Envejecer en México

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El autor es doctor en Filosofía con Orientación en Trabajo Social y Políticas Comparadas de Bienestar Social; actualmente investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila.

El crecimiento de la población adulta mayor en todo el mundo es un hecho irrevocable. Con el paso del tiempo, los problemas y necesidades relacionados con este grupo etario se convierten en uno de los puntos medulares con foco de atención. En ese sentido, no es lo mismo envejecer en un país altamente desarrollado que en un país latinoamericano. Las condiciones no son equiparables.

Revisando el caso de México, el diseño, estructura y objetivos de los programas federales dirigidos a los adultos mayores son parte de la política de desarrollo social. Entre ellos el más sobresaliente es el Programa 70 y Más, con el cual la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) pretende acabar con la carencia de seguridad social en esta población. La política de protección al adulto mayor abarca múltiples aspectos que forman parte de la relación: causa y efecto de la problemática. Tales son: el índice de dependencia, discriminación, bajo ingreso, pobreza, pobreza alimentaria, falta de acceso a servicios de salud, vivienda, educación, en una palabra y en sentido estricto: vulnerabilidad.

Sin embargo, es posible señalar que uno de los grandes logros en los años recientes es la fortaleza lograda en el plano legal y jurídico. La existencia de la Ley General de Desarrollo Social se convierte en un instrumento de justicia social para los grupos vulnerables, entre ellos los adultos mayores. Esto aplica en el plano federal, estatal y municipal.

Pero son dos los grandes problemas de orden estructural que afectan directamente a la población adulta mayor en cuanto a su seguridad social y que tiene efectos visibles en el plano de los gobiernos locales:

1) El asistencialismo. La forma de distribuir el recurso económico que concibe al adulto mayor como ente “necesitado de ayuda” olvidándose que, aun antes de los 80 años, tiene fuerza para trabajar. Según datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 25.8 por ciento de la población entre 65 y 74 años de edad participa en el mercado laboral. Dato revelador que muestra la perspectiva del Estado paternalista que prefiere “dar dinero”, antes que aprovechar las potencialidades del adulto mayor y ofrecerle un espacio para desarrollar sus capacidades.

Si bien es cierto que algunos componentes de la política social de la Sedesol consideran la existencia de espacios públicos para el desarrollo integral (tales como los grupos de crecimiento, clubes y jornadas informativas para contrarrestar el deterioro físico y mental); es evidente que el escaso recurso proporcionado por el gobierno no es suficiente, máxime cuando el envejecimiento va acompañado de enfermedades crónicas degenerativas, soledad, discapacidad, analfabetismo, sólo por citar algunas condiciones adversas.

2) El universalismo. Considero la necesidad de vigilar a quién se le asigna el recurso para no cometer errores adversos y/o errores perversos, es decir, asignar el recurso a quien no lo necesita y/o dejar de dar el recurso a quien urgentemente lo necesita. En estos casos será de gran ayuda para el municipio tener un censo de los adultos mayores para cada contexto. Es posible que se ubiquen por áreas geoestadísticas básicas (AGEB, según el Inegi) y que cada instancia involucrada en el desarrollo social, según su radio de influencia, tome información de familias en las que exista un adulto mayor de 65 años para conocer sus condiciones y verificar si es o no susceptible de ayuda.

Finalmente, en el ejercicio del recurso público y de la mejor ejecución de los programas de gobierno a nivel municipal, se puede considerar necesario el fortalecimiento del capital social comunitario. Envejecer en México puede llegar a ser una buena experiencia.

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