Quieren frenar “cuentas chinas” en gobiernos locales

Más controlesDebido a que los gobiernos estatales y municipales tenían dificultades para cumplir con el proceso de homologación contable conforme a los tiempos establecidos por la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), el Congreso de la Unión se puso a trabajarpara ampliar los plazos, con el propósito de que todos los entes obligados pudieran aplicar la norma.

Como resultado, la Cámara Alta aprobó, en septiembre pasado, una serie de reformas que no sólo extienden los periodos de adaptación, sino que además crearon la herramienta más efectiva que haya tenido el país para combatir la corrupción a nivel federal y en los gobiernos estatales y municipales, aseguran los senadores Salvador Vega Casillas, Blanca Alcalá Ruiz y Armando Ríos Piter, quienes participaron en la Comisión Técnica Colegiada que elaboró el dictamen.

El nivel del consenso alcanzado permitió que en septiembre las reformas a la LGCG resultaran aprobadas en el pleno del Senado con 104 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones, y luego fueran turnadas a la Cámara de Diputados, en donde hasta el cierre de esta edición continuaba su análisis.

Pero independientemente de este trámite, los senadores destacan el papel histórico del dictamen sobre la LGCG, ya que constituye la primera Iniciativa de Trámite Preferente que se aprueba en el Congreso de la Unión.

MUCHOS HOYOS NEGROS

Salvador Vega CasillasEn entrevista, Salvador Vega Casillas, senador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) y quien fue secretario de la Función Pública del gobierno calderonista, asegura que la nueva ley es la principal herramienta para combatir la corrupción a nivel federal y sobre todo en estados y municipios, entre los cuales dice que existen verdaderos “hoyos negros” de rendición de cuentas y transparencia.

La nueva ley ayuda a “ponerle lupa a todo lo estatal y municipal que estaba prácticamente en la obscuridad, y hay muchos ejemplos de esto, desde endeudamientos que no se conocían”, comenta el senador panista en referencia a casos públicos como los pasivos del estado de Coahuila y de los ayuntamientos de Cuernavaca y Acapulco.

Explica que la iniciativa sale del Senado de la República endurecida y enriquecida, en beneficio del derecho de los ciudadanos de conocer en qué y cómo se gastan sus impuestos.

Destaca que la ley establece claramente la obligación de los estados y municipios de publicar los nombres y el domicilio de los beneficiarios de los programas sociales. Asimismo, se deberán reportar los ingresos ordinarios, extraordinarios y excedentes con que se cuente.

A partir de esta ley, los casi 8 mil entes públicos de los tres niveles de gobierno que reciben recursos públicos, están obligados a aplicar las disposiciones del Consejo Nacional de Armonización Contable (Conac), para detallar y transparentar la Cuenta Pública y difundir a través de Internet la información financiera y económica relacionada con ingreso, gasto y deuda.

FECHAS LÍMITE: 2013 Y 2014

Los informes, que deberán entregarse a las representaciones locales del Conac, tendrán que incluir un inventario de muebles e inmuebles que conforman el patrimonio de los entes públicos y de manera detallada los padrones de los beneficiarios de los programas sociales.

La ley, diseñada para entrar en vigor el año próximo y aplicarse de manera paulatina hasta 2015, establece que, —en marzo de 2013, el Conac deberá determinar las normas y los formatos para que los esta dos y municipios den cumplimiento a la ley, de manera progresiva y total. En particular, el plazo para su aplicación en los estados será el 31 de diciembre de 2013, para los municipios será a finales de 2014, y sólo para los ayuntamientos que así lo soliciten hasta 2015.

ALCALDES EVÍTENSE CASTIGOS

Blanca AlcaláBlanca Alcalá Ruiz, senadora de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y coordinadora de la Comisión Técnica dictaminadora, advierte que la nueva ley plantea varios retos a los gobiernos locales, en particular a los municipios, que de suyo presentan dos grandes limitaciones: la de tiempo al contar con periodos de sólo tres años, y lasegunda, la falta de recursos.

Las alcaldías deberán encontrar mecanismos simples y de fácil entendimiento que permitan dar a conocer a los ciudadanos las decisiones que se toman en el ejercicio del gasto, y lo mismo aplica para los municipios grandes que para los pequeños, que en ambos casos enfrentan la falta de recursos y la burocracia.

La senadora destaca que los nuevos requisitos contables ponen orden en la casa, al homogeneizar los criterios de cómo se van a realizar los registros y de cómo van a ser revisados por las instancias correspondientes.

Alcalá Ruiz, que en su momento fue la primera mujer en llegar a la presidencia municipal de Puebla capital, recomienda a los alcaldes tener cuidado de no incurrir en faltas administrativas por la ausencia de pericia, conocimiento o reincidencia, pero sobre todo, en faltas de carácter penal por actuar con dolo o mala fe u omisión, ya que la Reforma prevé penas corporales de entre dos y siete años, así como multas que van de mil a 500 mil salarios mínimos.

También admite que para los 1,687 municipios con menos de 25 mil habitantes que existen México, el proceso de tecnificación será lento y difícil, por lo que la LGCG prevé su aplicación gradual, además de que impulsa la capacitación y el acompañamiento de la Federación en la puesta en marcha del sistema de contabilidad gubernamental y en el equipamiento de los entes públicos.

IR POR MÁS

Armando RíosEn tanto, Armando Ríos Piter, senador por la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), coincide en que la nueva LGCG constituye “una medida importante, porque es indispensable que tengamos buenos sistemas de contabilidad que eviten que los recursos tengan mal uso”.

Ríos Piter afirma que las reformas ayudarán a iniciar un debate mucho más amplio en materia de rendición de cuentas “para evitar que tengamos, de la noche a la mañana, un gobierno estatal que sale con 32 ó 35 mil millones de pesos (mdp) de deuda”.

Sin embargo, el legislador considera que la nueva LGCG es insuficiente para garantizar la transparencia presupuestal, por lo que es necesario complementarla con otros instrumentos y otras medidas, como modificar la Ley de la Auditoría Superior de la Federación, crear nuevos tribunales para el combate a la corrupción y dar autonomía plena al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).

Al cierre de esta edición, la minuta para reformar la LGCG fue bien recibida en la colegisladora por los partidos con mayor número de diputados, que son el PRI, con 207 curules, y el PAN, con114, por lo que la iniciativa preferente estaba en condiciones de ser aprobada en tiempo y forma.

 

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