Intermunicipalidad contra tiraderos clandestino

Para contrarrestar los vertederos furtivos, los ayuntamientos pueden unir esfuerzos para recolectar y tratar la basura; sin embargo, sólo 17 municipios obtienen un beneficio económico de esta actividad

basura

FOTO: CUARTOSCURO

México alberga 379 plantas de manejo de residuos sólidos repartidos en 148 rellenos sanitarios, 78 sitios controlados y 153 no controlados, estos últimos sin cumplir con la Norma 083, referente a la operación y monitoreo de estos vertederos. A esto se añaden 1,650 tiraderos a cielo abierto, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Cuauhtémoc Ochoa Fernández, subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Semarnat, afirma que hay 339 municipios con más de 50 mil habitantes, donde se ubican 379 sitios de disposición final de desechos.

Sólo 17 municipios en el país cobran el servicio de limpia, recolección y disposición final de sus residuos, característica que los hace sostenibles, pues también generan biogás, aunque sólo cinco de ellos crean energía.

El funcionario comenta que al aplicar e l cobro del servicio, cualquier gobierno municipal podría pagar la limpia y recolección sin necesidad de recurrir al subsidio gubernamental, aunque “a nadie le gusta que le cobren”; a esto también se anexa el temor de los presidentes municipales, quienes consideran negativo para su imagen pública la exigencia del pago.

Un análisis elaborado en la Semarnat reveló que el costo per cápita por el servicio de limpia, recolección y disposición final de residuos sólidos es de 50 centavos al día. En México se generan diariamente 115 mil toneladas de basura.

RESPONSABILIDAD MUNICIPAL

En el estado de Puebla hay tres ciudades que tienen rellenos sanitarios: su capital, Puebla, que recolecta en un relleno los residuos sólidos de 19 municipios poblanos; Cuetzalan del Progreso y Tehuacán.

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Cuauhtémoc Ochoa Fernández.
FOTO: ROSALÍA MORALES

Cuauhtémoc Ochoa refiere que en Jalisco funcionan 32 rellenos sanitarios, aunque existe uno más que opera de forma regional, el cual ofrece el servicio a algunos ayuntamientos de Michoacán, entidad vecina.

El tratamiento de la basura, expone el subsecretario de la Semarnat, es una opción para impulsar el desarrollo económico del municipio al reciclar los desechos y así reducir el costo de operación de los rellenos sanitarios mediante plantas de valorización en las que se separe cada desecho orgánico e inorgánico para hacerlo útil de nuevo.

La Ley General de Cambio Climático establece que, para 2018, las ciudades con más de 50 mil habitantes deberán generar infraestructura para la quema y captación de biogás para la reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2).

La meta de México hacia 2030 es reducir hasta 13.5 millones de toneladas de CO2, derivada del acuerdo firmado en la sesión 21 de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en 2015.

Ochoa Fernández, apoyado en proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), calcula que la degradación ambiental derivada de la equivocada disposición de los residuos sólidos representa un gasto de 55 mil millones de pesos (mdp) y este año ascenderá a 63 mil mdp.

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Óscar Eduardo Llamas.
FOTO: CORTESÍA DE JIORESA

En la delegación Iztapalapa, de la Ciudad de México, se contabilizaron cerca de 320 tiraderos clandestinos en los que se depositaban 506 toneladas de basura proveniente de algunos tianguis de la demarcación; aunque en Benito Juárez descubrieron 140, según datos de ambas jefaturas delegacionales, emitidos en enero y febrero, respectivamente, de este año.

En Baja California ubicaron 114 vertederos a cielo abierto que están en la mira de la Secretaría de Protección al Ambiente estatal (SPA). Al menos 95 se encuentran en Tijuana, 13 en Ensenada, uno en Tecate y cinco en Mexicali, donde opera el centro de acopio Hipólito Rentería.

El municipio de Solidaridad, Quintana Roo, informó de 10 puntos como tiraderos de basura urbana, principalmente en Villa Maya y la colonia Forjadores, donde también se utilizan lotes baldíos con desechos. Un caso similar ocurre en la zona norte de Veracruz, donde también ubicaron 50 tiraderos clandestinos, confirmó en su momento el director de Servicios Públicos Municipales, Sergio Flores Sosa.

Río Grande, Zacatecas, tiene 30 predios abandonados que son utilizados como basurales, situación que provocó la movilización de autoridades municipales para aplicar multas hasta por 10 salarios mínimos para aquellos que sean sorprendidos tirando desperdicios, de acuerdo con información del Instituto Municipal de Ecología y Medio Ambiente (Imemarg).

CASO JIORESA

Situado a 13 kilómetros de la capital de Zacatecas, en la localidad de Sauceda de la Borda, adscrita al ayuntamiento de Vetagrande, se ubica la Junta Intermunicipal para la Operación del Relleno Sanitario (Jioresa) Tipo A, única en la entidad y de las pocas del país que trabaja con diferentes demarcaciones.

Inaugurada el 13 de abril de 2012, la Jioresa comenzó operaciones con un presupuesto de 60 mdp en los municipios de Zacatecas, Guadalupe, Vetagrande y Morelos, aunque posteriormente se anexó Trancoso como “un cliente más”, explica Óscar Eduardo Llamas González, director del organismo, quien en enero del año pasado asumió ese cargo.

La Jioresa recolecta de 220 a 230 toneladas de desechos al día entre los cinco municipios para los que opera, aunque Guadalupe es el que más genera, seguido de Zacatecas, Morelos, Vetagrande y Trancoso.

En-MexicoPor cada tonelada que se recolecta, la Junta cobra a los ayuntamientos 60 pesos. Para Trancoso el precio se incrementa al doble, pues no pertenece oficialmente a la Jioresa, aclara Llamas González.

Para particulares y compañías que soliciten el servicio, el costo es de 500 pesos por tonelada y actualmente hay seis empresas dedicadas a la recolección privada a las que ofrecen la asistencia.

Para 2016, el Ejecutivo estatal destinó 1 mdp para el organismo intermunicipal, aunque en el presupuesto anual los integrantes de la Jioresa sugirieron un presupuesto de 3 millones 400 mil pesos para etiquetarlos en pago de nómina, gastos corrientes y de operación de la planta, entre otros.

La Junta cuenta con 22 empleados repartidos en cuatro municipios, además de personal de la Secretaría de Infraestructura estatal.

Adicional a los recursos con los que operan, Óscar Eduardo Llamas reconoce que requieren una planta separadora y otra de composteo. En abril del año pasado instalaron ocho tubos de venteo para extraer biogás y optimizar el funcionamiento de la celda instalada en la plataforma del relleno sanitario.

El funcionario asegura que el organismo que dirige es un ejemplo en el país sobre la administración y tratamiento de residuos sólidos, pues “es la única de su tipo”.

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