¿Llegó el fin de los bonos de carbono?

ContaminaciónCuando se celebró en 1997 el Protocolo de Kioto sobre el cambio climático, los participantes del encuentro llegaron a varias conclusiones, una de las cuales consiste en otorgar incentivos económicos para reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a nivel internacional. Estos atractivos son los conocidos bonos de carbono.

Los términos del Protocolo tuvieron vigencia ya entrada la primera década de 2000, por lo que desde su firma se fueron adhiriendo varios países, entre ellos México. Sin embargo, no todos los firmantes —más de 180— tienen las mismas obligaciones. Como se sabe, los países industrializados tienen el mandato de reducir sus emisiones de GEI en una proporción de 5.25 por ciento promedio hacia 2012, aunque algunas naciones tienen unas metas más altas.

En cambio, los países en desarrollo como el nuestro no tienen compromisos igualmente específicos, aunque sí están convocados a hacer su mayor esfuerzo para disminuir la generación de contaminantes atmosféricos.

Los GEI considerados dentro del protocolo de Kioto son: bióxido de carbono, metano, óxido nitroso, perfluorocarbono, hidrofluorocarbono y hexafluoruro de azufre.

Ante las dificultades económicas, políticas y sociales que implican para los países alinear a todos sus sectores con la causa ambiental, se ideó el Mecanismo de Desarrollo Limpio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a partir del cual se expiden Certificados de Reducción de Emisiones (RCE por sus siglas en Inglés), mismos que se pueden convertir en instrumentos financieros intercambiables dentro de mercados especializados.

COOPERACIÓN MULTILATERAL

Calidad del Aíre Distrito FederalMediante este esquema se obtiene un doble beneficio: por un lado, los proyectos creados en países en desarrollo reciben financiamiento externo, mientras que los compradores de los bonos de países ricos pueden demostrar que cumplen con acciones de mitigación del cambio climático en sus lugares de origen. El financiamiento obtenido por los beneficiarios tiene que utilizarse en equipamiento, capacitación o más acciones relacionadas con el cuidado ambiental.

Los proyectos elegibles para la venta de bonos son los que buscan la eficiencia energética o bien los que capturan las emisiones contaminantes. Hasta el presente, el mercado de dichos instrumentos ha tenido un desempeño dinámico, no sin presentar altibajos como resultado de la desaceleración económica mundial y la alta volatilidad de los mercados financieros internacionales.

Datos actualizados a 2011 refieren que el continente asiático es por mucho el principal oferente de bonos, ya que concentra el 81 por ciento, seguido de América Latina con 14 por ciento. En tercer lugar se ubica África con 3 por ciento del total, según la ONU.

En el caso de México, la Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca (Semarnat) —ventanilla a la cual deben dirigirse los aspirantes a la certificación— tiene registrados diversos planes de acción que van desde parques eólicos, obtención de biogás en rellenos sanitarios y granjas, así como ahorro de energía en industrias contaminantes, entre ellas la cementera, los cuales están distribuidos en Oaxaca, Baja California y otras entidades federativas.

ESCASA PARTICiPACIÓN

Sin embargo, el mercado de bonos se acerca a una fecha decisiva pues, como se explicaba unas líneas arriba, la meta obligatoria para los países industrializados vence al término de este año lo que ha despertado diversas especulaciones sobre su continuidad.

Asimismo, se han intensificado las opiniones sobre el mecanismo de los bonos de carbono que se resumen en dos vertientes:

1. La postura crítica —enarbolada por organizaciones civiles y ambientalistas— que consideran a este mercado como un negocio, en lugar de un verdadero instrumento para mitigar los efectos del cambio climático.

2. La posición conciliadora que, si bien reconoce la existencia de distorsiones, percibe una amplia oportunidad para el desarrollo de las comunidades rurales, las pequeñas empresas y los gobiernos carentes de financiamiento, sin olvidar los beneficios para el medioambiente.

OTRAS OPCIONES PARA MÉXICO

En nuestro país han prevalecido ambos puntos de vista, pero a pesar de las amplias posibilidades que existen para trabajar en rellenos sanitarios y ranchos, además del sector forestal y la misma industria energética —petróleos y electricidad—, no ha habido una mayor certificación de proyectos. En la prensa se ha publicado que México participa con 1.5 por ciento del mercado global de bonos de carbono.

Dicha situación se explica por varios aspectos. La crisis económica mundial que ha reducido el monto del financiamiento disponible, la volatilidad de los precios internacionales de materias primas y otros bienes, la incertidumbre sobre lo que pasará con los bonos a partir de 2013 y las estrictas reglas de la ONU para certificar las acciones de mitigación del cambio climático.

Hasta donde se tiene conocimiento, los bonos de carbono no desaparecerán en estricto sentido, ya que deberán seguir activos aquellos que sean aprobados este año. Sin embargo, ante el escenario mundial, es probable que decrezca la demanda de los países ricos, de ahí la importancia de otros acuerdos generados en las reuniones de la Conferencia de las Partes de la ONU, entre los que destacan instrumentos como los Nationally Appropriate Mitigation Actions Concept que prevén cualquier acción o medida mientras demuestren reducción de emisiones.

Pero no todo acaba aquí, ya que algunos países industrializados están integrando mercados regionales con el interés de apoyar proyectos de países en desarrollo. Por ejemplo, Estados Unidos —que no se ha adherido al Protocolo de Kioto— cuenta con la Western Climate Initiative (WCI), que aglutina a los estados del oeste de ese país y que ha invitado a los estados fronterizos de México en calidad de observadores.

Dicha organización tiene el cometido de formular políticas, intercambiar bonos e integrar bases de datos, entre otras acciones, para disminuir los GEI, lo que representa una opción para impulsar más proyectos en suelo mexicano.

Asimismo, el Congreso de la Unión tiene pendiente la aprobación de la Ley General de Cambio Climático que pretende articular una política nacional para enfrentar este fenómeno que, entre otras cosas, busca coordinar a los niveles de gobierno Federal, estatal y municipal, así como endurecer las sanciones contra las empresas contaminantes y promover mecanismos de financiamiento como los fondos verdes, además de integrar un registro de emisiones.

Los diputados devolvieron el proyecto de ley con observaciones a sus pares del Senado, para que éstos aplicaran dichos cambios. Habrá que esperar a conocer el documento final que se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y a partir de ahí calcular sus alcances en nuestro país.

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