Reparto agrario, caso abierto.

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Víctor Suárez Carrera y Alfredo Leal CortésEl reparto de tierras terminó hace décadas, pero todavía persisten conflictos de restitución territorial. No existe una precisión estadística: mientras la esfera gubernamental habla de miles de asuntos —el Tribunal Superior Agrario refiere que, al cierre de 2011, recibió 615 mil demandas a lo largo de casi dos décadas—, las organizaciones campesinas contabilizan más de 1 millón de casos.

Con las modificaciones al Artículo 127 constitucional, la propiedad social se transforma en privada y se busca la titulación de parcelasVías de Solución agrícolas. La certificación provoca varias disputas debido a la sucesión de derechos agrarios, la intervención del ejido o la comunidad y la delimitación territorial.

De ahí que la Procuraduría Agraria y el Tribunal no dejan de recibir asuntos. Tan sólo la primera sumó, de 1993 a 2007, un total de 968 mil 187 controversias individuales y 91 mil 740 asuntos sobre territorio y recursos naturales. Las formas de resolución transitan de la vía jurídica a la compensación económica y la conciliación municipal, mediante asambleas. Aun así los problemas han llegado a los enfrentamientos violentos con heridos y muertos.

Víctor Suárez Carrera, director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), afirma que existen alrededor de 1 millón de conflictos agrarios en el país, 70 por ciento de los cuales son individuales, mientras que el resto son colectivos, esto es entre ejidos, comunidades y pequeños propietarios.

Sembradios“Hay un gran rezago. Es indispensable que la resolución se asuma como asunto de interés nacional, no es posible dejar la justicia por propia mano. Tiene que haber una intervención de la autoridad y propiciar una estrategia definitiva.”

JUSTICIA ACOTADA

Además,los tribunales y la Procuraduría han sido rebasados porque “no tienen capacidad ni recursos presupuestales y los problemas se van acumulando”, explica el también promotor de organizaciones campesinas indígenas y autogestivas en Oaxaca, Chiapas y Durango.

Alfredo Leal Cortés, director de Información al Público del Tribunal Superior Agrario, explica que los conflictos de tierras se dividen en dos: demográficos y políticos. Los primeros abarcan casi 80 por ciento de los casos y están vinculados a los ejidos, cuyos terrenos no pueden venderse y están supeditados a la norma local. “Las autoridades determinan quién es ejidatario, todo se acuerda en asamblea, ellos tiene nel poder de dar y conformar la pertenencia de la tierra.”

También está el caso de mujeres que se quedan solas a cuidar sus parcelas cuando su esposo migra, pero luego vienen los problemas de legalizar la tierra. “El gran problema en el campo es el financiamiento”, dice Leal Cortés, quien admite que hace falta una política federal integral para resolver los conflictos por tierras.

La mayor parte de los casos están concentrados en entidades de frecuentes conflictos económicos y sociales como Guerrero, el Estado de México, Jalisco, Nayarit, Chiapas, Hidalgo y Guanajuato.

Los municipios enfrentan asimismo la expansión del uso urbano, industrial y comercial. “Se carece de planes de ordenamiento del uso de suelo con una perspectiva de sustentabilidad. Hay municipios que tienen conflictos derivados de decisiones tomadas por los congresos estatales, con los planes de regulación del uso de suelo que responden a intereses de la especulación inmobiliaria, depredación y despojo.También se enfrentan a determinaciones de tipo federal.”

TIERRA DE NADIE

Focos RojosEl especialista reconoce que, a nivel municipal, hay pocos instrumentos y atribuciones para incidir en los conflictos; sin embargo advierte que “la posibilidad de resolver siempre va a estar en el ámbito más local donde se puede conciliar, entender las raíces profundas del problema y encontrar las fórmulas de solución con apego a la ley, sin olvidar el respeto a los derechos de los ejidos y comunidades y con procedimientos de conciliación”, refiere Víctor Suárez, quien asegura que las comunidades deben participar de las decisiones y los planes sobre sus territorios.

Una de las dificultades es que existe una agresión sistemática contra las comunidades. “Hay empresas depredadoras o complejos agroturísticos que expulsan a los pueblos mientras se instalan. Además, se ha concesionado un cuarto de la superficie del territorio nacional, aproximadamente 50 millones de hectáreas, a compañías mineras”, afirma Suárez Carrera y comenta que la apropiación de tierras va aparejada a la explotación de agua, bosques, selvas y todo recurso natural.

La presencia de intereses encontrados, que generan los conflictos agrarios, hace pensar que “vivimos una especie de tierra de nadie donde el más fuerte es el que se lleva la mejor parte porque hay un vacío de responsabilidad del Estado”, concluye el titular de la ANEC.

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