Sin legislación, acortar brecha digital es poco útil

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La autora es candidata a Maestra en Política Criminal y asesora externa de la Fiscalía Especializada de Atención a Víctimas del Delito de la PGJEM.

La Sociedad de la Información y la Comunicación en la que estamos inevitablemente inmersos, en todo México y en el mundo, brinda un potencial de herramientas que genera una cantidad igual de posibilidades y de problemas por resolver.

La brecha digital es un concepto nacido de otro menos reciente, el de brecha tecnológica; la diferencia entre una y otra radica en que la primera se da entre quienes tienen acceso al desarrollo tecnológico y quienes no lo tienen, lo que contribuye al establecimiento de diferencias sociales; la segunda se dice que es la versión moderna de aquélla, y se relaciona con las limitaciones de acceso y aplicación de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), sumadas a las telecomunicaciones y la informática.

Dicho lo anterior, cuando se trata de las instancias municipales el problema se agrava, ya que el Estado y sus diversos órdenes de gobierno encabezan las acciones en la materia y cada uno tiene sus propios problemas, que van desde cambios de administración o de gobierno, falta de conocimiento, cuestiones presupuestales, hasta falta de interés por simple brecha generacional.

Las principales acciones a seguir, mejorar o implementar serían: necesaria medición del estatus tecnológico del municipio (diagnóstico); creación de indicadores que permitan la generación y aplicación de programas específicos que se basen en temas de educación, accesibilidad, portabilidad, multiplataforma, oportunidad y de uso responsable y prevención en temas de tecnología (no necesariamente regalar dispositivos electrónicos o informáticos); creación de políticas públicas específicas (calidad, no cantidad); creación de una agenda local de trabajo clara, objetiva y viable; creación de una Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación municipal, personal calificado y cualificado (informático, pedagógico y jurídico).

Adicionalmente existe un problema que sale del control de los gobiernos municipales, cuyos parámetros a seguir los marca el poder legislativo de cada estado, es el caso de la norma jurídica que regula precisamente los delitos informáticos en general y aquellos que se cometen sólo a través del uso de Internet, en el mejor de los casos; hablamos estrictamente del Código Penal Federal.

Dicho reglamento requiere de manera urgente una actualización importante, incluso podría existir una norma específica que regule este tipo de conductas criminales y que pueda realizarse con la aportación y experiencia de todos los actores involucrados: empresas, sociedad civil y gobierno para evitar la descalificación, la sobrerregulación y hasta la represión, como ha sucedido con recientes propuestas definidas de forma inadecuada.

En la pasada Semana Nacional de la Ciberseguridad se debatió la ratificación de México al Convenio sobre Cibercriminalidad de Budapest (2001) que, entre otras cosas, implicaría a corto plazo el combate a los delitos informáticos mediante la coordinación transfronteriza de las autoridades de los países firmantes.

De esta forma, la reducción de la brecha digital no contribuye de manera directa a combatir los delitos informáticos, mientras no exista la legislación jurídico-penal adecuada que dará a las autoridades —que imparten y administran la justicia— la herramienta jurídica necesaria para su combate; ayudan más la prevención, la educación y el uso responsable de la información.

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