Sin confianza mutua no hay trabajo en equipo.

El municipio enfrenta problemas cada vez más complejos y variables. Es evidente que, desde el terreno de su estructura orgánico-funcional y su capacidad institucional, así como en el fin que persigue, este nivel de la administración pública tiene problemas.

Asumir y enfrentar sus implicaciones obliga a replantear la forma de gobernar y su alcance, con una visión más allá del ámbito municipal y del periodo constitucional asignado para su gestión.

Es necesario revisar la relación que debe guardar el ayuntamiento con otros actores y el reconocimiento de su corresponsabilidad, la confirmación de valores y cualidades mutuos y planes de acción conjunta conforme a su realidad y potencialidad, además de la definición de intereses comunes y la promoción de una imagen comunitaria entre su población. En suma, hay que dejar de lado las acciones aisladas y parcialmente efectivas de un gobierno excluyente.

El ayuntamiento está llamado a jugar un papel estratégico en la generación de un quehacer público común que, con base en el principio de subsidiariedad, ordene una territorialidad diferenciada para encontrarse en un espacio de interrelación, en el que una alternativa de solución o progreso sea viable para varios. Esto significa una concepción distinta, que responda a un ambiente de civilidad y concertación en pro de un interés comunitario.

Dada su competencia constitucional, así como su cercanía con la población y su territorio, el municipio deberá reconocer las semejanzas y diferencias entre ámbitos públicos municipales próximos y hacer factible una inclusión gradual sobre temáticas comunes, en un proceso políticamente favorable, económicamente eficiente y socialmente equitativo.

CADA CASO ES DIFERENTE.

No obstante, a cada situación corresponde diferente tipo de solución. La posición que cada municipio adopte será completamente distinta en la medida de su historia, identidad, idiosincrasia, cultura, tradición, entorno y perspectiva, para privilegiar las condiciones de eficiencia, eficacia, equidad, interlocución, legitimidad, gobernabilidad y sustentabilidad, a través de la convivencia y el consenso; así como el concurso mediador de otros órdenes de gobierno y sectores que, en colaboración y coordinación, orienten el alcance de objetivos comunes.

La intermunicipalidad constituye la alternativa de solución más adecuada para mejorar la condición de gobierno y la administración pública municipal. Impulsar su fortalecimiento conduce a elevar considerablemente una competitividad y un desarrollo local compartidos, al aprovechar las ventajas que brinda dicha herramienta potencial, como la optimización de recursos, la resolución de problemas comunes y el desarrollo de estrategias conjuntas.

Desde esa perspectiva, la intermunicipalidad presupone la armonización de la cooperación y la coordinación, la generación de sinergias en la definición de necesidades y aspiraciones comunes, la capacidad y habilidad de respuesta integral para satisfacer necesidades básicas y el crecimiento de un territorio determinado, así como la permanente interacción que ofrece una visión conjunta de política municipal.

Su perfeccionamiento, que podrá llevar algunos años, sin duda alguna transformará la forma de intervención político- administrativa en la ordenación territorial que prevalezca.

 

VENCER LOS RECELOS.

En ese sentido, han surgido regiones en países de los diferentes continentes, donde se ha aplicado el concepto de gobiernos intermunicipales o su equivalente. Particularmente en México, se ha introducido con evidencia positiva en ayuntamientos de entidades como Baja California, Coahuila, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Tamaulipas y Veracruz, entre otros.

Sin embargo, es necesario explorar cuáles han sido los factores condicionantes que contribuyen a la consecución de sus objetivos, así como los aspectos a considerar para su complementación, tales como la optimización en la provisión y calidad de los servicios públicos previstos, los beneficios y costos sociales, la eficiencia derivada de la intermunicipalidad y la mejora en la capacidad institucional, así como los incentivos recibidos para fomentar su aplicación.

El funcionamiento

Resulta también relevante, en contraposición, hacer notar que existen inconvenientes para su aplicación, entre otros la desconfianza, la tendencia partidista, el déficit de visión localista y la inexperiencia.

EL PAPEL DE LA FEDERACIÓN Y LOS ESTADOS.

Por consiguiente, la intermunicipalidad debe entenderse como un conjunto de acciones político-administrativas concertadas, emprendidas por los gobiernos locales, en ejercicio de su función pública, que les compete dentro de los límites fijados por la propia Constitución, con el propósito de disponer de los instrumentos necesarios para orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción, mejorar su eficacia y promover el bienestar común.

Asimismo, dicho concepto implica reconocer la figura del municipio como pilar básico, no exclusivo, para la armonización o integración de ciudades o conjunto de demarcaciones y fortalecer el papel del Estado como promotor de la intermunicipalidad. Lo anterior en aras de conformar alianzas estratégicas que impulsen el desarrollo y la competitividad de áreas urbanas, metropolitanas, semiurbanas, semirrurales o rurales, a través de la función sustancial que desempeñen el Gobierno Federal y los estatales en la materia.

Finalmente, la constante es la modernización de la gestión pública, que garantice su máxima efectividad, no sólo en términos cuantitativos sino también cualitativos.

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