Nuevas reglas para vigilar la deuda Subnacional

Las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión establecen que los gobernadores y alcaldes deberán notificar sus obligaciones de pago en un registro público único

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Tras el desproporcionado incremento en la deuda de diferentes entidades, el Congreso de la Unión aprobó reformas a la Constitución para fomentar la disciplina financiera en estados y municipios, en las que se contempla la creación de un registro público y un sistema que permita alertar sobre el aumento de la deuda local.

Esta nueva legislación fue propuesta en 2014 y aprobada en enero de 2015, tras darse a conocer información de estados como Chihuahua y Zacatecas, entre otros cuyos niveles de endeudamiento ponen en riesgo su viabilidad financiera.

Previo a la presentación del dictamen de dicha ley, el presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal del Senado, César Octavio Pedroza Gaitán, destacó la importancia de legislar en el ámbito federal la capacidad de endeudamiento de los gobiernos, para aterrizarlo en lo estatal y municipal. En esa ocasión, el legislador señaló la necesidad de abordar el problema desde las capacidades financieras de los estados y municipios, y que se deben fijar límites y mecanismos de control a la capacidad de endeudamiento de cada uno de los órganos de gobierno, a través de las legislaturas locales.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en su informe sobre Deuda Pública de Entidades Federativas y municipios señala que la deuda de los gobiernos subnacionales en 2014 se incrementó 1.4 por ciento al cierre del año pasado, el monto total fue de 509 mil 690 millones de pesos (mdp).

EL NUEVO MARCO LEGAL

Las reformas más recientes establecen controles más estrictos sobre los recursos que cada entidad obtiene, ya que la adquisición de deuda deberá ser aprobada por una comisión formada por diputados y senadores que podrán cuestionar el uso de los recursos y exigir cuentas claras, las cuales serán revisadas mediante un sistema de alertas. Dicha comisión no deberá contar con una mayoría del mismo partido al que gobierna la entidad.

En este nuevo contexto los gobernadores y alcaldes estarán obligados a notificar la totalidad de sus obligaciones de pago en un registro público único para identificar y separar los recursos patrimoniales y los de la entidad, toda vez que los créditos no podrán ser destinados para gasto corriente y podrán ser de corto plazo, siempre y cuando sean liquidados en el periodo de gestión.

Ruth Zavaleta

Ruth Zavaleta Salgado

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) tendrá facultades para fiscalizar los empréstitos de estados y municipios ya que ahora los recursos federales no se podrán usar como garantía, es decir, el Gobierno Federal, mediante sus instituciones de verificación, revisará todas las operaciones que impliquen deuda nueva de las entidades y ésta se deberá destinar únicamente para proyectos de inversión. Asimismo, dispone que los mandatarios estarán sujetos a procesos judiciales en casos de malos manejos de deuda.

Sin embargo, para Ruth Zavaleta Salgado, diputada federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la nueva ley parte de la base de que todos los gobiernos estatales y locales son corruptos. “La reforma es necesaria para combatir la corrupción, es cierto, pero no todos los gobiernos locales hacen un mal uso de los recursos, se presentan diferentes circunstancias como falta de presupuesto y falta de conocimiento de cómo lograr financiamientos compartidos entre la federación y los gobiernos locales, por eso han caído en el endeudamiento”, explica.

La legisladora comenta que el problema es que la respuesta del Congreso sigue encaminada a la concentración de facultades, en detrimento del federalismo establecido en la Constitución.

Asimismo, comenta que es necesario plantear una definición adecuada sobre el federalismo que se desea para México. “Es necesario que el Poder Legislativo busque mecanismos que promuevan acuerdos entre los diferentes órdenes de gobierno, para que lo aprobado en el Congreso de la Unión sea el resultado de una relación coordinada de respeto y equilibrio”, concluye.

MALAS PRÁCTICAS

El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) señala en su Índice de Información Presupuestal Municipal 2014, que en la práctica persiste el cumplimiento parcial de la contabilidad local y la discrecionalidad a la hora de transparentar el gasto público. Asimismo, el documento revela que 271 municipios están “reprobados” por no poner a disposición de los ciudadanos información presupuestal y sobre deuda de las entidades.

Juan E. Pardinas, director General del Imco, comenta que los ingresos totales que generan los municipios apenas representan 2.9 por ciento de los ingresos totales del país, en tanto que los gastos ascienden a 8.3 por ciento del total de ingresos nacionales, es decir, los municipios gastan lo que no tienen y son ineficientes en la recaudación de los impuestos locales.

El problema, expone Pardinas, consiste en que cada municipio contrata deuda en condiciones de desventaja para ellos, con tasas de interés altas y a pagar por varios años; el alcalde en funciones puede solventar el pago de nómina de funcionarios municipales o los recursos destinados a las policías municipales, pero compromete recursos que aún no tiene, por lo que hereda problemas a las administraciones futuras.

Según datos de la SHCP, en los últimos siete años la deuda pública municipal se incrementó 89 por ciento; hasta junio de 2014 ascendió a 54 mil 670 mdp, distribuida entre 825 municipios, de los cuales 20 concentraron 46 por ciento de la deuda total, entre ellos, Tijuana, Baja California; Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León; Hermosillo, Sonora y León, Guanajuato.

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