Tanto por la magnitud de sus objetivos como por la creciente cantidad de recursos públicos que ha recibido desde su creación en 2004, el Seguro Popular (SP) representa uno de los pilares que sostienen al Sistema de Salud Mexicano. En cuanto a sus objetivos, tiene el ambicioso propósito de hacer accesibles, a mediados de 2011, bienes y servicios de salud de calidad a los aproximadamente 50 millones de personas que carecen de seguridad social.
Por otro lado, el esquema del SP ha asegurado una inversión en la salud como no se había experimentado en el país. Tan sólo en 2010, al programa le fueron asignados más de 51 mil millones de pesos, lo que representó más de la mitad de los recursos del Ramo 12 correspondiente a salud.
Pero más allá de lo prometido por el programa y del cada vez más grande presupuesto público que lo respalda, ¿cuál ha sido el aporte real del SP en el acceso de la población a la salud? ¿Cuál ha sido su contribución para que el Estado mexicano cumpla a cabalidad con la garantía social dispuesta en la Constitución de proteger la salud de las personas?
Más aún, ¿se ha reflejado en un acceso más justo y equitativo a la salud para las personas que viven en condiciones de vulnerabilidad gracias a la creciente bolsa presupuestaria que financia el programa?
Con el propósito de responder desde una perspectiva ciudadana y de derechos a estas preguntas, a lo largo de los últimos años Fundar, Centro de Análisis e Investigación, se ha dado a la tarea de monitorear algunos aspectos que componen este programa. A continuación se presentarán algunos hallazgos producto de este monitoreo, que en su mayoría comprende el periodo 2004 a 2009; dichos resultados abarcan tres grandes temas: cobertura, la calidad de la atención y el financiamiento del SP.
¿QUIÉN PRIMERO?
En cuanto a la cobertura, vale resaltar un par de aspectos. Según la información más reciente de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud —encargada de administrar y gestionar el Seguro Popular— de los casi 50 millones de mexicanos a los que el SP pretende llegar, en 2010 se ha incorporado ya a 41 millones. Pese a que falta poco para completar lo que el gobierno llama “cobertura total en salud”, es de destacarse que en los seis años que han transcurrido en el proceso de afiliación al programa realmente no se ha logrado priorizar la cobertura a las poblaciones más vulnerables, para con ello resolver los acuciantes retrasos sociales en el acceso a la salud.
La Ley General de Salud establece que los grupos indígenas, habitantes de zonas rurales y familias en condiciones de marginación, debían ser los primeros en incorporarse. Sin embargo, hasta 2009, los estados con mayor población indígena, rural y sin seguridad social —que coincidentemente son los más marginados— tenían retrasos en su incorporación al SP con respecto a entidades con menor población de este tipo y mayores niveles de desarrollo.
Por ejemplo, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, además de ser los estados más marginados, son también los que tienen mayor porcentaje de población sin seguridad social; además, los dos primeros concentran los porcentajes más altos de población indígena en el país. Pese a estas características, en 2009 estos tres estados contaban con sólo la mitad de la población afi liada al SP, mientras que entidades con necesidades menos urgentes como Aguascalientes, Guanajuato, Sinaloa y Tamaulipas habían logrado de 80 a 100 por ciento de la cobertura.
RECURSOS INSUFICIENTES
Pero más allá de la propia cobertura, persisten carencias estructurales del sistema de salud que el SP no ha podido resolver.
En concreto nos referimos a la insuficiencia en infraestructura y recursos humanos de la Secretaría de Salud (SSA) para brindar servicios a la población. Para dar una perspectiva del problema, vale apuntar que en 2008 la SSA contaba apenas con 1.4 médicos, 0.7 camas y 0.3 consultorios por cada mil habitantes sin seguridad social; lo que es a todas luces insuficiente para dar servicios de calidad.
Más aún, si se revisan estas cifras en retrospectiva, puede observarse que desde 2004 no ha habido un aumento significativo en estos recursos y que los datos más recientes muestran prácticamente los mismos niveles que había cuatro años atrás.
Por otro lado, las carencias en recursos humanos e infraestructura contrastan con el aumento sostenido que ha experimentado el presupuesto destinado al Seguro Popular desde su creación hasta el presente. De 2004 a 2010, el presupuesto del SP creció más de 10 veces, lo que ha implicado un aumento histórico en los recursos destinados para la salud de la población abierta.
No obstante, resulta paradójico que el presupuesto en este rubro siga siendo insuficiente. En 2009 la función salud del presupuesto representó apenas 2.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que otros países de la región como Uruguay, Argentina y Honduras destinan 7, 4.5 y 3.8 por ciento, respectivamente, en este mismo ámbito.
DEL BOLSILLO
La insuficiencia presupuestaria también se refleja en la preeminencia del “gasto de bolsillo” (GB) como la fuente principal del financiamiento total de la salud en México. El GB se refiere a los gastos directos que las familias deben realizar para solventar los distintos requerimientos de la atención de la salud, una vez satisfechas las necesidades básicas de alimentación.
Este concepto constituye una de las posibles fuentes para financiar el sistema de salud en su totalidad, y actualmente representa poco más de la mitad del financiamiento total de la salud en el país.
El GB puede considerarse el resultado de otros problemas que han caracterizado el financiamiento de la salud, como es la distribución desproporcionada de recursos entre instituciones y entidades federativas. En este sentido, los desequilibrios financieros tampoco han logrado corregirse con contundencia.
Así, pese a que el Seguro Popular ha sido uno de los programas sociales más importantes política y presupuestariamente hablando en las últimas dos administraciones, los resultados en términos de mayor accesibilidad y calidad en salud para la población más vulnerable son cuestionables. Si bien se han aumentado significativamente los recursos para este esquema, éstos siguen siendo insuficientes.
Lo anterior se puede corroborar no sólo en la carencia de personal médico e infraestructura, sino también en los bajos niveles de inversión percápita si se compara el presupuesto de la SSA con las instituciones de seguridad social. En suma, valdría la pena pugnar por hacer una revisión integral de la eficiencia e impacto del programa pues, más allá del discurso, el acceso a la salud de la población debería ser una prioridad para el Estado mexicano.
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