Opciones para Financiar obra pública local

Cuando disminuye la transferencia de recursos federales a los gobiernos locales, éstos deben encontrar otras fuentes de ingresos para invertir en proyectos que impulsen el desarrollo económico

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FOTO: DREAMSTIME

En años recientes se ha puesto el acento en el desarrollo de infraestructura social como motor de la economía, en concreto con la construcción de obras en municipios para fomentar el desarrollo local y estructurarlo en regiones que estimulen la competitividad en la producción.

México enfrenta un importante reto en la construcción de infraestructura para el desarrollo económico en vista de que varios de los países con los que ha firmado tratados comerciales ya han puesto en marcha la modernización de infraestructura como uno de los soportes fundamentales para ser competitivos en la economía global.

Al contrastar la lista de necesidades que los gobiernos subnacionales tienen en el renglón de infraestructura y los recursos de los que disponen, la diferencia resulta demasiado grande, por lo que la búsqueda de opciones adicionales para el financiamiento de proyectos de obra pública se convierte en un reto constante.

COYUNTURA PROMISORIA

La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios representa la oportunidad para acceder a mejores condiciones de financiamiento para las entidades, según la opinión de Abraham Zamora Torres, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras), pues “la mayor competencia, la calificación más estricta y la propia disciplina financiera, van a hacer que los estados puedan acceder a mejores condiciones de crédito”.

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Gerardo Salazar Viesca.
FOTO: ROSALÍA MORALES

También refiere que del 100 por ciento de la cartera de Banobras, casi 60 por ciento va destinado hacia estados y municipios, y la mayoría de los créditos contratados está garantizada por las participaciones federales y por los fondos participantes.

Sin embargo, Abraham Zamora advierte que cuando los recursos federales disminuyen, esto se refleja en menos fondos de las participaciones federales, por lo que debe fijarse como objetivo encontrar fuentes de ingresos en el ámbito local que les permitan operar e invertir.

Zamora Torres añade que la situación de administraciones anteriores en la que los ingresos petroleros colocaron a los gobiernos locales en épocas de bonanza, ocasionaron que no realizaran el esfuerzo suficiente para fortalecer los ingresos propios a través de la recaudación en áreas como el agua, predial y recolección de basura, por lo que se tiene que retomar e intensificar este esfuerzo de tener fuentes adicionales de ingreso, en un momento económico complicado.

ALTERNATIVAS FINANCIERAS

Los gobiernos locales cuentan con diferentes fuentes para financiar obras de infraestructura y el desarrollo de proyectos para la prestación de servicios públicos.

Los recursos provienen de los ingresos propios, generados por la recaudación de impuestos locales; las aportaciones federales a las entidades federativas y municipios (Ramo 33) y las participaciones federales (Ramo 28); así como los convenios de reasignación de recursos y excedentes de ingresos federales.

Los municipios reciben recursos del Ramo 33, específicamente provenientes del Fondo para Infraestructura Social y del Fondo de Fortalecimiento Municipal, orientados a la inversión social, seguridad pública, saneamiento financiero y obra pública. También se cuenta con los recursos generados de los mismos proyectos, es decir, una obra se financia con el dinero que genere la operación del proyecto, tal es el caso de una autopista de cuota, de plantas generadoras de energía o de instalaciones como gimnasios o albercas operadas por el gobierno local.

Para la obtención de recursos para el financiamiento de obra pública de una forma más rápida se puede recurrir al esquema de endeudamiento bancario y bursátil, previamente aprobado por las legislaturas locales o las juntas de cabildo (según se establece en el Artículo 117 constitucional), y para ello se cuenta con diferentes mecanismos:

La deuda pública garantizada, que consiste en la colocación de Certificados Bursátiles y la contratación de deuda con la banca comercial, cuyo pago se garantiza con los ingresos futuros del municipio emisor.

Asimismo, la deuda pública no garantizada ofrece los activos del proyecto financiado como respaldo y se contrata con la banca comercial y de desarrollo.

Entre estos mecanismos también están los programas federales de crédito y el anticipo de transferencias, que consiste en el adelanto de recursos federales a las entidades y se da generalmente a finales de cada año, así como los fondos comunes y fondos revolventes, que son herramientas de autofinanciamiento mediante instrumentos crediticios preferenciales.

Hay que considerar por supuesto la participación del sector privado en asociaciones público privadas (APP), esquema en el cual la iniciativa privada (IP) puede participar en diferentes actividades relacionadas con el ciclo de vida de los proyectos y la capacidad de los mismos de producir recursos para el pago del financiamiento bajo diferentes modalidades, como empresa de riesgo compartido, cooperativa, franquicia, subcontratación o tercerización y arrendamiento, entre las más comunes.

MÁS SOLUCIONES

Gerardo Salazar Viesca, director general de Banco Interacciones, indica que la inversión en infraestructura pública contribuye a elevar la calidad de vida de los habitantes de las zonas donde se decide invertir y se mejoran las condiciones de competitividad, eficiencia y productividad, lo cual redunda en un crecimiento en el producto interno bruto (PIB).

Asimismo, los municipios también disponen de esquemas de asesoría y de acompañamiento para hacer un uso más eficaz de los recursos que destinarán a la construcción de infraestructura.

“Nosotros apoyamos a los municipios en el diagnóstico de sus problemas y sus necesidades más urgentes, no sólo se trata de ofrecer servicios financieros, también somos consultores y acompañamos a los gobiernos locales. Contamos con una oferta de servicios que contribuyen al desarrollo de obra pública con los recursos destinados para ello en diferentes esquemas”, explica Salazar Viesca.

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Una alternativa más para financiar proyectos es propuesta por el director general de Supervisión Financiera de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), David Plascencia Perdomo, quien destaca que existe la opción de que fondos “ociosos” de este sistema puedan invertirse en proyectos de infraestructura a través de instrumentos estructurados, es decir, en financiamientos a proyectos que permitan obtener beneficios económicos para los trabajadores mexicanos.

La “capacidad ociosa” disponible en las Administradoras de los Fondos para el Retiro (Afore) es de 289 mil 245 millones de pesos (mdp) que pueden destinarse al financiamiento de infraestructura, “esto es un reto en términos de llevar a las afore a que inviertan de una forma responsable en una administración de liquidez, sería cuestión de explorar las experiencias internacionales que ya existen y ver si se puede adoptar un modelo nacional”, señala.

Por otra parte, para que los municipios puedan acceder a financiamiento a través de la deuda pública deben contar con una buena calificación crediticia, la cual es un indicador de la solvencia financiera del solicitante y es evaluada a partir del historial de pagos realizados a tiempo y su responsabilidad en la administración de créditos anteriores.

En México se presentan dos ángulos completamente opuestos sobre el uso de esquemas de financiamiento: mientras que por un lado existen municipios que no desean utilizar ningún tipo de esquema para el desarrollo de infraestructura y se mantienen rezagados, existen otros ayuntamientos que han abusado de estas herramientas y se han sobreendeudado.

Uno de los mayores problemas para fortalecer la modernización en infraestructura es que los esquemas institucionales disponibles para la interlocución entre el sector público, el sector privado y la banca privada y de desarrollo, han sido relegados en los últimos años.

La comunicación informal e intermitente entre el Gobierno Federal y las empresas de la construcción dificultan la planeación a largo plazo y la ejecución de políticas de infraestructura que provean mayores beneficios sociales y económicos, por lo que el municipio se vuelve protagonista en este escenario para ser el impulsor del desarrollo.

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