Menos opacidad con trabajo colaborativo

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El autor es comisionado del INAI y coordinador de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Twitter: @joelsas

Los ayuntamientos pueden aliarse con la población para que, a una sola voz, exijan a los estados las mejores leyes anticorrupción

El mes pasado escribí sobre la importancia de vigilar la armonización de las leyes estatales a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Estos procesos son cruciales para que el acceso a la información pública sea realmente efectivo en el país, es decir, que sirva para fomentar el diálogo y la colaboración entre autoridades y sociedad, y así restaurar la confianza de la ciudadanía en los gobernantes.

El plazo para que las entidades federativas armonicen sus leyes vence el 4 de mayo de este año. La campaña #ArmonizaTuLey monitorea el avance de cada estado y lo reporta en http://colectivoporlatransparencia.org/armoniza-tu-ley. Las entidades federativas deben cumplir con el mandato constitucional, pero lo fundamental es que utilicen esta oportunidad para demostrar a la población su voluntad política de convertir la información pública en el insumo para la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. En otras palabras, que cada estado, municipio y poder hagan lo que les corresponde para construir un estado abierto en México.

Sin embargo, la consolidación del derecho de acceso a la información enfrenta obstáculos. En cumplimiento de sus atribuciones, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) sigue los procesos de homologación de las leyes estatales. Cuando observamos omisiones o contradicciones, tomamos las acciones legales pertinentes. Tal es el caso de la legislación aprobada para Querétaro en noviembre de 2015.

En el pleno del INAI aprobamos la interposición de una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) porque identificamos ocho conceptos de invalidez respecto del texto constitucional y la Ley General. Afortunadamente, los poderes ejecutivo, legislativo, así como el órgano garante queretano presentaron una iniciativa para adecuar la legislación local en la materia, en la que se atienden y subsanan las observaciones del INAI, de manera que la acción que interpusimos quede sin materia.

En Tabasco hay una situación similar. El legislativo estatal aprobó una ley que incluye la figura de recurso de revisión en materia de seguridad estatal. En el INAI consideramos que esto va en contra de lo previsto en materia de seguridad nacional en la Ley General: el recurso de revisión por motivos de seguridad nacional que puede interponer el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal no puede ser replicado en las leyes estatales. Contrario al caso queretano, el ejecutivo tabasqueño concluyó que dejará a la SCJN resolver sobre la constitucionalidad de esta disposición.

MAYOR LEGITIMIDAD

Para sortear los obstáculos, tanto los congresos como los órganos garantes estatales, que son los principales responsables de llevar hacia adelante las legislaciones en la materia, pueden echar mano de al menos dos recursos. Primero, acudir al INAI para recibir apoyo para la redacción de marcos legislativos. El Instituto está en total disposición de colaborar con ellos en este proceso.

Otro recurso consiste en favorecer la participación de todos los actores relevantes locales para que se complementen puntos de vista e identifiquen áreas de oportunidad de forma colaborativa; esto generará iniciativas de ley inclusivas y con mayor legitimidad, siguiendo la práctica de Parlamento Abierto que impulsó el Senado de la República al momento de confeccionar la reforma constitucional de 2014 y la Ley General.

Los alcaldes de México tienen la oportunidad de involucrarse en este proceso. Los municipios serán sujetos obligados de las leyes de acceso a la información pública, por lo tanto, los alcaldes podrán participar con los órganos garantes locales y los poderes legislativos en la redacción pero, sobre todo, pueden aliarse con la población para crear una corriente de opinión que a una sola voz exija la mejor ley posible para su estado. El tiempo se agota, pero la transparencia y el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información pública no pueden esperar.

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