No más herencias malditas

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Tras los comicios de junio de 2015, 11 alcaldes de los 20 que gobiernan los municipios más endeudados del país enfrentan obligaciones contraídas por sus antecesores. Una nueva ley de disciplina financiera busca acabar con estas prácticas

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FOTO: GETTYIMAGES

El 30 de septiembre de 2015, María Elena Limón García se convirtió no sólo en la primera alcaldesa de Tlaquepaque, sino de todos los municipios que conforman el área metropolitana de Guadalajara. El recinto donde tomó protesta estaba reluciente, pero a unos metros de ahí, los comerciantes del Mercado Juárez se quedaron en total obscuridad porque la Comisión Federal de Electricidad (CFE) les cortó la luz, porque el ayuntamiento debía la factura de cuatro meses. Asimismo, 17 constructoras reclaman el pago de 37 millones de pesos (mdp) por la realización de 30 obras públicas en la demarcación.

En aquella ocasión, la nueva presidenta municipal desconocía el monto real de los pasivos que le heredaban sus antecesores. El ayuntamiento ya arrastraba ese día una deuda de 960 mdp, mientras que otros 87 mdp estaban por facturarse, para sumar una cantidad de casi 1,100 mdp, lo cual representa 70 por ciento del presupuesto del municipio en 2016, como resultado de malas decisiones en las administraciones anteriores.

“Les digo a los ciudadanos que sus hijos y nietos ya deben, pero tengo que asumir esta deuda que viene de varias administraciones, no fue una sola, porque se fueron acumulando y es irresponsable que no hayan tenido la visión de que a los nuevos gobiernos nos iban a dejar este pasivo”, asegura la funcionaria.

Para hacerle frente a esta situación, la edil emprendió una estrategia que incluye desde denuncias penales en contra de quienes resulten responsables por mala gestión de recursos públicos, así como un saneamiento de las finanzas locales, a través de una política de austeridad y recaudación eficiente de impuestos para desarrollar infraestructura pública.

SIN MARGEN DE MANIOBRA

El caso de Tlaquepaque es una muestra de lo que ha ocurrido en los últimos ocho años, ya que la deuda pública de los municipios aumentó 108 por ciento, es decir, un promedio de 13.5 por ciento al año, mayor al 1.9 por ciento que apenas promedió la economía mexicana durante ese periodo.

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Armando Ríos Piter.
FOTO: ARCHIVO ALCALDES DE MÉXICO

De esta manera, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mientras que en 2008 el saldo nominal de las obligaciones de los gobiernos municipales sumaba 23 mil mdp, para el término de 2015 alcanzó 48 mil mdp.

Existen varios casos de alcaldías que fueron prudentes en el manejo de sus finanzas pero también hubo otras que incurrieron en deudas excesivas, comprometiendo a las administraciones subsecuentes, y sobre todo, a los ciudadanos.

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), de las 2,446 alcaldías que existen en el país, 20 concentran el 45 por ciento de la deuda pública municipal. Según cifras de dicho instituto, los 20 municipios más endeudados del país son Tijuana, Guadalajara, Monterrey, Hermosillo, León, Benito Juárez, Mexicali, Zapopan, Nuevo Laredo, Tonalá, San Nicolás de los Garza, Culiacán, Solidaridad, Ecatepec, Ensenada, Tlaquepaque, Guadalupe, Nogales, Puebla y Coatzacoalcos, cuya deuda en total oscila en 21 mil 600 mdp. De esta lista, 11 de ellos renovaron sus ayuntamientos en las elecciones de junio de 2015.

Lo anterior contribuyó a que el saldo de las obligaciones financieras de estados y municipios para el término de 2015 representara 3.1 por ciento del producto interno bruto (PIB), nivel que si bien se ha mantenido en los últimos tres años, resulta mayor al 1.6 por ciento reportado una década atrás.

El problema se agrava cuando las deudas corresponden a créditos pactados a largo plazo, recortando el margen de maniobra para las siguientes administraciones, tal como lo enfrentaron varios de los alcaldes que fueron electos en los comicios del 7 de junio de 2015.

Por ejemplo, de acuerdo con cifras de la SHCP, en Nuevo León, 51 alcaldes que asumieron su cargo el pasado 30 de octubre heredaron una deuda total de 5,103 mdp, mientras que 33 presidentes municipales del estado de Morelos que iniciaron sus labores en 2016 asumieron “de facto” pasivos por más de 3 mil mdp.

NUEVAS REGLAS

Armando Ríos Piter, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República, afirma que la contratación de deuda de manera responsable y ordenada puede ser una herramienta eficaz para impulsar el desarrollo de los gobiernos subnacionales. Es aquí donde adquiere importancia la recién aprobada Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la cual, hasta el cierre de esta edición, se encontraba en espera de ser publicada en el Diario Oficial de la Federación.

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Marcela Andrade Martínez.
FOTO: ARCHIVO ALCALDES DE MÉXICO

“Lo que busca esta nueva legislación es ordenar la forma en que los estados y municipios utilizan deuda para financiar inversión pública, porque en los últimos años se convirtió en un instrumento para ‘chile, sal y manteca’ y no para inversión pública, sino para gasto corriente y para financiar campañas”, comenta el legislador.

La nueva ley contempla un sistema de alertas que, dependiendo del nivel en que se encuentre la entidad, podrá adquirirse financiamiento adicional anual.

Cada gobierno tendrá un techo de financiamiento, de tal manera que para los estados y municipios que tengan un endeudamiento sostenible, el tope de financiamiento será el equivalente a 15 por ciento de sus ingresos de libre disposición, los cuales están conformados por los ingresos locales, las participaciones federales y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico.

Para los gobiernos con un endeudamiento en observación el techo será de 5 por ciento y para los que tengan un endeudamiento elevado, será de cero por ciento.

El sistema de alertas será publicado en la página de Internet de la SHCP de manera permanente y deberá actualizarse cada tres meses, dentro de los 60 días naturales posteriores al término de cada trimestre.

El Congreso de la Unión creará una comisión bicameral para dar seguimiento y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) será parte de esta supervisión.

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Kristobal Meléndez.
FOTO: ROSALÍA MORALES

“Lo que trae de bueno esta ley es que ahora hay muchos actores en la toma de decisiones; entonces estos candados hacen que ya no sea tan fácil caer en excesos”, destaca Kristobal Meléndez, analista del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Asimismo, Marcela Andrade Martínez, titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP, cuyo equipo dio seguimiento puntual a la creación de la nueva ley, apunta que los municipios estarán obligados a comprobar que adquirieron el crédito al menor costo posible, a través de la difusión de la tasa efectiva del mismo, algo similar al Costo Anual Total (CAT) que aplica en las tarjetas de crédito y que incluye todas las comisiones que comprende el financiamiento.

La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios no se limita al tema de la deuda, sino que ofrece un marco integral que busca contribuir a sanear las finanzas de las entidades, a través de una eficiente recaudación de impuestos locales, por ejemplo.

En este sentido, Kristobal Meléndez considera que, dentro del marco de esta nueva legislación, los presidentes municipales deberán fortalecer su capacidad de cabildeo y negociación para lograr que se les autorice la contratación de deuda, mientras que por otro lado deben elevar su recaudación local por medio del cobro del agua y del impuesto predial para obtener el aval correspondiente.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la recaudación del impuesto predial en México —que es responsabilidad de los municipios— como porcentaje del PIB es de sólo 0.14 por ciento, mientras que el promedio entre los países del bloque es de 1 por ciento. Asimismo, el Imco refiere que las alcaldías generan sólo 4 por ciento de los ingresos totales del país, pero se gastan 7.5 por ciento.

Al respecto, Marcela Andrade reconoce que la recaudación local representa un área de oportunidad para los ayuntamientos, en aras de fortalecer sus finanzas internas.

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