Gobiernos independientes, instituciones difusas.

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ApoyoEn México hay cerca de 500 municipios autónomos amparados por el Artículo 115 constitucional. Los motivos para que estas entidades hayan optado por regirse mediante normas y órganos de gobierno propios tienen que ver con lograr una nueva forma de representación, brindar mayor seguridad a sus comunidades ante el crimen organizado e incluso por cuestiones religiosas.

La Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm) considera que la población que se rige bajo estos sistemas, principalmente indígena, asciende a cerca de 13 millones, es decir, 12 por ciento de la población nacional, y se concentran principalmente en los estados de Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Guerrero. En Oaxaca, 419 de sus 570 municipios se rigen por usos y costumbres bajo el amparo de la constitución estatal. Otras comunidades en el país aspiran a gozar de este tipo de reconocimiento.

Estas formas de autogobierno existen desde la época prehispánica. Según los expertos, han evolucionado a la par de los procesos nacionales de democratización y demandan un mayor reconocimiento de la sociedad.

 

ContrastesAL MARGEN DE PARTIDOS.

Entre los pueblos indígenas existe una amplia gama de prácticas que van desde las juntas de buen gobierno, en Chiapas, hasta la policía comunitaria, en Guerrero, pasando por experiencias de autogobierno, como las de los municipios de San Juan Copala, Oaxaca, y Cherán, Michoacán.

Sergio SarmientoSergio Sarmiento Silva, investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), comenta que el caso de los 40 municipios autónomos de Chiapas, liderados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y las juntas de buen gobierno, son un claro ejemplo de la viabilidad de este tipo de regímenes.

El experto menciona que, a casi 20 años de haber surgido en la escena política nacional, estas formas de gobierno sobreviven al margen de los partidos y de otras instituciones políticas. “Pero estas entidades también tienen sus propias dificultades. Aquí también hay conflictos internos, pero existe el reconocimiento de la ciudadanía. Es otra forma de hacer política que no necesariamente rompe con el orden constitucional”, explica.

LOS MÁS RECIENTES.

Un caso emblemático es el de Cherán, Michoacán. Durante años, los habitantes de ese municipio sufrieron el acoso de los talamontes hasta que, en abril de 2011, un grupo de mujeres decidió enfrentarlos. En esa ocasión, la comunidad desconoció al presidente municipal, prohibió hacer propaganda política de cualquier partido durante el proceso electoral de noviembre, y en enero de 2012 eligieron un consejo municipal autónomo, mediante el cual se rigen actualmente.

OradorOtro ejemplo es el de Copala, Oaxaca, donde en 2007, una parte de la comunidad conformada por indígenas triquis declaró la autonomía de su municipio. Sin embargo, los conflictos entre organizaciones como el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) y la Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), generaron un ambiente de violencia que obligó a comunidades completas a dejar su territorio desde 2010.

En Guerrero se duplicó durante los últimos seis meses el número de comunidades en donde la población tomó las armas para hacer frente al crimen organizado, principalmente en las zonas de la Costa Chica y la Montaña.

Aunque desde hace 17 años la Policía Comunitaria imparte justicia con base en el sistema de usos y costumbres, en junio de 2012, los habitantes del municipio de Huamuxtitlán, Guerrero, liberaron por sus propios medios a 17 personas secuestradas. Desde entonces, el grupo civil autodenominado Frente Ciudadano Huamuxteco mantiene la vigilancia del lugar. El suceso se replicó en los municipios vecinos de Olinalá, Cualac y Xochihuehuetlán.

DEBILIDADES.

Los expertos coinciden en que la pobreza, la migración y otras formas de exclusión social han provocado grandes cambios en los sistemas normativos de los pueblos indígenas y que las afectaciones continuarán.

Luis Miguel PérezLuis Miguel Pérez Juárez, investigador de la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública (EGAP),del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), asegura que la inestabilidad en el desarrollo del régimen de usos y costumbres se debe principalmente a la intolerancia religiosa, la discriminación en contra de las mujeres y la violación de los derechos humanos.

Explica que entre 15 y 20 por ciento de estos municipios presentan altos índices de corrupción, lo que propicia la generación de actos violentos que pueden afectar seriamente la gobernabilidad. “La mayoría de las veces terminan por pedir respaldo a las autoridades estatales o federales para poner orden”, apunta Pérez.

No obstante, el académico precisa que los problemas que existen al interior de algunos municipios autónomos no representan un riesgo de gobernabilidad para los estados en los que se ubican. Sostiene que la organización ciudadana es positiva en la medida en que no intenta tomar las leyes en sus manos ni aplicar castigos.

“Que los ciudadanos se organicen de tal manera en que ayuden a las autoridades a cumplir la ley, puede ser un fenómeno positivo. El problema es cuando se independizan, piden autonomía y crean formas de autodefensa que sólo generan inconvenientes”, concluye.

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