura de incertidumbre económica y política ante la situación internacional.

Tanto las elecciones de 2017, como las de 2018 dejarán grandes lecciones a todos los actores: partidos, candidatos independientes y autoridades electorales locales y federales. Convendrá observar qué tipo de cambios se requieren para que la reforma –que siempre viene– tenga un impulso renovador, con proyección, ahora sí, de largo plazo.