Los 167 municipios del país que cuentan con salida al mar necesitan de la convergencia de instrumentos legales y de políticas públicas que brinden un ordenamiento territorial en los litorales, ya que su potencial económico y su sustentabilidad se encuentran en riesgo.

El problema es la falta de una regulación que asegure la defensa de los recursos naturales y el aprovechamiento racional y estratégico de los márgenes continentales.

Lorenzo Lavariega Arista, presidente municipal de Santa María Huatulco, Oaxaca, admite que los problemas de las zonas costeras de México —algunos de los cuales son crecimiento urbano desmedido, invasión de áreas protegidas, contaminación de suelos y aguas, tala inmoderada, destrucción de ecosistemas y muerte de especies animales— deriva entre otras cosas de la dificultad de establecer controles, mientras que las aguas interiores sufren de incertidumbre jurídica para usuarios y prestadores de servicios.

El edil refiere que mientras los trabajos legislativos del Congreso de la Unión se limitan al reordenamiento del comercio en las playas, la limpieza y las sanciones, los alcaldes de este tipo de ayuntamientos deben lidiar con trámites complejos, centralización en la toma de decisiones y recursos insuficientes.

REGLAS INAPLICABLES.

El munícipe se queja de que “todas las leyes están enfocadas a resolver problemas a través de la regulación. Sin embargo, en los hechos, muchas leyes no se aplican a falta de presupuesto y de personal que haga la supervisión”.

Adicionalmente expone que en Santa María Huatulco, autoridades de los tres órdenes de gobierno se coordinan para el cuidado de las playas, a las que se suma la sociedad organizada, porque en los hechos, aunque “el marco teórico regulatorio y de sanción es perfecto, no hay quien vigile ni aplique sanciones contra quienes dañan nuestro ambiente”.

La situación que describe el munícipe —quien gobierna uno de los destinos turísticos más importantes del país— pone en evidencia que las zonas marinas y costeras de México necesitan un nuevo marco jurídico y acciones focalizadas que pongan orden a su desarrollo.

Gabriel Quadri de la Torre, director Asociado de Sistemas Integrales de Gestión Ambiental y Enerclima (Sigea), refiere que en México no existe ninguna entidad de gobierno que se haga responsable de forma integral de esos ecosistemas, ya que “todo se hace con una visión fragmentada”.

Su opinión alude claramente a la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas (Cimares), creada por el Gobierno Federal en 2008, y constituida por los titulares de las secretarías de Gobernación (Segob); Relaciones Exteriores (SRE); Marina (Semar); Desarrollo Social (Sedesol); Energía (Sener); Economía (SE); Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa);Comunicaciones y Transportes (SCT); Turismo (Sectur) y Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

URGE UNA SUBSECRETARÍA.

Según Quadri de la Torre —ex candidato presidencial por el partido Nueva Alianza—, además de una ley más integral, se necesita de una agencia mexicana especializada o de una subsecretaría dentro de la Semarnat.

“La Secretaría tiene una gran capacidad inutilizada, una gran holgura, por lo que podría fácilmente crear una subsecretaría de mares y costas, que asumiera estas facultades y que le diera a la dependencia una mayor proyección y desenvolvimiento institucional regulatorio.”

Los expertos consultados consideran que el país debe definir un rumbo claro para explotar de manera sustentable sus litorales, mismos que se reparten en 167 municipios de 17 estados, los cuales son Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

Lorenzo Lavariega hace ver que las franjas oceánicas, los humedales y los puertos constituyen una fuente de riqueza que todavía no ha permeado a todas las capas de la población, ya que la mayor parte de los proyectos de desarrollo se han enfocado en el comercio, turismo, petróleo y, algunas zonas, en la pesca.

Comenta que el mar tiene la capacidad de aportar las proteínas que necesitan los mexicanos para combatir el hambre y la desnutrición. “Con una buena industria pesquera podríamos llevar alimentos a las áreas urbanas y rurales a buen precio.Los cultivos de peces, como el atún, podrían ser un generador de divisas, como ocurre en Ensenada, Baja California.” Sin embargo, el edil insiste en la necesidad de formular políticas públicas integrales que hagan partícipes a los municipios.

DISCUTEN PROYECTO DE LEY.

Por lo pronto, el Congreso de la Unión se encuentra en proceso de dictaminar la iniciativa con un proyecto de decreto por el que se expide una Ley de Playas, propuesta por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

No obstante, los expertos anticipan que dicha iniciativa —presentada en junio pasado— y que podría ser turnada en este periodo ordinario de sesiones a la Cámara de Diputados, será una norma insuficiente para el tamaño del problema. or ejemplo, se dejan fuera a las Administraciones Costeras Integrales Sustentables (ACIS), grupos de trabajo —como las que se han creado en Coatzacoalcos y Veracruz, Veracruz— que entre otros aspectos pretenden fortalecer la intervención de los municipios en el aprovechamiento de los litorales.

Sin embargo, se ha buscado una reforma constitucional para que, a través de la Ley de Puertos, se otorgue soporte jurídico a las ACIS, porque operan como concesiones carentes del respaldo legal que desean.

Lourdes Adriana López Moreno, diputada federal por el PVEM y presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara baja, reconoció que la propuesta de su partido “sólo contiene aspectos abocados a revertir el daño ocasionado por la inadecuada limpieza y la falta de vigilancia en las mismas”.

No obstante, aclara que los legisladores ya trabajan en la elaboración de una iniciativa que enriquezca la de los ecologistas en el Senado de la República. “En la Cámara de Diputados elaboramos algo más integral, no sólo de playas sino de mares y océanos; y sí, definitivamente se prevé la investigación científica para preservar los ecosistemas marinos y costeros.”

PENSAR EN FORMA INTEGRAL.
La legisladora, originaria de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, reconoce asimismo que es preciso establecer diferencias en la normatividad, ya que entidades como Baja California o Quintana Roo necesitan recuperar zonas de manglar afectadas por las actividades económicas; mientras que Chiapas necesitaría esquemas de conservación.

López Moreno también afirma que la participación de los municipios es básica, debido a su contacto con la realidad, lo que no siempre es tomado en cuenta ya que la política ambiental parte desde los poderes centrales.

En este sentido, los expertos se inclinan por impulsar una ley general de desarrollo costero sustentable y no sólo de playas. Hugo Ulises Cruz, profesor de Derecho Ambiental en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), advierte que la reglamentación sobre los márgenes marítimos está enfocada en dos aspectos: la propiedad y la posesión, lo que excluye el aprovechamiento y la explotación, así como el desarrollo económico.

“Nos hace falta una norma más amplia, porque la Ley General de Bienes Nacionales es muy vieja, con un reglamento para el uso y aprovechamiento del mar territorial navegable, que data de 1991, muy lejano a la situación actual, por la tecnología, la conformación poblacional que es distinta, los objetivos económicos que estan más desarrollados y, de alguna manera, porque tenemos un vacío legal.”

LA “GRILLA”, OBSTÁCULO.

El catedrático acepta que el tema es de suma importancia, pues entre otras cosas, 80 por ciento del comercio del país se efectúa vía marítima y porque, según cifras oficiales, para 2030 la población de los estados costeros aumentará a 55 millones de personas, 17 por ciento superior a las 47 millones que se tenían en 2005.

Hugo Ulises Cruz afirma que, cuando la sociedad se involucra en la elaboración de normas, sucede que todos los grupos sociales las cumplen, y entonces comienzan a actuar de una manera más productiva y más propositiva.

Sin embargo “al no existir una integración real entre la concesión marítima terrestre y la sociedad, nos encontramos por ejemplo que, año tras año, tenemos inundaciones y desbordamientos de ríos, porque la normatividad no se cumple”, como ocurrió hace dos meses a causa de los huracanes Ingrid y Manuel.

El experto considera que la confrontación partidista ha provocado la falta de una ley costera integral. La primera pregunta que se formulan los actores políticos es quién impulsa el proyecto. Si lo hace el PVEM o el Partido Revolucionario Institucional (PRI), se oponen los partidos Acción Nacional (PAN) y el de la Revolución Democrática (PRD). Y si lo hace el albiazul lo cuestionan el sol azteca o el tricolor, y así sucesivamente.

Adicionalmente opina que una buena estrategia para impulsar la elaboración de nuevas leyes es la integración de lo que denomina “comités formativos”, que rebasarían las diferencias partidistas, ya que se conformarían “planes anclados en necesidades sociales y no en necesidades partidistas”