Escasos recursos dificultan implementar la lgcg

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Los estados y municipios no cumplen con la Ley General de Contabilidad Gubernamental porque falta dinero, conocimiento técnico y tecnología

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FOTO: DREAMSTIME

Apoco más de seis años de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) no ha terminado de dar respuesta contundente a la necesidad de información que cumpla con los requisitos legales de transparencia y rendición de cuentas, ni ha logrado superar del todo la diversidad conceptual, normativa y técnica que sigue prevaleciendo en la información financiera y presupuestal de las entidades gubernamentales.

Los gobiernos de los estados y municipios han tenido que enfrentar el reto que supone la adopción de la LGCG y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (Conac), el cual se magnifica cuando se debe luchar no sólo contra un cambio normativo, que es lo que en principio parece, sino que se debe modificar una forma de trabajo en la que en muchos casos requiere:

1) Abandonar los procesos que ya funcionaban, pero que no estaban adecuados a un ordenamiento legal nacional; 2) Cambios organizacionales; 3) Modificaciones en los sistemas informáticos para el registro, generación y reporte de la información financiera y presupuestal; y 4) Una inversión monetaria y de recursos humanos, es decir, luchar contra la costumbre.

PASO LENTO

En el informe anual de 2013, emitido por el Conac al Congreso de la Unión, se indica que durante el último trimestre de ese año, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y los órganos de control estatales realizaron un sondeo en las 32 entidades federativas para conocer el avance en el cumplimiento de la LGCG y los documentos emitidos por el Conac.

Dicho sondeo se enfocó en los siguientes apartados: adopción normativa de la ley y su reforma 2013; obligaciones previstas en la ley y su reforma; avance en las obligaciones cuyos plazos fueron ajustados por el Conac en la sesión del 3 de mayo de 2013; y lineamientos de transparencia.

Para el primer apartado se mostraron resultados relevantes, ya que sólo tres estados reportaron avances parciales, el resto cumplimiento total. Sin embargo, los resultados de los otros tres apartados no fueron tan alentadores, ya que en temas relevantes como registro patrimonial, integración automática del registro presupuestal, generación en tiempo real de estados financieros y registro contable con base en las reglas de valoración del patrimonio, los avances fueron del 8 al 18 por ciento.

En el informe anual de 2014, emitido por el Conac al Congreso de la Unión el pasado mes de febrero de 2015, se integraron las siguientes recomendaciones:

• Incrementar el apoyo financiero para la armonización contable en las entidades federativas, en especial a los municipios y organismos descentralizados, para la capacitación en materia contable de información financiera y de sistemas.

• Apoyo financiero a los municipios, en especial a aquellos con menos de 25 mil habitantes, así como a sus organismos descentralizados, para la implantación de sistemas que permitan el cumplimiento de la ley.

• Revisar la compatibilidad de los ordenamientos actuales, así como de los que se estarán discutiendo en el Congreso de la Unión.

DIFICULTADES PARA CUMPLIR

De la lectura de los informes anuales emitidos por el Conac, correspondientes a los dos últimos ejercicios, se puede concluir entonces que tanto estados como municipios enfrentan serias dificultades para el cumplimiento cabal de las disposiciones de la LGCG y de los documentos del Conac.

Entre las más importantes se identifican: falta de presupuesto para los programas de armonización contable, así como falta de capacitación y sistemas informáticos que permitan dar cumplimiento a las disposiciones de la ley. En otras palabras, falta dinero, conocimiento técnico y tecnología.

La buena noticia es que la autoridad atinó en su análisis y determinó que, en ciertos casos, es necesaria la simplificación; por esta razón se modificaron en diciembre de 2014 los siguientes documentos emitidos por el Conac:

• Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental del Sistema Simplificado Básico (SSB) para los Municipios con menos de 5 mil habitantes.

• Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental del Sistema Simplificado General (SSG) para los Municipios con población de entre 5 mil a 25 mil habitantes.

LAS RECOMENDACIONES

El esfuerzo realizado hasta el momento por los gobiernos locales es destacable, no obstante sigue existiendo un gran reto para el cumplimiento total y para superarlo será necesario:

• Evaluar todas las dimensiones del estado o municipio para identificar los impactos de la LGCG e integrar un acelerado plan estratégico de instrumentación.

• Trabajar con el recurso humano para lograr una adecuada implementación en los nuevos procesos a partir de la LGCG.

• Establecer canales de comunicación adecuados entre las direcciones y distintas áreas para asegurar el éxito en el cumplimiento de la LGCG.

• Desarrollar primero los procesos, la cultura organizacional y el cambio personal y, paralelamente, implementar el desarrollo tecnológico.

• Establecer una adecuada administración del cambio para el éxito en la adopción de la LGCG.

• Asegurar que el nuevo modelo cumpla con la legislación aplicable y que brinde certeza jurídica al ente público y a los servidores públicos.

• Asumir la responsabilidad de la contabilidad, de la operación del sistema, así como del cumplimiento de lo dispuesto por esta ley y los documentos que emita el Conac.

En la exposición de motivos de la reforma hacendaria se mencionaba que “existía la percepción generalizada entre los mexicanos de que los resultados tangibles en materia de gasto público parecían estar muy por debajo del esfuerzo correspondiente que realizan los contribuyentes y ciudadanos en general para sufragar dicho gasto”.

Esa percepción necesitará más que dichos y estadísticas para desaparecer, por ello se necesita de un cambio profundo en la forma de gobernar y de voluntad política para transparentar el gasto público, así como de resultados tangibles que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.

* El autor es socio líder de Sector Público de PwC.

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