Nuevos dirigentes ¿viejas prácticas?

BanderazoUna consecuencia decisiva de la democracia electoral en México ha sido la notoriedad que han adquirido las autoridades electas y los líderes políticos regionales en la escena pública nacional. Principalmente los gobernadores, pero también algunos presidentes municipales y dirigentes locales se han convertido, por derecho propio, en protagonistas del acontecer político.

Hoy en día, los líderes locales son actores relevantes para sus regiones, para los partidos a los que pertenecen, para las dos cámaras del Congreso y para sus propias contrapartes: otros gobernadores y otros alcaldes. Esta nueva realidad no puede ser sino un indicio de un régimen pluralista y democrático.

Sin embargo, la democracia mexicana tiene numerosos flancos débiles. Muchos de ellos han quedado expuestos, precisamente, por el comportamiento público de gobernadores y políticos locales. Para empezar, la certera expresión de Jesús Reyes Heroles sigue vigente: en política la forma es fondo.

La manera como se ejerce la autoridad pública en el plano local sigue modelada por rituales que entran en tensión con una nueva cultura cívica. Sin importar el partido político, los representantes populares y, en especial, los gobernadores sostienen vínculos con la sociedad marcados por el paternalismo y la condescendencia. En la práctica, pocos políticos están dispuestos a aceptar el hecho de que los ciudadanos no piden caridad o favores, sino que ejercen derechos.
Es significativo que la forma coloquial de referirse a la política a nivel subnacional no sea mediante alguna imagen relacionada con el carácter republicano del federalismo. En cambio, se habla del nuevo “feudalismo” mexicano para referirse al grado de fragmentación política que prevalece en el territorio nacional.

Desde luego, la tesis de que el federalismo mexicano es una suerte de “neofeudalismo” no debe tomarse literalmente ni debe dar lugar a conclusiones apresuradas.

PODER DISCRECIONAL

OradorEl efecto pluralista de las elecciones libres y competitivas dislocó un régimen vertical y centralizado en el que nada se movía sin el consentimiento ni la venia del presidente. La contribución democrática de este hecho no debe ser minimizada.

Pero también es preciso señalar que la intención satírica del epíteto de “neofeudalismo” es eficaz porque toca fibras sensibles: la opacidad, el neopatrimonialismo y la poca eficacia en la aplicación de políticas de los gobiernos locales, que son realidades palpables.

Con todo y leyes de transparencia, órganos fiscalizadores en los congresos estatales y comisiones de derechos humanos, los gobernantes siguen manejando de manera discrecional los recursos públicos y controlando la política de sus estados.

Cuando irrumpe algún escándalo, las posibilidades de que se haga valer la legalidad y se imparta justicia son remotas. En igual proporción a su prominencia local, a los votos que pueden movilizar y a los intereses que representan, los implicados se ven arropados y protegidos por su partido y autoridades afines.

En el México contemporáneo no se ve todavía que las autoridades subnacionales sean conducidas a los tribunales y sometidas al gobierno de la ley. Sin embargo, el problema no termina aquí.

Desde hace más de una década, pero en particular durante los últimos años, han quedado en evidencia los vínculos de los políticos regionales con el crimen organizado y, más precisamente, con los cárteles del narcotráfico. De esta manera, tal vez el plano local no sea todavía un motor del bienestar social, pero sí se convierte en un factor del resquebrajamiento del Estado.

El resultado a la vista es paradójico: la democracia electoral ha renovado el poder de los políticos estatales y también de los municipales; pero hay ocasiones en las que la forma en que se hace política desde lo local va en detrimento del fortalecimiento de la democracia en el país.

Para entender esto es preciso recordar que la democracia electoral modificó las reglas de acceso al poder, pero dejó intacto un aparato estatal que nunca estuvo diseñado para ser eficiente ni para rendir cuentas al público.

REFORMAS INAPLAZABLES.

Uno de los principales retos del fortalecimiento de la gobernanza democrática en México es el establecimiento de mecanismos eficaces de fiscalización y rendición de cuentas en los estados y municipios.

De lo que se trata es de lograr que la administración local se conduzca con apego a la legalidad; que la burocracia cuente con recursos normativos, financieros y humanos suficientes para actuar de manera profesionalizada, imparcial y eficiente; y que la gestión gubernamental esté orientada a la generación de resultados fiscalizables y susceptibles de evaluación.

Las reformas constitucionales, promulgadas entre 2007 y 2008, establecen parámetros claros para construir un régimen integrado y coherente de rendición de cuentas en las entidades federativas. Pero su desarrollo y aplicación apenas están en marcha.

Al mismo tiempo, es necesario fortalecer a las instituciones democráticas. Sostener elecciones regulares y competitivas es condición indispensable pero no suficiente. A la política mexicana le faltan la consulta popular, el referéndum, la iniciativa ciudadana y otros mecanismos de democracia directa.

Pero lo que se requiere, fundamentalmente, es alinear las carreras de los políticos con la formación de organizaciones políticas fuertes y la rendición de cuentas ante la sociedad. Es indispensable la reelección consecutiva de legisladores, gobernadores y presidentes municipales, inclusive la reelección del presidente de la república.

También es necesario flexibilizar la formación de partidos políticos, mejorar la regulación del uso de recursos públicos en las campañas electorales y replantear la manera en cómo el Senado representa los intereses territoriales de la Federación.

La cantidad de reformas institucionales que son necesarias es amplia. El protagonismo de gobernadores y alcaldes tendrá consecuencias favorables para el gobierno democrático en la medida en que la deliberación, la participación y el voto de los ciudadanos sean auténticamente relevantes para las aspiraciones de los líderes políticos, el desempeño electoral de los partidos y la fiscalización de los gobiernos. La ruta que hay que andar es larga y cuesta arriba.

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