Escoltas y policías privados, fuera de la ley.

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La seguridad privada en el país es una industria con un valor en el mercado cercano a 160 mil millones de pesos (mdp), lo que equivale a 1 por ciento del producto interno bruto (PIB), y se calcula que crece a un ritmo de entre 18 y 24 por ciento al año. No obstante, es una de las industrias menos vigiladas.

Mario Espinosa Boulogne, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP) —que agrupa a las compañías del gremio— estima que existen entre 6 mil y 8 mil compañías de este giro, pero sólo 895 están debidamente registradas ante el gobierno central.

“Creemos que en México hay 2 mil empresas que pudieran tener permisos municipales o estatales para operar, pero que carecen de las autorizaciones federales, por lo que se deduce que la mayoría de las agencias establecidas operan de manera irregular”, detalla el directivo.

NORMATIVIDAD
A partir de la década de 1980, la seguridad privada comenzó a cobrar auge al cubrir espacios que no atendían las fuerzas policiales tradicionales, en un entorno cada vez más complejo debido a las amenazas crecientes del crimen organizado y a las crisis económicas que detonaron la demanda de servicios privados entre los ciudadanos.

La regulación de este gremio comenzó con la Ley que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, promulgada en 1995. Más tarde, el 6 de julio de 2006, se publicó la Ley Federal de Seguridad Privada. Hoy día, la Comisión de Seguridad Pública del Senado prepara una nueva norma para que los efectivos de las agencias privadas se sometan a pruebas de control de confianza.

Jesús Rodríguez_Diciembre2013Jesús Rodríguez Almeida, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), aclara que el control y la supervisión de los servicios privados de protección corresponde a las instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno, por tratarse de una actividad auxiliar de la seguridad pública.

La Secretaría de Gobernación (Segob), a través de la dirección General de Empresas de Seguridad Privada, es la dependencia encargada de definir los requisitos que debe cubrir cualquier persona que aspire a trabajar como escolta —como exámenes de control de confianza, estudios socioeconómicos, análisis químicos y psicológicos, así como pruebas antidoping y polígrafo—
además de tramitar la Cédula Única de Identificación Policial, entre otros requisitos.

No obstante, Joel Juárez Blanco, director general de la firma GSI Seguridad Privada, explica que el proceso para regularizar a una compañía es largo y riguroso, por lo que no todas están interesadas en cubrir los requisitos. El directivo comenta que lo anterior es una de las causas por las cuales muchas compañías trabajan al margen de ley. “Es una labor que dura alrededor de siete meses y que cuesta 11 mil pesos por cada nuevo efectivo en promedio.”

LAS “PATITO”
En ese sentido, el experto simpatiza con la idea de aplicar controles más estrictos. “Lo que desearíamos es que esta regulación tan drástica se extendiera a todas las empresas, no sólo a las que se apegan a las normativas, porque hay compañías que no cuentan con las certificaciones necesarias, no pagan impuestos y no capacitan a su personal. Lo que buscamos es hacer a un lado a las firmas que no estén debidamente reguladas”, apunta.

No son pocas las empresas de protección privada que aparecen y desaparecen, debido a que muchas de ellas cuentan con los permisos de alguno de los tres órdenes de gobierno, sin embargo, carecen del resto de los requisitos.

Rodríguez Almeida explica que en el caso de la capital del país, además del papeleo que exige la Segob, la SSPDF ha expedido permisos a las 754 compañías que operan en la ciudad. El funcionario apunta que cada año los particulares deben renovar su permiso, lo cual permite monitorear la calidad de sus servicios, así como evitar que operen las empresas irregulares.

Revisión_Diciembre2013El encargado de la seguridad pública en la capital del país refiere que algunas causas por las cuales se sanciona económicamente a las agencias que operan en el DF tienen que ver con no presentar la póliza de seguro por daño a terceros, impedir u obstaculizar las visitas de verificación y por carecer de licencias.

“Este año clausuramos cinco empresas por no cumplir con la normatividad local. Cuando nos llega el reporte de alguna empresa que no está registrada en la SSPDF, clausuramos las instalaciones y si detectamos que incurren en un delito le avisamos a la Procuraduría General de Justicia (PGJDF)”, detalla el funcionario.

LEYES INCUMPLIDAS
Según datos de la Segob, entre 2007 y 2013 más de 250 empresas recibieron algún tipo de sanción, como amonestaciones, clausuras, suspensiones y revocación de autorizaciones.

Con el propósito de poner orden en el sector, Mario Espinosa propone la creación de una cámara nacional de la industria. “Necesitamos un organismo que una al gremio, que sea nuestra voz ante el Congreso de la Unión y ante los gobiernos locales”, apunta.

El directivo sostiene que la AMESP está dispuesta a denunciar a las empresas“patito”. “Las tenemos bien detectadas, en el gremio sabemos cuáles son las que no cumplen con los requerimientos.”

René Jiménez Ornelas, coordinador del Programa de Análisis sobre Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), refiere que en casi todas las entidades federativas existen normas que regulan la operación de las empresas de seguridad privada, pero el problema es que no se cumplen.

El especialista considera que la solución no está en crear cámaras ni en modificar los marcos normativos o en crear nuevos reglamentos, sino en hacer valer lo que ya se tiene.

“Esto no quiere decir que la regulación esté completa, pero si de verdad se aplicara la legislación que ya existe a nivel federal y en varios estados de la República habría más posibilidades de controlar la operación de las corporaciones de protección privada”, comenta el académico.

Asimismo, Jiménez Ornelas destaca la necesidad de que las autoridades federales y estatales se cercioren de contar con legislaciones homologadas, principalmente en aspectos básicos como el registro de las empresas y el entrenamiento del personal.

Asimismo, las administraciones locales deben prever fuertes sanciones a quienes no se apeguen a las reglamentaciones.

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