Tarifas: entre lo justo y lo sostenible.

Llave de AguaLa tarifa para los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento es definida como el precio unitario establecido por las autoridades competentes, para un grupo, actividad o bloque de consumo de estos servicios (Norma Mexicana NMXAA- 147-SCFI-2008). Consecuentemente, ésta, considerada como precio, debería ser uno de los principales instrumentos para el financiamiento de esos servicios.

Como se sabe, el Artículo 115 constitucional establece que los municipios tienen a su cargo los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales. Sin embargo, también se establece que los ayuntamientos proponen las tarifas a las legislaturas estatales, quienes las aprueban en la Ley de Ingresos.

Esta situación se refleja en la mayoría de las leyes estatales relacionadas con el agua en el país, en las cuales se establece que son los congresos locales los que deciden, usualmente con criterios políticos, sobre las tarifas de agua potable. Esto tiene implicaciones para la sostenibilidad financiera de los organismos operadores y proveedores de servicios relacionados con el líquido.

LOS OBJETIVOS

Por otro lado, las tarifas tienen varios propósitos que pueden parecer incluso contradictorios. El más reconocido es recuperar los costos e inversiones que el proveedor tiene que realizar; pero también tienen que ser justas, accesibles y equitativas entre usuarios, y que promuevan el ahorro del líquido. Adicionalmente, se busca que la política de tarificación del agua sea transparente y de fácil comprensión para los administradores, usuarios y tomadores de decisiones. Como puede verse, los objetivos pueden ser muy ambiciosos pero difíciles de alcanzar.

Una tarifa justa puede confundirse con un precio bajo, que usualmente no cubre los costos de los servicios. Ésta es una política atractiva para quienes la definen, dado que es popular; aunque en el mediano plazo es muy irresponsable.

Mantener tarifas bajas suele tener un alto costo en el futuro: resulta en un inadecuado mantenimiento de redes de distribución, del sistema y de las plantas potabilizadoras y tratadoras, y en bajas tasas de renovación de esa infraestructura, lo que lleva a inadecuados servicios (agua de mala calidad con los consecuentes problemas de salud) y costos más altos por renovación de infraestructura.

En realidad, una tarifa justa debería incluir criterios de equidad y accesibilidad, por ejemplo: cobrar de acuerdo al uso que se haga de las redes y de las capacidades del sistema —los grandes usuarios comerciales e industriales pagarían más, mientras que los usuarios domésticos deben tener un precio menor por el líquido.

Accesibilidad

La Organización Mundial de la Salud (OMS) propone una cantidad de 100 litros por persona por día como el mínimo necesario para evitar problemas de salud. Si tomamos como criterio ese consumo mínimo para una vivienda con cuatro habitantes, tendríamos definido el consumo básico en 12 metros cúbicos mensuales.

Por otro lado, la accesibilidad se logra asegurando que las tarifas sean pagaderas para los usuarios. Un criterio internacional para países de ingresos medios es que la facturación por consumo promedio por vivienda no rebase 5 por ciento del ingreso promedio. Éste, sin embargo, es un criterio que puede terminar subsidiando a la población con mayores ingresos, puesto que los consumos de agua son más altos en los estratos sociales con viviendas de mayor tamaño y mayor disponibilidad de bienes que consumen agua, mientras que la factura de estos servicios corresponde a una proporción muy inferior al criterio propuesto.

Uno de los supuestos importantes para la aplicación de tarifas de agua potable es que los usuarios pagan por sus servicios.

Dicho supuesto tiene fuertes problemas en México, donde aproximadamente 30 por ciento de los usuarios no pagan a tiempo.

Éste, además de ser un comportamiento oportunista es inequitativo, puesto que la carga financiera de los servicios se concentra en los usuarios cumplidos. Establecer sanciones efectivas para el cumplimiento de pago de las tarifas sería un paso para lograr esa equidad.

Contrario a lo que usualmente se piensa, establecer tarifas justas no consiste en mantenerlas en los niveles más bajos, sino en determinarlas con base en que cubran los costos necesarios para mantener servicios con calidad, asegurar consumos mínimos necesarios para evitar problemas de salud, que su pago sea factible y asegurar que quienes puedan pagar realmente lo hagan.

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