Repensar la enseñanza desde el municipio

Los datos disponibles permiten afirmar que aunque el gasto público en educación en México ha sido importante, éste presenta asimetrías entre estados y al interior de éstos, lo cual afecta principalmente a los municipios más desfavorecidos.

No obstante que en 2010 México invirtió 6.2 por ciento de su producto interno bruto (PIB) en educación, y pese a que el gasto nacional de educación en 2013 ascendió al billón de pesos corrientes —equivalente a 6.5 puntos porcentuales del PIB, superior al estimado para las décadas de 1990 a 1999 (4.6 por ciento) y de 2000 a 2009 (6.2 por ciento)—, el componente principal del gasto público en educación tiene su origen en el gasto federal, siguiéndole en importancia el estatal y al final el municipal: este último es por mucho inferior en comparación al federal y al estatal, además de que presenta un declive importante en el periodo que va de 1994 (0.3 por ciento) a 2013 (0 por ciento), según datos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) de 2014.

Existe una estrecha relación entre la pobreza, el rezago y el bajo logro educativo con la insuficiencia observada en la infraestructura y equipamiento escolar: en los municipios más pobres las condiciones escolares tienden a ser subóptimas, lo cual se relaciona con una acentuación importante en el rezago educativo y en la calidad de la atención de los alumnos y sus resultados. Si se comparan los cinco municipios con mayores y menores proporciones de población en situación de pobreza a la luz de distintos indicadores, se identifica una relación entre pobreza y rezago educativo, extraedad grave y bajo logro educativo.

Así, por ejemplo, la delegación de Benito Juárez, D.F., una de las localidades con mayor desarrollo en el país, (donde apenas 8.7 por ciento de la población está en situación de pobreza), las cifras de rezago educativo, extraedad grave y logro educativo se encuentran muy por debajo comparadas con las que se reportan en el municipio de San Juan Tepeuxila, Oaxaca, en el cual 97.4 por ciento de su población se encuentra en situación de pobreza.

Romper este ciclo tendrá que suponer la generación de procesos contracíclicos basados en nuevas secuencias de integración entre desarrollo, gasto educativo y mejora de la situación para garantizar al menos tres condiciones fundamentales en la educación obligatoria: a) acceso universal a escuelas bien equipadas en términos de sus condiciones materiales y recursos humanos, b) permanencia y trayectorias escolares exitosas, sin rezago y c) logro académico y aprendizaje de conocimientos relevantes.

No sólo es una cuestión de incremento de recursos, sino de estrategias de asignación, organización, capacidad operativa, eficacia en los resultados obtenidos y rendición de cuentas. Será necesario definir un proyecto educativo que oriente y sostenga una estrategia de gasto e inversión considerando la concurrencia entre los niveles de gobierno y nuevas formas de relación intergubernamental fundadas en la mejora de las condiciones locales.

Aunque deberán de seguir teniendo prioridad los municipios de mayor rezago social —hacia donde deberán canalizarse más recursos—, también será necesario no perder de vista incentivar a los municipios mejor posicionados. Quizá la reforma educativa actual deba repensarse también como una oportunidad para establecer nuevas estrategias de relación entre las escuelas y los municipios.

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