Se constituyó un programa que promueve acciones en pro de la eficiencia de procesos en materia de energía, manejo de residuos y consumo de agua, por mencionar algunos

Ciudad de México.- Cuidar del medioambiente y los recursos naturales es una preocupación latente, tanto para gobiernos como para sector privado. A las empresas y municipios que cumplen con cabalidad más allá de lo que marca la ley en materia de protección ambiental y recursos naturales, se les reconoce por medio de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Pofepa).

En dicho organismo, la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental, de la cual es titular Jaime García Sepúlveda, se encarga de realizar reconocimientos. “En la dependencia lo que se hace es reconocer a aquellas empresas y municipios que tienen una visión de trabajo y progreso amigable con el medioambiente, que incluso va más allá de lo que marca la ley”, comenta.

El Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA), dice Jaime García, es un instrumento de política ambiental que pretende reducir el consumo de agua, energía y la generación de residuos, a través del fomento de mejores procesos de producción de las empresas y de los municipios.

El PNAA se creó en 1992 por iniciativa propia de la Profepa, fue hasta 1997 cuando el entonces presidente de la república, Ernesto Zedillo, entregó los primeros 80 certificados. El programa se extendió más allá del sector industrial y abarcó al comercio, servicios, instalaciones turísticas y municipios.

Son tres los tipos de certificados que se emiten: Industria L impia, Calidad Ambiental y Calidad Ambiental Turística. En todos los sectores se pueden involucrar tanto empresas privadas como municipios y ambas en colaboración. El éxito del programa depende y se debe en gran medida al interés de gobiernos locales e Iniciativa Privada para la conservación de recursos naturales y fomento de una conciencia medioambiental.

El programa consiste en una evaluación sistemática que permite valorar la efectividad de las acciones realizadas para cumplir con la legislación ambiental y lograr un desempeño superior al exigido. El programa requiere que los promotores, es decir, quien solicita la auditoría (municipios o privados), tengan el interés de identificar las áreas de aprovechamiento sin importar que la ley lo cubra o no.

De acuerdo con el entrevistado, la auditoría ambiental funciona de forma voluntaria y diferenciada de los lineamientos de acreditación e inspección estatal y promueve la competitividad reconociendo la preocupación con el medioambiente. Asimismo, cada entidad cuenta con una legislación en la materia, diferentes entre sí. Ante ello, la Profepa acopla su metodología a las necesidades.

Los ayuntamientos que cuentan con una diversidad de recursos naturales y de fauna son los interesados en generar progreso e impulsar el desarrollo a la par de un cuidado irrestricto de su entorno. Por ello, a las actividades realizadas por un municipio o una empresa que al operar pueden, por su ubicación, dimensiones y características afectar de alguna manera negativa al medioambiente, “se les debe dar un seguimiento continuo, y a aquellos municipios o empresas que son auditados por la subprocuraduría y se les reconoce, pueden reacreditar sus procesos avalando la continuidad de sus buenas practicas”. En ese sentido, el subprocurador puntualiza que la acreditación otorgada por la Profepa tiene una vigencia de dos años.

Los aspectos técnicos de las auditorías ambientales son: “normas ambientales federales y estatales (administrativo-legales, emisiones a la atmósfera, descargas de aguas residuales, manejo de residuos peligrosos, contaminación de suelo y subsuelo y ruido), así como aspectos que no están normados (riesgo, seguridad, atención de emergencias, capacitación, normas y criterios internacionales aplicables, buenas prácticas de ingeniería y optimización de consumo de energéticos)”.

Con la finalidad de proporcionar un servicio lo más transparente posible, comenta, son dos procesos los realizados para obtener la acreditación. “La dependencia realiza y establece los lineamientos, además de analizar los resultados de la evaluación. Por su parte la auditoría es otro proceso que se lleva a cabo mediante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).

Los beneficios de contar con el reconocimiento emitido por la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental son diversos: desde un certificado que avala el compromiso con el medioambiente, cuidado de los procesos de elaboración, seguridad para inversionistas y empresarios que busquen instalarse en un municipio, hasta la garantía de que el ayuntamiento trabaja por los ciudadanos para otorgarles un entorno favorable hacia el desarrollo.